Se gobiernan solos

Tal Cual

PNB, GN y Sebin hicieron lo que les dio la gana. Apresados denuncian agresiones sicológicas y ataques físicos, algunas de las cuales están verificando. El tiempo que transcurre entre la detención y la presentación ante el tribunal casi siempre viola lo establecido en la ley

XABIER COSCOJUELA

Desde el 12 de febrero y hasta el primero de marzo el Centro de Derechos Humanos-Universidad Católica Andrés Bello ha recibido un total de 331 reportes de detenciones en la Gran Caracas. De éstos, 265 han sido puestos en libertad plena o condicional, 11 están privados de libertad y a la espera de juicio, 50 permanecen detenidos a la espera de presentación en tribunales y hay 5 casos sin información.

Acotando que es un informe preliminar, la organización que preside Ligia Bolívar, señala que "Aunque se ha hablado de desapariciones, la gran mayoría de los casos son personas que estaban incomunicadas, pero fueron posteriormente presentadas a tribunales o simplemente no lograron regresar a sus casas y/o perdieron contacto telefónico.

Para efectos de clasificación, se les cataloga como `no localizados’ y solo después de las 48 horas, si no han sido presentados a tribunales, pasan a la categoría de `desaparecido’".

Hay que acotar que este informe se refiere exclusivamente a la Gran Caracas ­lo que incluye los municipios Libertador, del Distrito Capital, Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre del estado Miranda, y las regiones de Guatire-Guarenas y Altos Mirandinos­. "En tal sentido, no es un informe exhaustivo, pero tiene el valor de que está basado en la asistencia directa a víctimas", acotan.

El CDH-UCAB, precisa el informe, ha asistido a unos 150 detenidos, algunos en audiencias de presentación y otros en centros de detención siendo liberados sin cargos. Igualmente se está haciendo acompañamiento de sustanciación de denuncias por torturas y malos tratos a seis de las personas privadas de libertad.

Aunque se ha prestado asistencia a detenciones aisladas, este informe preliminar cubre principalmente tres grupos de detenidos, los días 12, 19 y 25 de febrero. Otro grupo de detenidos que supera las 40 personas, fue asistido entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, y la información al respecto está siendo procesada.

BALANCE GENERAL Y PATRÓN

El pasado 18 de febrero el CDH-UCAB realizó un balance preliminar en el cual constató las condiciones y trato dado a los detenidos. Aseguran que tales prácticas no han sido modificadas hasta el momento. Un primer punto que resaltan es que "En prácticamente todos los casos con decisión, los jueces han incluido una medida cautelar de prohibición de manifestación a los procesados, sanción que no está prevista de forma expresa en la Ley, y que viola el derecho a manifestar pacíficamente consagrado constitucionalmente".

En casi la totalidad de los casos, a los familiares se les ha negado arbitrariamente ver a los detenidos. Esto ha ocurrido fundamentalmente en centros de detención del Cicpc y de la Guardia Nacional (y más recientemente el Sebin). En todos los casos en los que les prohíben a los familiares ver a sus parientes detenidos las autoridades han alegado `órdenes de superiores’".

Otro aspecto que cuestionan son las condiciones de los lugares que han utilizado como centros de detención ya que "son en algunos casos absolutamente inadecuadas, es el caso del Comando de la GN ubicado en La Dolorita, en el que se recluyó por 2 días a 18 jóvenes -la mayoría estudiantes- en un mismo cuarto sumamente pequeño, sin baño en funcionamiento, sin condiciones adecuadas de ventilación, sin camas o colchonetas, y sin contar siquiera con provisión de alimentos.

Estas condiciones fueron constatadas directamente por abogados del CDH-UCAB, quienes también verificaron la presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, la cual, a pesar de las inhumanas condiciones, no ha emitido información al respecto".

Prosigue el informe señalando que en "varios casos ni siquiera se les había permitido a los familiares hacer un contacto telefónico con sus detenidos durante las 48 horas o más durante las que se encontraban detenidos, lo que no solo es violatorio de los derechos más elementales de los detenidos y familiares, sino que incluso ha generado algunas denuncias de desapariciones que cesan después de varias horas y que habrían podido evitarse con información oportuna sobre el paradero de los detenidos".

La ley no fue cumplida tampoco en lo referente al lapso que debe transcurrir entre la detención y la presentación ante un tribunal, pues muchos fueron presentados luego de haber transcurrido el límite legal que es de 48 horas, y "algunos han pasado 56 y hasta 60 horas sin ser presentados en un tribunal de justicia, como fue el caso del profesor de la UCV Hugo Guerrero, a quien el juez finalmente liberó pidiendo excusas porque no estaba siquiera participando en la manifestación".

En la gran mayoría de los casos los abogados no han podido tener conversaciones privadas con los detenidos. Cuando han permitido a algún abogado acceder a ver a sus defendidos ha estado siempre presente al menos un funcionario durante toda la conversación, limitando la posibilidad de que los detenidos informen con claridad y libertad los hechos y el trato que están recibiendo en detención, señala el informe.

Agregan que "prácticamente todos los detenidos han denunciado que han sido agredidos sicológicamente y muchos físicamente. Las agresiones sicológicas van desde amenazas de que serán agredidos físicamente o incluso amenazas de que serían violados. Las agresiones físicas van desde lesiones leves en distintas partes del cuerpo, hasta situaciones sumamente delicadas que nos encontramos verificando".

En algunos casos se produce dilación indebida para que los detenidos sean atendidos en la audiencia de presentación. "Es decir, a las horas de detención (que muchas veces exceden el tiempo legal máximo de 48 horas) se suman en algunos casos hasta 10 y 12 horas para ser atendidos por el juez en audiencia de presentación.

Sin orden de un juez, en la mayoría de los casos los órganos de seguridad revisan la información privada contenida en celulares o aparatos electrónicos de detenidos y, en ocasiones, se ha procedido a descargar imágenes que podrían registrar excesos por parte de funcionarios de seguridad del Estado".