La idea de insertar a los niños con necesidades especiales en las escuelas regulares es bien recibida por docentes y representantes, quienes dijeron que es buena opción para que la población estudiantil aprenda a relacionarse con niños diferentes
KEILYN ITRIAGO MARRUFO
No obstante, dada la estructura educativa actual, para hacerlo realidad son muchos los retos que debe asumir el Estado y los demás involucrados. Entre ellos, la transformación de la gestión escolar, la formación integral de los docentes y la ampliación y mejor dotación de las instituciones.
BASTANTE TRABAJO ATRASADO
La directora nacional de Educación Especial, Yelitza John Rangel, ha asumido la tutoría de la transformación de la modalidad educativa. En un documento que ella ha circulado para hacer la presentación de la política de Estado, se admiten carencias para su aplicación.
Después de 13 años, se reconoce que aún hay insuficientes instituciones educativas en algunos estados, los equipos de trabajo y multidisciplinarios están incompletos, hay falta de mobiliario acorde a la población que se atiende y hay barreras arquitectónicas y actitudinales que obstaculizan la integración social que se pretende.
En consecuencia, el Gobierno se ha trazado la transformación de la gestión escolar en cada una de las instituciones con esta nueva modalidad en la que se garanticen los procesos de ingreso, permanencia y culminación de la etapa educativa básica de los niños y niñas con necesidades especiales. Se habla de ampliar la infraestructura y la dotación escolar y deportiva, de mejorar la formación de los docentes, extender la matrícula escolar y de alcanzar la integración social y laboral en igualdad de condiciones.
UN CENTRO SUPERVISOR DE ESCUELAS
Según la propuesta, la idea es crear un Centro Pedagógico de Diagnóstico, Orientación y Formación para la Diversidad Funcional en cada municipio de la entidad federal, que sustituya las funciones de los coordinadores en los municipios.
Este ente se encargará de determinar las necesidades de cada niño a través de un proceso de diagnóstico, propondrá la respuesta educativa a seguir para el infante, orientará y supervisará a los docentes responsabilizados para atenderlos y garantizará el seguimiento en los escolares en los diferentes niveles de educación y en la modalidad de educación especial.
Olga Ramos, presidenta de la ONG Asamblea de Educación, asegura que pese a que el documento plasme las aspiraciones estatales, se puede evidenciar inconsistencias y cierta improvisación. "No hay ningún plan que indique cómo se hará para que los docentes de escuelas convencionales puedan atender la diversidad de alumnos con compromiso intelectual. Aunque digan que habrá apoyo no se explica cómo
será. Si unes en una sola aula a un niño con discapacidad visual, a otro con auditiva y a otro con dificultad de aprendizaje qué especialista necesitarás. ¿Vas a hacer una formación generalizada para que todos los maestros hablen lenguaje de señas o sepan método braille, por ejemplo?".
Aunque el texto que ha circulado indica que cada centro de diagnóstico tendrá un director, un psicólogo, un terapista de lenguaje, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un trabajador social, seis docentes y especialistas, no se deja claro si este mismo equipo multidisciplinario estará presente en cada institución educativa convencional que reciba a la población comprometida.
TUTORES EN CADA SALÓN
"La iniciativa gubernamental traerá beneficios porque los niños con necesidades especiales serán vistos como uno más y no serán discriminados, pero no podemos dejar de lado que, por su condición, su aprendizaje será más lento y será difícil que vayan a la par de los niños de su edad.
Por ello siempre van a necesitar un apoyo extra", manifiesta la presidenta del Centro Integral de Apoyo y Mejoramiento Infantil (CIAMI), Mariela Murillo.
La licenciada en Educación Especial, recuerda que pese a que desde 2005 la Ley haya establecido que las escuelas regulares deben integrar a los niños con necesidades especiales, esto no se ha podido lograr en gran medida precisamente por la ausencia de un personal calificado.
En Anzoátegui, según cuenta Murillo, hay muchos niños que tienen un tutor pero éste es pagado por los propios padres y representantes porque no puede costearlo la escuela.
María Esther Antequera, directora de educación especial de la Secretaría de Educación de Carabobo, al igual que Ramos, cree que si las cosas no se hacen bien no solo se puede afectar la formación del niño que sufre de autismo, compromiso visual, auditivo y cualquier discapacidad motora, sino a todo el grupo que esté presente en el salón. A su juicio, el trabajo formativo y reflexivo de los padres, también es pieza clave para la toma de conciencia y la integración en las aulas. "Pero no todo el mundo tiene la capacidad económica para hacerlo", agrega.
Asegura que la matrícula por aula y las adaptaciones curriculares son otros aspectos fundamentales que deben incorporarse en la normativa. "En nuestra experiencia, cuando nos ha tocado incorporar niños con síndrome de Down, les sugerimos a los padres inscribirlos en escuelas de grupos pequeños porque realmente no se logra el objetivo que se pretende".
"Para un niño con necesidades especiales es mejor que pueda insertarse donde la diversidad esté presente pero donde estén las condiciones para que esa diversidad funcione", manifiesta Ramos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario