Estado rico, sociedad pobre

ELÍAS TORO - Tal Cual

No soy desde luego economista y lo que voy a escribir de seguidas y, sobre todo, las conclusiones, resultan de una interpretación personal de la entrevista concedida por el destacado economista Asdrúbal Baptista a El Nacional hace algunos días.

Según alcanzó a entender, Baptista explica que las democracias modernas están regularmente constituidas por una sociedad civil más o menos rica y un Estado pobre, cuyo poder para actuar depende del dinero que recibe de aquella por vía de impuestos y contribuciones. Hasta aquí nada nuevo; es de la esencia misma de la República, cuyas instituciones son financiadas mediante gravámenes a la fortuna de los agentes económicos, tanto mayores cuanto mayor aquella.

Seguidamente Baptista recuerda que en Venezuela ­y en todos los petro-Estados, añado yo­ con el hallazgo de petróleo en un subsuelo cuya riqueza en la tradición monárquica hispánica perteneció a la Corona, y por razones históricas pasó al Estado moderno, la situación se invirtió hace casi cien años: el Estado se hizo muy rico de la noche a la mañana y la sociedad que siendo en origen muy pobre, la nuestra, se hizo relativamente más pobre por comparación con la desmesurada renta petrolera percibida desde entonces por aquel.

Sin embargo, continúa Baptista, en nuestro caso, mientras la renta era percibida por vía de impuestos o regalías de las empresas petroleras, el Estado venezolano no tuvo libertad para proceder arbitrariamente, ya que esos ingresos gravaban el trabajo de la sociedad civil global, y en consecuencia, frente a él, cito textualmente, "se sentaban los representantes de las transnacionales".

De ahí, según continúa el análisis, que el crecimiento económico del país fuera sostenido hasta 1976, cuando por obra de la llamada nacionalización, que más debería ser considerada estatización, surgió un Estado súbitamente enriquecido, ahora sin contención alguna, ante una sociedad civil por ello mismo disminuida como interlocutor.

Si el diagnóstico, como creo, explica la deriva totalitaria del actual régimen y el envilecimiento de las instituciones republicanas inducido desde el poder mismo, para restituir la vigencia de la democracia no me parece que hubiera otra política que reordenar los términos de la relación, aboliendo todas aquellas fuentes de financiamiento del Estado que no sean los aportes tributarios de la sociedad civil.

Respecto del petróleo esto significa que la totalidad de la renta petrolera debería por ley ser repartida entre sus dueños, que somos todos los venezolanos. Hoy disponemos al menos de una referencia teórica para una transformación de esa envergadura: la propuesta de la tarjeta MiNegra hecha por el candidato Rosales en las elecciones del 2006, según la cual el quinto del producto petrolero sería entregado con ese instrumento directamente a los venezolanos.

Si radicalizando la idea el monto a ser repartido alcanzara, como debería en justicia ser, la totalidad de la renta, los ingresos así percibidos por todos los miembros de la sociedad civil serían los que finalmente sostuvieran vía impuestos la capacidad financiera del Estado, garantía de que esta no podría nunca superar la de aquella.

Por lo demás, habrá que pedir al petróleo un último y fundamental servicio, antes de que por escasez y/o carestía su papel de soporte de la producción se torne inviable en escala mundial, con lo que el país quedaría reducido a la más absoluta pobreza: financiar la construcción de una nueva plataforma energética descentralizada, basada en las llamadas fuentes renovables, solar y eólica, principalmente, que por su ubicuidad y abundancia están al alcance de todos los venezolanos en todo el territorio nacional, y por ello quedan a salvo de las tentaciones de apropiación hegemónica.

Cada vez que he consultado a un especialista sobre el asunto se me ha respondido que la energía obtenida de las fuentes renovables es mucho más costosa que la hidroeléctrica ­ o la nuclear ­ lo que desde mi limitado conocimiento de la especialidad no tengo manera de contestar. Sin embargo, puede uno preguntarse, ¿tal diferencia de costos no está condenada a disminuir más pronto que tarde, cuando no a desaparecer de un todo, con las mejoras que día a día se logran en las tecnologías correspondientes? Pero aún más importante, ¿qué puede ser más dispendioso que los costos externos o externalidades ­así llamados por los economistas­ que el manejo por parte del Estado de las dos fuentes energéticas de que dispone el país en el presente: hidrocarburos y electricidad? Como he tratado de decir más arriba, la concentración de poder, y por ende corrupción, que generan ambas industrias estatales, hace de ellas dos ejemplos de ineficiencia supina. Esos costos externos ­políticos, en primer lugar, pero no solo­ se traducen en el mayor despilfarro de recursos financieros que haya padecido país alguno tal vez en toda la historia de la humanidad.

¿Por qué, entonces, no adoptar aquellas tecnologías que si no son manejadas por los mismos usuarios ­como los dispositivos fotovoltaicos instalados en los techos de las viviendas y demás edificaciones­ pueden, para garantía de eficiencia, ser operadas tan cerca de la gente como se quiera, puesto que la materia prima o combustible: Sol o vientos, es ubicua e inagotable? Hoy, con la capacidad desarrollada por todas las plantas automotrices del mundo para producir los eficientísimos vehículos eléctricos, resulta posible programar una sustitución progresiva de todo el parque automotor venezolano, tal vez 4.500.000 unidades, entre turismos y utilitarios, en un plazo de unos 20 años.

El mercado de automóviles está ya preparado para ello. Un cambio así nos permitiría colocar gradualmente en el mercado externo los quizá 700.000 barriles de gasolina que hoy se consumen localmente, criminalmente subsidiados, y obtener por vía del ahorro correspondiente el financiamiento para emprender holgadamente la edificación de la plataforma energética alterna.

Si luego de completar tan salutíferos cambios quedara todavía un mercado importante de combustibles fósiles, todo el petróleo que aún tendremos podría ir a la exportación, y el exceso, que sería aún mucho, a una renovada petroquímica, para agregarle valor y desarrollar la industria nacional.

@toroelias 
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