El penalista Omar Arévalo denuncia que en el Sindicato de la Construcción de Barinas hay una red de extorsión, asesinatos, secuestros y venta de jóvenes a la guerrilla colombiana
MAHYLENI SERPA PÉREZ
"Los miembros de este organismo eran avalados por el alcalde del municipio Obispos de Barinas (ex presidente del Sindicato de la Construcción regional), Alexis Avendaño (apodado El Chivo); por la presidenta del Concejo Municipal de Barinas, Karly Linares (PSUV), concubina de Numa Altuve, directivo del Sindicato y Jaime Landaeta, presidente del Sindicato de la Construcción; por militares de la Guardia Nacional, policías estadales, funcionarios del Cicpc; y algunos jueces", así lo aseguró Oscar Pineda, director de la ONG Paz y Vida del estado Barinas.
El abogado penalista Omar Arévalo, que ha denunciado las redes de ese sindicato, sostuvo que en una reunión de alto nivel en Caracas se habló de ponerle freno a este grupo.
"Es insostenible que civiles porten armas de alto calibre y extorsionen sin que en la región haya autoridad que los detenga", aseveró.
Aseguró que debido a una orden emitida desde la capital, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) procedió a allanar la vivienda de los principales sindicalistas.
En la casa del presidente del sindicato, Jaime Landaeta, alias "Bubalú", el Sebin habría encontrado dos granadas, un lanza mortero y documentos que demostrarían que ese era un centro de extorsión a contratistas. Alguien alertó a Landaeta del allanamiento ordenado por la Fiscalía a su vivienda, ubicada en Alto Barinas, la cual estaba preparada para que estallara con un explosivo activado a control remoto.
GUERRA AVISADA
Según publicó La Prensa de Barinas , al jefe del Sebin en el lugar, comisario Otto Salinas, le generó suspicacia que un joven los esperara afuera y les recomendara que entraran, "pero, antes de entrar, observamos unos cables e instalaciones que nos hizo pensar que se trataba de una trampa y solicitamos a los expertos en explosivos". Agregó que el aparato se desactivó en el baño de la residencia, para luego proceder con el allanamiento ordenado por la Fiscalía 1º.
"Presumimos que Landaeta fue informado acerca de este allanamiento y por eso logró huir, pero le recomendamos que se entregue a las autoridades porque ya está solicitado en todo el país", apuntó Salinas, quien precisó que junto al líder sindical están huyendo tres de sus inmediatos colaboradores que igualmente operaban desde esa residencia.
En la vivienda también se habrían hallado elementos que revelan que alias "Montoya", un narcofinancista colombiano experto en lavar dinero, actuaba como representante de parte de los directivos del Sindicato de la Construcción de la entidad.
En el procedimiento fueron detenidos el joven que mandó a pasar a la comisión y el jefe de seguridad de la casa. Hace semanas el Sebin detuvo a otro de los directivos del Sindicato, Adrián Báez, a quien le habrían encontrado una potente granada y varias armas de fuego en su automóvil.
Omar Arévalo relata que luego se realizó el allanamiento a Numa Altuve, quien era empleado de la Cámara Municipal de Barinas como asesor de presidencia, pero también huyó.
En el sitio se localizaron dos kilos de presunta cocaína y documentos de personas integrantes del sindicato de la construcción que han sido asesinadas, secuestradas y extorsionadas. Se halló ropa y comida embalada, lo que indica que tenía lista la fuga. Al menos 10 lugartenientes pertenecientes a esas mafias sindicales de Barinas son solicitados por las autoridades a nivel nacional.
El abogado Romero Alemán, quien asumió la defensa de Jaime Landaeta, solicitó que el Sebin deje de participar en la investigación expresando que éste se dedica a "perseguir a dirigentes sindicalistas del PSUV".
COMPLICIDAD
Los familiares de personas asesinadas, secuestradas y extorsionadas, relacionadas al Sindicato de Construcción de Barinas, acudieron al Ministerio Público en esa ciudad para entregar un documento de reclamo y denunciar la presunta complicidad que mantienen algunos funcionarios policiales y militares de la región con los cabecillas de las bandas sindicales que están siendo desmanteladas por el Sebin.
Luego de protagonizar una pacífica protesta por los alrededores del mencionado organismo, los manifestantes fueron recibidos por la Fiscal Superior encargada, Luz Yanibe Martínez, "a quien le formulamos los mismos planteamientos que hemos venido haciendo en los últimos tres años en relación a nuestros reclamos de justicia por los centenares de personas secuestradas, asesinadas y desaparecidas en nuestra entidad", dijo Oscar Pineda.
Los manifestantes también acusaron al gobernador del estado, Adán Chávez; a la defensora el Pueblo regional, Ingrid Gil y al propio Ministerio Público de mantener un silencio cómplice con algunos dirigentes del Sindicato de la Construcción: Adrián Báez, Numa Altuve y Jaime Landaeta, estos dos últimos aún prófugos.
El director de la ONG Paz y Vida destacó que ante el silencio que han venido manteniendo dichos funcionarios, "pareciéramos estar en presencia no del Ministerio Público, sino del Ministerio de la Impunidad".
NO QUISO HABLAR
TalCual trató de comunicarse con la funcionaria Karly Rodríguez, pero se hizo imposible conseguir su declaración. Se indicó que por "conflictos de intereses políticos" no podía suministrar información sobre este caso. Fuentes extraoficiales informaron que la concejal evitaría mostrarse en público, temerosa de ser víctima de agresiones.
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