¿Qué le dice el Foro Mundial del Agua a Venezuela?

ABEL MEJÍA BETANCOURT - Tal Cual

El Foro Mundial del Agua es el evento universal más importante para actualizar el conocimiento sobre el estado del agua en las diferentes regiones del mundo. Además, es la oportunidad para participar en un debate abierto y constructivo sobre políticas y buenas prácticas relacionadas con el manejo de los recursos hídricos y la prestación de los servicios de agua. El Foro se lleva a cabo cada tres años y en esta oportunidad se realizó en la ciudad de Marsella, entre el 12 y el 17 de marzo. El evento registró unas 400 sesiones técnicas y contó con la representación de 173 países, 15 jefes de Estado, 750 parlamentarios y alcaldes, y más de 100 ministros; para un total de más de 20.000 participantes.

Los documentos, deliberaciones y declaraciones que surgieron de este evento proporcionan un marco referencial útil para entender y dimensionar el problema del agua en el medio urbano de los países de Latinoamérica y plantear soluciones con una base sólida de evidencias. También sirven para conocer en forma objetiva las soluciones a problemas concretos de gestión de recursos hídricos y prestación de servicios vinculados al agua, que han sido probadas exitosamente en países similares al nuestro. Esta información puede obtenerse en forma gratuita en: www.worldwaterforum6.org, https://sites.google.com/site/wwfamericas/documents.

Los mensajes del Foro para América Latina concluyen que a pesar de las declaraciones formales de cumplimiento de las metas del milenio, todavía los servicios de agua potable y saneamiento son de mala calidad para un contingente importante de la población. En la práctica los países consagran dos tipos de ciudadanos, unos que reciben servicios en forma regular, y otros --un 27% de la población--que carecen o reciben servicios de baja calidad y en forma discontinua. Esta situación tiene un impacto negativo especialmente en la calidad de vida de la población con mayores carencias.

Se presentaron estimados para varios países de América Latina donde el costo económico de los malos servicios de agua potable y cloacas resultó del orden del 1% del producto interno bruto; valor que de aplicarse a Venezuela, equivaldría a un costo anual para la economía de casi 4.000 millones de dólares por año. Este estimado solo refleja el costo de la mortalidad y morbilidad derivadas de enfermedades gastrointestinales de origen hídrico. Si se incluyeran otros conceptos como la desnutrición infantil y los costos económicos de la energía utilizada para desinfectar el agua en los hogares, el consumo de agua embotellada, y los dispositivos de almacenamiento y tratamiento en los domicilios --el costo económico del deficiente servicio de agua potable y saneamiento, se incrementaría en forma apreciable.

En el Foro también se discutieron las consecuencias de la ineficiencia de los servicios de agua potable y saneamiento para toda la región de América Latina. La permanencia de las ineficiencias actuales --superiores a 5.000 millones de dólares por año-- se sustenta en un desmedido nivel de pérdidas y malas prácticas gerenciales y comerciales. Estas ineficiencias, institucionalizadas en muchos países, no solo impiden prestar un servicio de buena calidad, sino que también significan un desperdicio de recursos financieros que podrían ser aplicados a nuevas inversiones y en el mantenimiento de las instalaciones existentes.

Siguiendo esta forma de análisis, se discutieron opciones para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento que permitan alcanzar niveles de calidad comparables con los países de la Unión Europea en los próximos 10-20 años. La experiencia regional y global indican que esto no será posible sin esfuerzos sostenidos de inversión --estimados en un 0,3% del PIB para el agregado de América Latina--y mejoras substanciales en la gobernabilidad de los entes responsables por el agua en cada país. Estas dos temáticas operan mediante un vínculo recíproco de causa-efecto: por un lado la institucionalidad de los servicios, entendida como organización, reglas de juego y procedimientos; y por la otra la brecha que registra la región en materia de infraestructura y su financiamiento.

Para estimar las inversiones se tomaron en cuenta las proyecciones de crecimiento económico y de población, la condición de la infraestructura existente, y la necesidad imperiosa de mejorar sustantivamente los problemas de vivienda precaria e informalidad en el uso del suelo urbano. Se estimó que se necesitan unos 250.000 millones de dólares, a lo largo del periodo 2010-2030, para lograr que 100% de la población tenga conexiones domiciliares con servicios de agua potable y saneamiento de buena calidad, tratar en plantas de depuración dos terceras partes del agua servida doméstica, cubrir el 80% del área urbana con infraestructura de drenaje de aguas pluviales, ampliar las fuentes de agua para unos 100 millones de nuevos habitantes urbanos, y renovar y rehabilitar la infraestructura existente.

En lo institucional, el panorama regional muestra progresos en varios países donde las políticas sectoriales y la institucionalidad avanzan hacia modelos modernos, en los cuales el planeamiento, la política, la regulación y la prestación reconocen actores diferentes --en este modelo, las reglas se respetan y los incumplimientos acarrean consecuencias. Un ejemplo de este modelo, son los marcos regulatorios para los servicios de agua potable y saneamiento en Chile, Colombia y Perú, con contenidos formales acordes con las mejores prácticas internacionales. Asimismo, la participación de los usuarios ­y de la sociedad civil­ en las decisiones sobre políticas, reglamentaciones y proyectos hídricos se expresan a través de diversos mecanismos como: defensa del consumidor, ombudsman, comisiones parlamentarias y, directamente, a través del Poder Judicial. Es de esperar que la consagración jurídica del derecho humano al agua potable y saneamiento, conlleve una fuerza compulsoria que refuerce el rol de los destinatarios naturales de dichos servicios.

Otro aspecto crítico para los países de la región fue la discusión institucional sobre la precariedad e inconsistencia de la información sobre los servicios de agua potable y cloacas. Solo en países con sistemas de regulación independiente como son Colombia, Chile y Perú existe un nivel adecuado de información, particularmente en manos de los reguladores. En el caso de Brasil, un país con dimensiones continentales, se ha logrado desarrollar un sistema de información ejemplar que abarca su enorme universo de prestadores.

La omisión de información que, en cambio, registra buena parte de la región es producto de la escasa importancia y baja asignación de recursos que se le da al cumplimiento del derecho a la información sobre un servicio esencial para la vida y el desarrollo económico. Es en esos países, donde los prestadores concentran la casi totalidad del conocimiento, se encuentran precarios mecanismos de control social y rendición de cuentas; y por lo tanto no se estimula una participación efectiva y saludable de la sociedad civil.

Como consecuencia de ello, las estadísticas que se reportan a las agencias internacionales no son validadas en forma independiente y resultan en informaciones y datos que no son concordantes, y por ende no resultan confiables.

Espero que estas apretadas reflexiones sobre lo que ocurre en nuestro entorno regional y a nivel global sobre las políticas hídricas contribuyan a conformar los necesarios consensos que tanto necesita nuestro país.