Sancionados por defender la Constitución

ALBERTO LOVERA - Tal Cual

El TSJ ha multado a los integrantes del Consejo Universitario de la UCV por empeñarse en defender la Constitución, amenazando con prisión si no se doblega a sus instrucciones inconstitucionales. La Sala Constitucional suspendió los efectos de la sentencia de la Sala Electoral mientras la estudia, pero el peligro de vulnerar la autonomía universitaria sigue presente.

La Constitución (Art. 109) le da carácter constitucional a la autonomía universitaria, que incluye que las universidades se darán sus normas de gobierno, y establece que la comunidad universitaria está integrada por profesores, estudiantes y egresados. En la Asamblea Constituyente se propuso que incluyera también a empleados y obreros.

Se votaron ambas propuestas, fue negada la segunda, lo que quiere decir que el constituyente estableció taxativamente quiénes la componen, sin desmedro de la contribución de otros sectores a las labores de las instituciones de educación superior.

En el intento de reforma constitucional del 2007 se propuso ampliar los componentes de la comunidad universitaria a los empleados y obreros.

Como se sabe esa reforma sometida a referendo fue rechazada, incluida esta propuesta.

En la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada por una Asamblea Nacional unicolor, se introdujo un ambiguo artículo donde se incluyó de contrabando un concepto de comunidad universitaria contrario al establecido en la Constitución ya rechazado en el referéndum constitucional. Su inconstitucionalidad fue reclamada por las universidades ante el TSJ sin hasta ahora recibir respuesta.

Se intentó aprobar una Ley de Educación Universitaria que por sus incongruencias y rechazo fue vetada por el Presidente. Siguió vigente la Ley de Universidades, que establece las normas electorales.

El TSJ ha impedido la realización de las elecciones universitarias a diferentes niveles, pretendiendo imponer una norma inconstitucional de igualdad de voto a profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros universitarios que no existe en la LOE. Es la negación del carácter académico de estas instituciones que se debe reflejar en su sistema de elección de autoridades, y que si se aplicara tal como se pretende, no significaría un peso mayor a estudiantes, empleados y obreros, sino que quienes decidirían por su número serían los egresados. Un empeño por desquiciar las instituciones universitarias que no son dóciles a los inquilinos del poder, sin reparar en el daño que se le está haciendo a nuestro país, que tiene en las universidades una herramienta valiosa para la formación de profesionales, para el cultivo del conocimiento y para iluminar los caminos para atender los problemas nacionales.

El mundo al revés. El TSJ sancionando a quienes se empeñan en que imperen los principios constitucionales, presionándolos para que los vulneren, pretendiendo afectar a las instituciones donde se forma la gente, se producen conocimientos para nuestro país y se les prestan servicios a las comunidades. El delirio del poder que pretende acabar con una de nuestras fortalezas como nación. No han doblegado a la UCV, que no se rinde, defendiendo su carácter académico y autonómico.

alberto.lovera@gmail.com