Paz en Colombia ¿Ahora sí?

El Aragueño
08-09-2012
Plinio R. Carvajal H. *

Una vez más se abre un proceso de negociaciones para intentar llevar la paz a Colombia. La Farc, principal grupo en armas contra el Estado colombiano y el gobierno de Juan Manuel Santos se sientan en la mesa de negociaciones, auspiciada por los gobierno de Noruega y Cuba con el acompañamiento de Venezuela y Chile. Este es el cuarto intento de paz en las últimas dos décadas, luego de frustrados diálogos durante los gobiernos de Belisario Betancur (1983) César Gaviria (1991-1992) y Andrés Pastrana (1999). El último fue el más sonado, ya que dio lugar al episodio del Caguán, “territorio libre” controlado por la guerrilla, cediendo la soberanía nacional al grupo guerrillero y permitiendo que la guerrilla se fortaleciera militarmente y se financiara con el narcotráfico; provocando el ascenso de la candidatura de Álvaro Uribe, el candidato que prometió mano dura con la guerrilla.

Este conflicto armado con más de 50 años de duración ha traído agudos niveles de abusos y violaciones a los derechos humanos, tanto por parte de los militares colombianos, como por facciones paramilitares y grupos guerrilleros, originando el desplazamiento forzoso de aproximadamente cuatro millones de colombianos, incluyendo poblaciones rurales indígenas y afrocolombianas. Esta violencia, vinculada asimismo al tráfico de drogas, ha estado acompañada por continuas y sistemáticas violaciones y restricciones de los derechos fundamentales de diversos sectores de la sociedad colombiana, incluyendo sindicatos, movimientos de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.

Su origen se remonta al periodo de la violencia política entre liberales y conservadores, que permitió también el surgimiento de una serie de organizaciones guerrilleras marxistas, como el Movimiento 19 de Abril (M 19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La aparición de estos grupos guerrilleros de izquierda sumergió al país más profundamente en la violencia y la inestabilidad. En 1958, los partidos liberal y conservador acordaron fundar y mantener el Frente Nacional, un convenio para finalizar la violencia partidista, el Frente Nacional, que alternó en el control de la presidencia cada cuatro años, y que duró hasta 1974. Este acuerdo, sin embargo, excluyó sistemáticamente a terceros partidos (partidos políticos de izquierda y coaliciones pluralistas).

Durante la década de los 70 la guerrilla vivió su momento de gloria, controlando una buena parte del territorio colombiano, pero finalmente, careciendo de apoyo externo, no pudo cubrir las necesidades logísticas requeridas para sostener esa situación y optó por recurrir a otras fuentes de financiamiento, incluyendo el secuestro y las vacunas, tanto a productores como a narcotraficantes, tanto colombianos como venezolanos y ecuatorianos.

Ya para los 80 se evidenció la imposibilidad de que la guerrilla tomara el poder en Colombia y se inician los procesos de paz ya mencionados, que llevaron a la desmovilización del grupo M19 en 1990, sin embargo, se ha denunciado que numerosos miembros de ese grupo, incorporados a la vida civil, fueron asesinados por grupos paramilitares relacionados con los gobiernos de turno.

Estos grupos paramilitares han sido otro elemento perturbador de la sociedad colombiana; financiados por grandes hacendados para combatir a la guerrilla se convirtieron en el tercero en discordia en la lucha interna de ese país. Bajo el gobierno de Uribe se produjo la desmovilización de más de 30.000 miembros de las Auto Defensas de Colombia, grupo paramilitar, bajo los auspicios de la Ley de Justicia y Paz, promovida por el gobierno para ese efecto y duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos.

Las Farc y en menor medida el ELN han seguido la contienda, sin embargo, con el decisivo apoyo militar y económico de los Estados Unidos (Plan Colombia), el presidente Uribe, con Juan Manuel Santos como ministro de la Defensa, lanzó una agresiva campaña contra estos grupos, continuado luego por el ahora presidente Santos, dando lugar a algunos logros importantes, como son el debilitamiento considerable de las Farc, la reducción en la cifra de secuestros, el rescate por parte del ejército de los más representativos rehenes de la guerrilla y la eliminación, mediante operaciones militares de los más importantes jefes de la misma.

Ahora, se entra a un nuevo proceso de paz. ¿Existen razones para albergar más esperanzas en este proceso que en los anteriores? Quizás. Estamos frente a una negociación de paz, no ante una refundación del país ni ante la formulación de un nuevo contrato social. El presidente Juan Manuel Santos habló, en su anuncio de la apertura del proceso, de “negociaciones realistas”, es decir, cada quien sabe cuáles son las condiciones, debilidades y fortalezas, y no se justificaría que se presentaran demandas descabelladas por parte de quienes no tienen la fuerza militar o política para sostenerlas. La guerrilla no está derrotada, si no, no sería justificable un proceso de negociación, pero está muy debilitada y eso tendrá un peso en la mesa de negociación: El gobierno también enfrentará dos problemas en caso de la negociación tenga éxito: Otorgar garantías para la vida de los desmovilizados, recordando el caso del M19, y la incorporación de estas personas a la vida social, política y económica del país.

Esta nueva negociación se ve empañada por cierto cinismo, dado el fracaso de las anteriores, sin embargo, a pesar de eso, todos en América Latina hacemos votos por el éxito de ella, para poner fin a un doloroso conflicto de más cinco décadas, miles de muertos, desplazados y que ha impedido el desarrollo de movimientos sociales progresistas que ayuden a modernizar la sociedad colombiana. La paz permitirá que la sociedad evolucione, que las preocupaciones sobre la guerra, de la vida y de la muerte cedan su puesto a las preocupaciones sobre el desarrollo social, la inclusión, la desigualdad social y la lucha contra la pobreza.

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