Exigen al Estado proteger a activistas de derechos humanos

Esposo de miembro del Observatorio de Prisiones fue amenazado

EL UNIVERSAL
sábado 2 de junio de 2012  12:00 AM

Aunque no es comparable con Colombia o México, el ambiente en el que los defensores de Derechos Humanos deben desarrollar su trabajo en Venezuela tampoco se puede considerar un jardín de rosas.

Ayer, el Foro por la Vida denunció un nuevo caso de amenazas y hostigamiento. El miércoles Hernán Antonio Bolívar, esposo de Marianela Sánchez Ortiz, coordinadora jurídica del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) fue asaltado por un grupo de hombres armados cuando llegaba a su residencia en el este de Caracas.

Los antisociales lo obligaron a abordar el vehículo en el que se transportaba y allí le indicaron que hablara con su esposa, para que dejara de denunciar la situación penitenciaria en Venezuela. Amenazaron con atacar a sus hijos e integrantes de la familia en caso de continuar con las denuncias; y le aseveraron que conocían quiénes eran sus hijos, dónde vivían y dónde trabajaban.

Posteriormente, le robaron algunas de sus pertenencias y dinero en efectivo, pero antes de irse, los atacantes señalaron que esta situación era una advertencia, pero que próximamente no sería así.

Entre 2010 y 2011 el director de la agrupación, Humberto Prado, denunció que haber recibido llamadas telefónicas amenazantes debido a las informaciones que ofreció entorno a la malas condiciones en las que se encuentran las cárceles del país; y vio a personas armadas en las cercanías de su residencia.

Situación preocupante 

En 2011 se registraron 13 ataques contra activistas pro Derechos Humanos, los cuales afectaron a 29 personas, de acuerdo con el último informe sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos que la Vicaría de Caracas publicó esta misma semana.

En el reporte se informa que desde el año 2001 han ocurrido 129 agresiones contra quienes buscan promover y defender las garantías fundamentales de todos los venezolanos.

El panorama es tan preocupante que organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reiteradas ocasiones ha pedido a las autoridades tomar cartas en el asunto.

jalonso@eluniversal.com