El pase de factura como política de Estado

ANDRÉS CAÑIZÁLEZ - Tal Cual

En cuestión de pocas semanas, según recogen diversos medios, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ha cerrado siete estaciones de radio en el estado Monagas, al tiempo que efectúa diligentes acciones de inspección e incluso, en un hecho inédito dentro del país, decidió clausurar la sala de prensa de un canal local que opera a través de la televisión por suscripción, TV Plus.

Estamos ante un típico caso de cómo se pervierte la institucionalidad del país, ya que se pone al servicio de intereses particulares. Todas estas acciones oficiales en realidad son un claro pase de factura contra el gobernador en rebeldía, el "Gato" Briceño, incluso sólo si nos guiamos por un criterio de orden cronológico en los hechos.

CONATEL ha clausurado en escasas semanas las siguientes estaciones de radio: Vip 93.1FM, Monumental 106.1 FM, Avanzadora 91.3 FM, Venezuela Olímpica 97.9 FM, Caicareña 100.5 FM, Única 104.9 FM y Líder 100.7 FM, amén de la sanción contra TV Plus, que puede seguir al aire pero sin emitir espacios informativos. Sería interesante que CONATEL indicara desde cuándo estaban operando todas estas emisoras, y por qué sólo después que Briceño se peleara con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es que el organismo del Estado procedió a sancionar a estos medios.

No dudo de que muchas estaciones de radio, como éstas y otras tantas en el país, hayan estado operando de forma irregular o ilegal, como le gusta decir a la Cámara Venezolana de Radiodifusión, cuya inmediata adhesión a la medida de CONATEL debería ser objeto de alguna reflexión interna. El punto, desde mi perspectiva, no es la ilegalidad presunta de estas emisoras, sino cómo opera el Estado en estos casos.

Mientras el gobernador estaba alineado con las políticas oficiales CONATEL sencillamente se hizo de la vista gorda, no hay reportes de una razzia para acabar con la radiodifusión ilegal en Monagas.

En tanto, de forma casi inmediata el órgano del Estado, cual si recibiera instrucciones del PSUV, una vez que el gobernador es mal visto dentro del partido, comienza a actuar. La actuación del órgano regular tampoco es contra todas las emisoras ilegales de Monagas, sino contra aquellas en las cuales Briceño tiene algún tipo de incidencia. Las emisoras cerradas o bien estaban manejadas por familiares del gobernador o bien mantenían una línea editorial afín a la gobernación, todo esto como consecuencia de la renuencia del "Gato" a acatar la línea partidista y sostener que el agua en Monagas no estaba contaminada por el derrame petrolero.

Las emisoras, todas, existían desde antes del conflicto, transmitían sin que CONATEL se preocupara de su ilegalidad mientras el gobernador era del mismo bando partidista. La ruptura de Briceño con el PSUV le trae una serie de castigos, entre ellos estas sanciones contra las estaciones de radio. Este tipo de comportamiento oficial, tan cotidiano en los últimos años, justamente nos habla de una ausencia de institucionalidad, de una falta de políticas de Estado.

Una política pública en materia de radiodifusión, asunto que por cierto deberían exigir los empresarios del sector, debería comprender acciones oficiales de forma inequívoca: se cierran las emisoras de radio ilegales así sean afines a una persona que está en una alta posición de poder, como Diosdado Cabello. Deberían existir, también dentro de esa política pública, claras razones para suspender a un medio radioeléctrico o las pautas públicas y transparentes para asignar las frecuencias de radio y televisión. Nada de eso tiene lugar en Venezuela, entonces aplaudir el cierre de unas estaciones ilegales, cuando el gobernador que las patrocinaba entró en desgracia, mientras que las que están afines al poder siguen operando, resulta una decisión cuando menos objetable.