Evitar a toda costa los mecanismos directos o indirectos de la censura oficial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "los argumentos acerca de garantizar a la sociedad una información objetiva y veraz a través de un régimen de ética y responsabilidad profesionales han sido fundados en el bien común. Pero en realidad, como ha sido demostrado, el bien común reclama la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto. Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad".
Esto es exactamente lo que estamos viviendo en Venezuela con la actuación del Ministerio Público y la rápida medida tomada por un tribunal para impedir que se difunda información sobre la contaminación de las aguas en Venezuela.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en su alegato sostiene que defiende el interés común, pero su medida lo que busca es restringir la información sobre un tema potencialmente dañino para la imagen gubernamental, cosa que pesa mucho en un año electoral. Sería motivo de otro artículo analizar la tremenda dependencia que tiene hoy un poder público que debería ser autónomo, la Fiscalía General, de la Presidencia de la República, tal como lo viene a demostrar claramente este caso.
Sin embargo, eso es harina de otro costal.
La política restrictiva es la que pesa en materia de expresión e información. Ha sido la tradición en Venezuela, si cabe el término, en poco más de una década. De hecho, ya hay un antecedente bastante parecido pero por motivos en los que no podía invocarse el bien común. ¿Alguien recuerda el caso del testigo estrella de la Fiscalía? Sí, se trata de Giovanny Vásquez (¿qué será de su vida?). Pues además del show que montó el entonces fiscal general, el inefable Isaías Rodríguez, con este personaje, la Fiscalía también solicitó y obtuvo una medida judicial para prohibirle a los medios informar sobre Vásquez. Hoy de nuevo el país se ve ante una medida que quiere acallar a TODOS, sí debe ponerse en mayúscula sostenida, los medios, en cualquier plataforma. El agua es un bumerán político que puede afectar negativamente la reelección del jefe, por tanto queda prohibido hablar del tema. A ese razonamiento, tan primitivo, parece reducirse el axioma de esta nueva medida judicial.
Para mantener las formas la Fiscalía apela al espinoso asunto de la veracidad de la información. Es decir, sólo se puede dar información si el asunto es verídico.
Tal argumento resulta francamente inasible, como quedó en evidencia en la propia conferencia de prensa que ofreció Ortega Díaz. La fiscal general afirma que el agua es absolutamente potable en Venezuela, pero para sostener esta posición no puso sobre la mesa un informe técnico que le avale. Los periodistas y medios, por el contrario, sí deberán contar con una experticia para poder sostener que hay contaminación en las aguas. Este es el gran peligro de que sean los órganos del Estado los que dictaminen en materia de veracidad. Con harta frecuencia son juez y parte. En este caso estamos ante un caso de censura, sin duda alguna.
El gran perdedor en un tema tan importante será el ciudadano, aquel que no tendrá acceso a información diferente a la oficial antes de abrir el grifo. Puede seguirnos en Twitter @infocracia
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