Esa fastidiosa contraloría social

ALBERTO LOVERA - Tal Cual

Después de ponderar la contraloría social como un logro de la nueva Constitución, que lo es, como parte de la co-responsabilidad de los ciudadanos en las políticas públicas, ahora al gobierno no le gusta que se ejerza. Le gusta el protagonismo social cuando lo apoya, pero no cuando le pide cuentas claras y explicaciones.

El asunto no es nuevo. Cada vez que aparece un evento que pone de bulto la incompetencia, la corrupción, la falta de previsión, se inventan objetivos perversos a quienes los denuncian, no importa ya la orientación política de quienes lo plantean, los que alertan de las irregularidades terminan siendo acusados de intereses perversos o contrarevolucionarios, como los damnificados a quienes se les acaba la paciencia de tanto esperar por promesas incumplidas.

La reciente solicitud de una medida restrictiva de la información sobre la situación de la calidad del agua, respondiendo a una demanda presidencial en ese sentido, como las que hemos vivido en otros poderes públicos que han demostrado fehacientemente que no son capaces de ejercer su rol como entes autónomos, cuando desde la cúpula del poder central se les conmina a someterse a sus designios.

Los alimentos descompuestos, la crisis eléctrica, los sucesos en las cárceles, los derrames petroleros, los accidentes en instalaciones de empresas estatales y muchos otros, son eventos que ante la denuncia pública sólo han recibido descalificaciones. Y lo que es peor, la amenaza a los denunciantes, cuando lo que cabría esperar es que el gobierno y la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene una mayoría espuria, se empeñara en investigar y sancionar a los responsables.

Lo que estamos viviendo es la persecución de la contraloría social y el abandono de los poderes públicos que les compete atender a las denuncias ciudadanas. Más grave aún, al intento de someter a los que alertan sobre irregularidades de la gestión pública a procesos judiciales que tienden a desalentar e intimidar a quienes la ejercen amparados por la Constitución.

El gobierno y sus acólitos pretenden convertir a las instituciones del Estado en juez y parte. Si los ciudadanos denuncian irregularidades y transgresiones del poder público, una lógica simple recomienda que sean otros actores los que sean llamados a pronunciarse sobre el particular, escuchando a todas las partes implicadas.

La contraloría social se ha convertido para el gobierno actual en un obstáculo fastidioso, pero es un instrumento para someter a vigilancia a sus acciones y exigir rectificaciones, como lo será para un gobierno de otro signo por venir.

alberto.lovera@gmail.com