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domingo, 29 de abril de 2012

Diputadas de Prove exigen reabrir el juicio a Pdval


Diputadas de Proyecto Venezuela ante Consejo Legislativo de Carabobo, Neidy Rosal y Aura Montero. (Foto Prensa Prove)

El Carabobeño

Con la destitución del Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, Santos Montero Tovar, quien llevaba el caso de los 130 millones de kilos de comida descompuesta de Pdval, las diputadas de Proyecto Venezuela ante Consejo Legislativo de Carabobo, Neidy Rosal y Aura Montero, exigen al Poder Moral reabrir el juicio dado a los vicios que se están consiguiendo con la investigación a jueces y fiscales.

Con documentos en manos señalaron que en el juicio contra Pdval existe un andamiaje de jueces y fiscales vinculados con el entonces presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, Eladio Aponte Aponte.

Rosal y Montero aseguraron que Santos Montero Tovar, entre otros, fue designado como juez provisorio por la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales y los magistrados Eladio Aponte Aponte, Yris Armenia Peña Espinoza, Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, Luis Alfredo Sucre Cuba, Evelyn Marrero Ortiz y José Leonardo Requena, como secretario, de acuerdo con la Resolución Nº 2009-0075, del 09 de junio del año 2009.

Mediante nota de prensa enviada a esta redacción, las legisladoras recordaron que el caso de la comida descompuesta de Pdval, tuvo dos avocamientos, el primero ocurrido el 05 de octubre del año 2010, fecha en la que se erradicó el juicio en Caracas, y el segundo, ocurrido el 14 de diciembre de ese mismo año, siendo presidente de la Sala de Casación Penal, Aponte Aponte, quien a su vez, asignó a Santos Montero el caso, tras cumplir funciones como Fiscal en la ciudad de Puerto Cabello.

Ante la situación, exigen al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía y Contraloría General de la República, además de la Defensoría del Pueblo, como integrantes del Poder Moral, que se aboquen a reabrir de manera definitiva el juicio contra Pdval, por la perdida millonaria de 130 millones de comida descompuesta.

Rosal y Montero, comentaron que la Contraloría General de la República en su informe del año 2011, reconoció la denuncia sobre las toneladas de alimentos dañado, por lo que insistieron en la necesidad de que el juicio de Pdval se abra.

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