Para la Fiscalía los consejos comunales "realizan funciones públicas" (Cortesía)
PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
sábado 17 de noviembre de 2012 12:17 PM
No gozan de 15 y último, ni de seguro HCM ni alcanzan ninguno de los beneficios que tienen los servidores del Estado. Sin embargo, podrían sufrir los castigos reservados para ellos.
El Ministerio Público envió a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional un informe con sus observaciones sobre el proyecto de reforma de la Ley contra la Corrupción. Allí plantea que los miembros de los consejos comunales deben ser tratados como funcionarios públicos, razón por la cual podrían enfrentar las sanciones que forman parte de esa norma.
La Fiscalía General esgrime dos argumentos para justificar su posición: "todos los recursos que reciben son aportados por el Estado" y "porque realizan funciones públicas". Luego, agrega que la constitución de los consejos comunales "representa un ejercicio del poder público descentralizado. Al crearse las comunas, estas funcionarían como otra unidad territorial y los miembros del consejo comunal que las representan son electos por sus habitantes, por lo tanto estas personas pueden ser consideradas plenamente funcionarios públicos a efectos de esta ley".
El despacho de Luisa Ortega Díaz opina que el artículo 3 del instrumento jurídico, que describe a los funcionarios o empleados públicos regulados por la Ley contra la Corrupción, debe incluir a los directores y administradores de los consejos comunales, así como a aquellos ciudadanos investidos de funciones públicas en "comunas u otras formas de organización político territorial".
Otra visión
La visión del Ministerio Pública choca con la opinión de la Consultoría Jurídica del Poder Legislativo.
En respuesta a una pregunta formulada por el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Pedro Carreño (PSUV-Lara), quien explora la manera de no solo investigar sino penalizar a los consejos comunales que incurran en irregularidades administrativas, la Consultoría Jurídica expresó: "la Comisión de Contraloría puede ejercer control parlamentario sobre aquellos recursos públicos que son administrados por los voceros que conforman los consejos comunales (...) no podrá declararse la responsabilidad política de los voceros de los consejos comunales involucrados en las presuntas irregularidades detectadas, por cuento estos no ostentan la cualidad de funcionario público".
Carreño rechaza esa tesis y cree que la AN debe castigar a los consejos comunales.
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