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Tal Cual Digital

Al menos 9 entes públicos fueron denunciados por dolo en 2011. Faltan más políticas anticorrupción. Por su parte, Transparencia Venezuela invita al Estado a diseñar planes que ataquen el problema con urgencia

MAHYLENI SERPA PÉREZ

Durante 2011 fueron denunciados por corrupción el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Polibaruta, Cadafe, Pdvsa Gas (Enagas), Saren (Servicio Autónomo de Registros y Notarías), Registro Nacional de Contratistas, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el programa de Sustitución de Ranchos por Casas.

Según Mercedes De Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, esos casos demuestran una preocupación importante por el entorno de corrupción que vive el país, "estamos en una situación de silencio, y las organizaciones públicas tienen la obligación legal de responder a esta realidad tan grave, pues en Venezuela no existen suficientes políticas contra este mal".

"El principal reto es afrontar este panorama y destruir esas falsas creencias de que no hay nada que hacer. Este problema tiene solución y para acabar con él es necesaria la contribución de toda la ciudadanía, pues más del 20% de ésta desconfía del sistema judicial en materia de corrupción", explicó De Freitas.

La directora de Transparencia Venezuela criticó la Ley contra la Corrupción, recién aprobada en segunda discusión y que el chavismo busca frenar. "A esa ley le falta mucho en materia de denuncias y protección a los denunciantes, en el control del dinero público y en los conflictos de interés". Enfatizó que la norma no le da la autonomía e independencia necesaria a la Contraloría General de la República, "pues no exige la revisión de todas las declaraciones juradas del patrimonio y no garantiza los fondos para esta instancia", concluyó.

RECOMENDACIONES

Transparencia Venezuela invitó a cada una de las instituciones y organismos públicos a diseñar y ejecutar planes anticorrupción que tomen en consideración las debilidades, riesgos e incentivos para superarlos con urgencia. "Hace falta comenzar por las tareas formales como aprobar y utilizar manuales actualizados de Normas y Procedimientos, establecer registros sistemáticos y estadísticos de cada proceso y legislar para garantizar el derecho de acceso a la información pública".

Dijo Mercedes de Freitas que es urgente desarrollar programas que garanticen procesos transparentes en todos los trámites, contrataciones, compras, obras, y ayudas en las cuales un grupo de funcionarios es responsable del manejo y ejecución de los recursos públicos.