27-F quedó impune

Tal Cual Digital

Familiares de las víctimas del Caracazo denunciaron que no hay ninguna persona condenada por violar los derechos humanos ocurridos en ese entonces

MAHYLENI SERPA PÉREZ

A 23 años del Caracazo, familiares de víctimas agrupados en el Comité de familiares de víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (Cofavic) denunciaron que no hay ni una persona condenada por las violaciones de los derechos humanos ocurridas entonces.

En su mayoría, los casos del Caracazo se encuentran en la fase inicial de la investigación, sin que hasta la fecha se haya logrado imponer alguna sanción penal definitiva. De esta forma, el Estado aún incumple con las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sobre el caso, en 1999 y en 2002.

Cofavic denunció también que el proceso de exhumación e identificación de los restos de víctimas del 27 de febrero que se encontraban en el sector La Peste del Cementerio General del Sur, iniciado el 21 de septiembre de 2009, se realizó sin la participación de los familiares de las víctimas, aún cuando las mismas habían enviado comunicaciones al Ministerio Público y a organismos competentes solicitando que se les involucrara en el proceso y se les permitiera tener acceso a los expedientes de los casos.

"Los procesos de exhumación e identificación con carácter científico son una necesidad, no sólo por las expectativas de los familiares de recuperar los restos de sus seres queridos, sino que para ellos esta sería la única manera de encontrar paz y justicia", sostuvo Hilda Pérez, una de las integrantes de Cofavic.

AHORA LOS LLAMAN INDIGNADOS

Elías Jaua, Vicepresidente de la República, encabezó un acto desde Guarenas, donde se iniciaron las protestas el 27 de febrero de 1989, llamado "Prohibido olvidar". Desde allí comentó que "los primeros indignados fueron los venezolanos, y con esa indignación abrimos un camino en Latinoamérica que nos condujo a la revolución comandada por el presidente y comandante Hugo Chávez".

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público interpuso un recurso de revisión contra la decisión de la Sala Constitucional del TSJ que anuló los actos procesales respecto a tres militares presuntamente involucrados en la muerte de Crisanto Mederos, ocurrida el 3 de marzo de 1989, en el marco de los sucesos de El Caracazo.