24-09-2012
La empresa también solicitó una medida cautelar para dar protección inmediata a la empresa y a los puestos de trabajo generados por su actividad.
“Esta ley sigue violando los principios constitucionales que según los artículos 49, 115, 133 y 317 exigen la proporcionalidad de tasas y sanciones. También vulnera los artículos 164.7, 167.3 y 179.2 que prohíben la invasión de competencias propias del Estado Central y de los municipios por parte de la Gobernación y el artículo 62 que prevé el respeto al proceso de consulta pública en la formación de las leyes”, explicó Antonio Planchart, Gerente Corporativo de Asuntos Tributarios de Empresas Polar.
Precisó Planchart que “a pesar de tantos meses de intento del sector privado por compartir observaciones y propuestas, la ley no sufrió una verdadera modificación. Sigue siendo inconstitucional ya que permanecen los vicios que hemos denunciado públicamente tales como la forma de cálculo, la invasión de competencias municipales, la doble tributación que no corresponde a la Gobernación y la desproporción entre el valor de las tasas y el costo de una estampilla”.
El vocero insistió en que “no hay explicación ni justificación alguna al cobro desproporcionado planteado en la ley por una estampilla, pues sólo con la excepción del permiso de bomberos, el resto de los permisos no son gestionados directamente por la Gobernación. En consecuencia no pueden tener la pretensión de cobros millonarios por servicios cuyo costo para la Gobernación es Bs.0,00”.
También expuso que “pasaron dos semanas luego del anuncio de la aprobación de la reforma para que su contenido fuese del conocimiento público y es lamentable constatar que el legislativo aragüeño rechazó totalmente las peticiones y observaciones que el sector industrial del estado Aragua viene realizando desde principios de año”.
“Confiamos en que el Tribunal Supremo de Justicia declare finalmente la inconstitucionalidad de ambas reformas y haga un llamado a las autoridades locales para iniciar un verdadero proceso de consulta pública que garantice la participación de todos los sectores del estado y se logre una Ley de Timbre Fiscal que no cercene los derechos constitucionales de los empresarios y trabajadores aragüeños”, finalizó Planchart.
Vía: Agencias
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