Desde Cofavic y Provea advierten que la salida del Sistema Interamericano perjudicará sobretodo a las víctimas de violaciones a los DDHH ARCHIVO
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
domingo 6 de mayo de 2012 12:00 AM
La señora cuyo esposo o hijos fueron ajusticiados por policías, quienes pretendieron simular sus muertes alegando que se resistieron a ser detenidos; los reclusos que permanecen en unas cárceles hacinados, sin recibir sus tres comidas diarias ni tener atención médica o los ciudadanos a los que se les niega acceder a un puesto de trabajo o a un programa social debido a sus creencias políticas. Estos grupos serán los más perjudicados por la decisión del presidente Hugo Chávez de retirar a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La advertencia la hicieron la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega; y el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, quienes alertaron que la materialización de la medida dejará "más desprotegidos a los ciudadanos".
"En un país donde el Ministerio Público reconoce que el 93% de los casos que conoce jamás llegan a manos de un juez el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se ha convertido en la última esperanza de hallar justicia para muchas personas", afirmó Ortega, quien recordó que gracias a decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana casos como el Caracazo, las masacres de El Amparo, del Retén de Catia o las desapariciones forzadas de Vargas no han caído en el olvido.
En su último informe anual la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que resolvió más de un millón de causas, pero apenas 70 mil terminaron en los tribunales.
En similares términos se pronunció Alvarado, quien afirmó que el eventual retiro representa una violación al artículo 31 de la Constitución, el cual establece que "toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus Derechos Humanos".
Estos oscuros augurios son matizados por el catedrático en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad Central de Venezuela, Adalberto Urbina, quien aunque reconoció que la salida del país del sistema interamericano será un duro golpe afirmó que ello no supondrá que los venezolanos queden a su suerte.
"Si el Gobierno nos saca de la CIDH y de la Corte IDH pues tendremos que acudir ante el Sistema de Naciones Unidas creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", afirmó, al tiempo que recordó que en Nueva York funciona el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual cumple unas funciones similares a las de la CIDH.
Sin embargo, el catedrático admitió que el Comité no tiene la potestad de exigirle a las autoridades que adopten medidas para reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, tales como las indemnizaciones económicas; o para demandarle que tome acciones para impedir que nuevos abusos se cometan, resoluciones que ya son cotidianas en el sistema interamericano.
CIDH = OEA
Urbina aprovechó también para aclarar que el presidente Chávez no podrá lograr su objetivo sin autoexcluirse de la Organización de Estados Americanos (OEA). ¿La razón? La CIDH no fue creada por la Convención Americana de Derechos Humanos, sino por la Carta de la OEA.
"Un Estado de la OEA no puede ser miembro de ese grupo y pretender no estar bajo la vigilancia de la CIDH. Estar en la OEA implica estar bajo el monitoreo de la CIDH", remató.
PASOS A SEGUIR PARA IR AL SISTEMA INTERAMERICANO
1. Las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos que deseen exponer sus casos ante el sistema interamericano (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos) antes deben agotar las instancias internas, por lo que lo primero que deben hacer es acudir ante la policía y/o el Ministerio Público para presentar la respectiva denuncia.
2. Una vez interpuesta la denuncia el Ministerio Público debería iniciar una investigación y si durante el transcurso de la misma haya elementos para acusar a alguien, pues debería acudir ante los tribunales para solicitar su enjuiciamiento. Formulada la acusación los tribunales de Primera Instancia en lo Penal deberían analizar el caso y decidir si él o los acusados deben ser sentados en el banquillo y si son culpables o no. Una vez dictada la respectiva sentencia las partes tienen derecho a apelar el fallo ante un tribunal superior: La Corte de Apelaciones.
3. El veredicto de la Corte de Apelaciones puede ser revisado por el Tribunal Supremo de Justicia, en particular por su Sala Penal y en casos extremos, de supuestos vicios e irregularidades, por la Sala Constitucional. Como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es subsidiario del sistema judicial solo puede actuar una vez agotadas todas estas instancias. No obstante, si transcurrido un lapso prudencial los organismos nacionales no han actuado o si los mismos han despacho el asunto sin prestarle la debida atención los ciudadanos pueden acudir ante el Sistema.
4. Agotadas las instancias nacionales, los ciudadanos pueden acudir ante la CIDH para formular sus denuncias. Este organismo decidirá si las admite o no y en caso de darle luz verde abrirá un período de audiencias, solicitudes de información y hasta negociaciones con el Estado denunciado para intentar llegar a una solución amistosa. De fracasar este proceso entonces podría optar por demandar al Estado ante la CIDH.
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