Luego de la requisa realizada en La Planta, las autoridades no dicen nada sobre custodios civiles o militares involucrados en tráfico bélico. Denuncian que esta situación deja clara evidencia de ausencia de justicia
KEILYN ITRIAGO MARRUFO
Pese a que el presidente Chávez le haya dicho a Iris Varela cuando la nombró ministra de Servicio Penitenciario que era una tarea muy difícil porque había que torcerle el pescuezo a las mafias, poco se ve y se sabe sobre esa torcedura. Al dar los resultados de la requisa del extinto internado judicial La Planta “la fosforito” hizo énfasis en los números: 13 fusiles, 17 escopetas, 95 armas cortas y 64 mil 450 municiones de varios calibres. Pero, de los responsables del hallazgo no dijo nada claro. A dos semanas del cierre del recinto, se limitó a declarar que “hay varios investigados”, sin mayor detalle.
Obviar el castigo de los implicados en la facilitación de las armas de fuego a los reclusos es para la vocera dela ONGControlCiudadano, Rocío San Miguel, otra ratificación de que en Venezuela hay ausencia de justicia, de verdad y de reparación, que son a su juicio tres elementos claves frente a los cuales tiene que responder la administración del Estado. “Hay claramente la comisión de delitos de acción pública, presuntamente efectuados por funcionarios públicos que tenían asignadas las custodias internas y externas deLa Planta, y hay responsabilidades por omisión, al menos si pueden determinarse las responsabilidades por acción y todo eso reviste carácter penal, además perseguible de oficio”, apunta la defensora de los derechos humanos.
VARELA SE CONTRADIJO
La ministra quiere lavarse las manos, pero se las ensucia más. “No hay otra explicación para que esto esté ocurriendo, más que la corrupción de los cuerpos de vigilancia”, aseguró, además de indicar que estos funcionarios son parte de la mafia que actúa nacionalmente. Sin embargo, destacó que la situación de los presos armados dentro de los penales no se solucionará “de un día para otro, ya que estas armas fueron ingresadas antes de la revolución”.
“Si tiene el valor de decir tremenda barbaridad, entonces que tenga el valor de señalar con nombre y apellido a los funcionarios de la ‘cuarta república’ y de imputar a los miembros dela GN, que muy probablemente son generales en este momento, que permitieron esto”, agrega San Miguel.
A Carlos Nieto Palma, coordinador de la organización Una Ventana a la Libertad, también le parece un “disparate” tratar de evadir la responsabilidad en estos 13 años de gobierno “revolucionario”. “Hace 10 años en las cárceles había chuzos y chopos, que eran armas de fuego de fabricación casera con un tubo, una liga y un clavo de detonador. Esto es una muestra más de su ignorancia en materia penitenciaria”.
Para San Miguel la verdad de la ministra es a conveniencia porque muchas otras verdades permanecen ocultas, pero “quién audita a la ministra, quién la confronta”, se pregunta, conociendo que la respuesta es nadie.
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