Alberto Arteaga Sánchez

ESPERANZA MÁRQUEZ - Tal Cual

Ocupa el Sillón número 7 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Abogado penalista, profesor, demócrata y ejemplo de probidad, honradez, rectitud y moralidad.

Doctor Arteaga, ¿desde la perspectiva del Derecho cómo ve los tiempos que vivimos en el país? ­ Digo con gran dolor, con gran sentimiento, que estamos viviendo un estado de anomia, que significa carente de normas y no porque no existan, porque las tenemos y muchas, porque si de algo no carecemos los venezolanos es de normas; tenemos lo que podríamos llamar una inflación legislativa, tenemos leyes para todo, normas para todo, pero no se cumplen, es como si no existieran. Eso es gravísimo porque una sociedad medianamente organizada necesita de las normas, en latín se dice: Ubi societas, ibi ius: "donde hay sociedad hay derecho". Ese es parte del drama que estamos viviendo, una sociedad sin normas porque no se aplican aunque las tenemos en abundancia. Parece que seguimos viviendo como se decía en la Colonia, por la lejanía de España: las leyes se acatan, pero no se cumplen.

¿Por qué no se cumplen? ­ Aunque no soy psicólogo social pienso que los venezolanos no hemos internalizado el valor del respeto a la legalidad, a la ley, seguimos actuando bajo ese esquema de que las leyes se acatan, pero no se cumplen. Pero como dato curioso nosotros no respetamos nuestras leyes aquí, pero cuando estamos fuera somos absolutamente respetuosos de todas las leyes, de todas las normas y ese respeto lo llevamos al extremo. Esto me recuerda un libro de Áxel Capriles, La picardía del venezolano o el triunfo de Tío Conejo, que la valoramos positivamente, triste y lamentablemente, y se expresa en el irrespeto a la ley y, paradójicamente, quien respeta la ley se ve sometido a la persecución de los propios órganos, el cumplimiento de la ley puede traer no un reconocimiento sino hasta una sanción. Esto es grave.

También ocurre porque no existen órganos que garanticen el efectivo cumplimiento y aplicación de la ley, en otras palabras, la carencia de algo que es fundamental, el Estado de Derecho, que no es solamente las sedes de los tribunales, sino que haya un Poder Judicial verdaderamente autónomo e independiente que haga cumplir la ley desde el Presidente de la República hasta todo ciudadano.

¿Usted cree que ha mejorado el problema penitenciario con el nombramiento de una ministra? ­ El problema, el drama, el horror penitenciario, el infierno carcelario que tenemos en Venezuela no es nada que se resuelva con un código penitenciario ni con la designación de un ministro. El drama penitenciario tiene que ver con varias cosas: el régimen legal, las edificaciones, el personal penitenciario y los internos, que ahora parece que todo se resuelve llamando a los internos o reclusos, privados de libertad, pero son privados de libertad y privados de todos los derechos humanos, porque no viven como seres humanos aunque tengamos unas leyes maravillosas que resguardan todos sus derechos, y para mayor absurdo algunas veces privados de manera expresa como el caso de la doctora Afiuni o de otros perseguidos por razones políticas, hasta privados del derecho a declarar, a expresarse libremente, lo cual es algo inconcebible en personas que ni siquiera han sido condenadas y, además, esa pena no existe en Venezuela. Nadie podría entender que los establecimientos penitenciarios no están controlados por el Estado, sino por las mafias que se han enquistado entre los propios reclusos para convertirse en reyes y señores del propio establecimiento, los llamados Pranes.

¿Se puede resolver el problema penitenciario? ­ ¡Claro que puede resolverse! Poniendo en práctica los lineamientos de una verdadera política penitenciaria. No podemos hablar en Venezuela de respeto a los derechos humanos mientras exista el horror penitenciario que tenemos. Habría que construir nuevos establecimientos, que el personal sea civil y especializado, preparado, bien remunerado, con conocimiento de la materia y resolver el problema procesal. El 75% de los reclusos son procesados, no condenados, sin sentencia, con algo paradójico y es que una persona que vaya a la cárcel por haber cometido un delito, prefiere ser condenada, aunque esté convencida de su inocencia, prefiere aceptar su culpabilidad que continuar en un proceso interminable. Es absurdo.

¿Cómo califica el caso de la sanción a la doctora Teresa Albanes? ­ El caso de la doctora Teresa Albanes no tiene fundamento jurídico alguno, ese caso no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico, no acepta ningún análisis estrictamente legal, lo que nos lleva a la conclusión de que esto deriva de una posición política. La decisión, y hay que decirlo triste y lamentablemente porque se trata de la institucionalidad, nada más y nada menos que del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional, a la que le corresponde velar por la integridad de la Constitución que es la Carta Magna, se intenta un amparo y a las dos horas la Sala Constitucional admite, resuelve y dicta una medida cautelar ordenando la preservación de los cuadernos electorales donde constan los nombres y las cédulas de los votantes, cuando ha habido el compromiso de los organizadores de las Primarias con el electorado de que esos cuadernos iban a ser destruidos porque tenemos el precedente de las listas de la exclusión, del oprobio. Una decisión con errores en la fecha, tomada por la Sala Constitucional cuando pareciera lógico que fuera la Sala Electoral. Ese compromiso se hizo para preservar los derechos de los ciudadanos, entonces cómo cabe en la cabeza de alguien que salvaguardar los derechos de los ciudadanos pueda ser constitutivo de un hecho ilícito. La doctora Albanes hizo lo que tenía que hacer para preservar los derechos de la ciudadanía y para cumplir con la palabra ofrecida.