FORO POR LA VIDA: Por el debido proceso para Ana María Abreu de San Miguel

Tal Cual

El viernes 29/07 se presentaron 14 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en la residencia del hermano de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. Los funcionarios se trasladaron en 8 vehículos oficiales, portando armas de fuego de alto calibre con una presunta orden de allanamiento emitida por el Tribunal 13 de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Luego de varias horas la comisión policial se llevó detenida, sin presentar una orden de detención, ni permitirle comunicación con sus abogados ni con su esposo, a la médico Ana María Abreu de San Miguel. Los funcionarios se llevaron computadoras y documentos de la familia. Durante el procedimiento, en su domicilio se encontraban la mamá de la doctora De San Miguel, de 80 años de edad y su hijo de 10 años. Es importante resaltar que la familia y los abogados no tuvieron conocimiento de su paradero por varias horas durante el viernes 29/07. Fue en la noche que confirmaron que se encontraba detenida en la sede del SEBIN, ubicada en el Helicoide en Caracas. Según la Dra. Rocío San Miguel desde hacía varios días vehículos sin matrícula y con vidrios oscuros circulaban sospechosamente por el lugar de residencia de su hermano.

La doctora. Ana María Abreu de San Miguel, es médico cirujano y durante 12 años se ha desempeñado como tal en el Palacio de Miraflores y en un Módulo del Sector de Pinto Salinas, en Caracas. Se dedica a la atención de personas que perdieron sus viviendas durante las fuertes lluvias del 2010 y que están alojadas en la Plaza Bicentenaria, en condición de damnificadas. Como informan sus familiares, en sus labores sólo maneja información relativa al estado de salud de sus pacientes.

El sábado 30 de junio, los familiares de la doctora. Ana María de San Miguel y sus abogados, estuvieron a la espera del traslado a los tribunales de control para la respectiva audiencia de presentación de la detenida. No obstante no se realizó ni el sábado 30, ni el domingo 1 de julio, violándose los lapsos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela (art.236 y 373 del COPP y 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

El 2 de julio de 2012 el Juzgado 13 de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas realizó la audiencia de presentación, decretando la privación de libertad de la doctora. Ana María Abreu de San Miguel, en virtud de la solicitud realizada por la Fiscalía Auxiliar 50 del Ministerio Público con competencia Nacional en materia de Terrorismo, fundamentándose la decisión en el artículo 134 del Código Penal por Delitos Contra la Independencia y la Seguridad de la Nación por supuesta fuga de información por revelar secretos políticos y militares de la nación. Se ordenó la reclusión de la Dra. Abreu de San Miguel en la sede del SEBIN.

Cabe indicar que Rocío San Miguel, Directora de la ONG Control Ciudadano, desde el 18 de enero de 2012 es beneficiaria, al igual que su hija, de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, dada la grave situación de riesgo que ha venido enfrentando por su trabajo.

Estas medidas se acordaron, luego de un largo periodo de amenazas de muerte y de hechos de criminalización sistemáticos que sufriera la doctora. Rocío San Miguel y su hija, menor de edad. Sin embargo, en marzo de 2012, en un nuevo desacato a los órganos internacionales de protección de derechos humanos, el tribunal 36 de Control de Caracas desconoció las medidas acordadas.

Por todo lo anterior, en nuestro carácter de organizaciones de derechos humanos, exigimos muy respetuosamente a las autoridades competentes que, sin más dilaciones:

1) Se garantice el debido proceso a la doctora. Ana María de San Miguel y se proteja su integridad personal y vida.

2) Se dé pleno cumplimiento a las medidas cautelares dictadas, en fecha 18 de enero de 2012, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Rocío San Miguel y de su hija.

3) Enfrenten la impunidad en los casos de delitos contra defensores de derechos humanos, asegurando que las denuncias de los defensores sean investigadas y que sean tramitadas con prontitud y de manera transparente, independiente y responsable.

4) Tomen las medidas pertinentes para garantizar condiciones necesarias para que defensores(as) de derechos humanos puedan cumplir con su labor como contralores sociales y se les garantice el derecho a la vida y a la integridad personal, al igual que todos y todas las venezolanas.