En nuestro país, dicha estrategia ha sido bautizada como la "hegemonía comunicacional", y en otros como Bolivia o Nicaragua, recibe otros nombres pero en referencia al mismo fenómeno
FERNANDO LUIS EGAÑA
En nuestro país, dicha estrategia ha sido bautizada como la "hegemonía comunicacional", y en otros como Bolivia o Nicaragua, recibe otros nombres pero en referencia al mismo fenómeno.
En Brasil, por ejemplo, el conglomerado de medios públicos, incluso con fuerte participación del sector estatal, es una realidad de muchos años, pero con la enorme diferencia de que la mayoría de los medios, en especial los de radio y televisión, mantienen una estimable autonomía editorial, y se encuentran abiertos a la pluralidad nacional, regional o local.
En Chile, por cierto, el ensamble opositor al gobierno de Piñera, ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de mayor injerencia gubernamental sobre el espectro radioeléctrico, y en particular sobre la creación de medios de propiedad estatal. Y nótese que esa oposición está ubicada en la centro-izquierda, la izquierda moderada y la izquierda más radical.
En Cuba, claro está, no hay hegemonía sino monopolio mediático por parte del Estado, aunque tímidamente se esté permitiendo una cierta apertura a medios alternativos de naturaleza social, como los promovidos por la Iglesia católica.
En México o Colombia, por otra parte, no se plantea el tema de la "hegemonía comunicacional" en cabeza de un Estado militante. Y situaciones como el encadenamiento obligatorio y constante para la transmisión de todo tipo de mensajes oficiales-propagandísticos, sencillamente no figuran en el radar del debate público.
La pauta que está marcando el régimen bolivarista, por tanto, marcha a contracorriente de las tendencias generales en América Latina, a pesar de que sus gobiernos aliados la traten de emular con sus propias características.
El avance de la llamada "hegemonía comunicacional" impide entre nosotros que pueda darse una discusión abierta y constructiva sobre el papel de los medios públicos. Pero una cosa son éstos, o los medios de propiedad y gestión estatal, exclusiva o compartida, y otra muy distinta son los medios partisanos al servicio de una hegemonía política con vocación continuista. Y esa diferencia es clave para la reconstrucción de las instituciones democráticas en Venezuela.
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