Cuando se instaló la Tripartita el ingreso mínimo ascendía a Bs 53 mil, pero 38 mil estaban fuera del salario. Las liquidaciones calculadas con el último salario entraron en crisis al profundizarse la inflación.
LEÓN ARISMENDI - TalCual
1 Hace pocos días, en un encuentro de ex guerrilleros que respaldan la reelección de Chávez, el ministro Alí Rodríguez Araque hizo un nuevo intento por justificar la aventura armada de los años 60. Según su parecer el gobierno de Rómulo Betancourt los habría obligado a empuñar los fusiles.
Para quien esto escribe, tan paladinas declaraciones y el anuncio de la creación de la denominada "Asociación Revolucionaria de Combatientes Guerrilleros", no hacen más que confirmar que en nuestro país sigue existiendo una "izquierda borbónica" que ni olvida ni aprende pero influye bastante en las ejecutorias del llamado socialismo del siglo XXI. De hecho, en las charreteras que sirven de carta de presentación del grupo, a falta de alguna vaina útil, esgrimen su "experiencia" de lucha contra el imperialismo y otras zarandajas. Con tales ideólogos por delante es fácil comprender por qué el discurso oficial se ha vuelto un eterno cliché, mediante el cual, a toda crítica se le responde con una descalificación. Toda opinión distinta es emanación directa de la implacable línea del imperio contra el pretendido gobierno revolucionario. Debatir algo con tales personajes es poco menos que imposible.
Siempre tienen la razón y frente a ellos los demás son escorias; gusanos como les llaman en Cuba, apátridas o cualquier otra cosa.
2 Este abrebocas viene a cuento porque se acaba de anunciar una hipotética reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para lo cual se reviven los mismos denuestos puestos en boga, en 1997, para descalificar el cambio legislativo que en aquel año se llevó a cabo.
Para entonces, aparte de quienes hicieron objeciones más serias a la iniciativa, destacaban los baluartes de ese segmento de la "izquierda", muchos de los cuales nunca habían calculado unas prestaciones sociales, pero eran soberbios gritones contra el neoliberalismo y un supuesto robo del que estarían siendo objeto los trabajadores.
Esa fue la trinchera desde la cual dispararon, evadiendo siempre cualquier escenario donde se discutiesen argumentos técnicos. Allí, o se quedaban mudos o pegaban gritos, jamás discutieron nada.
Recuerdo haber participado en cantidad de foros y eventos convocados con tal fin y su conducta fue la misma. En su sesera jamás cupo la idea (ni creo que cabrá jamás) de un acuerdo entre trabajadores y empleadores donde ambos resulten favorecidos.
A ese coro se sumó, en su campaña de 1998, el actual Presidente de la República, en cuyo discurso reduccionista, aunque largo en vaciedades, todo lo que se hizo antes de su irrupción en la política nacional fue para joder al país y a sus habitantes. Eso explica porque, aun sin saber de qué se trataba, prometió volver a la mal llamada "retroactividad" de las prestaciones. Pero, una vez en el coroto, alguien se ocupó de explicarle que una cosa es protestar pidiendo agua y otra instalar las tuberías, lo cual lo llevó a echar un reculón de antología al punto que, en una de sus interminables cadenas se dio a la tarea de explicar las bondades del nuevo régimen. Supone uno que le pusieron por delante el enorme "mono" que el Estado tiene con sus trabajadores y le advirtieron de las consecuencias que para el Fisco y la economía nacional tendría echar para atrás el camino andado. Allí está la razón de los 10 años de mora de la Asamblea Nacional para cumplir con el mandato constitucional de modificar la ley respecto de dicho tema. Nadie en su sano juicio puede imaginar que tamaño "retardo" no tuviese la bendición presidencial, sobre todo porque es notorio que cuando Chacumbele lo ha querido se aprueban leyes de la noche para la mañana.
En fin, echarle el ganso a la Asamblea y anunciar la reforma de la LOT mediante Decreto es parte de la campaña por la reelección. El "genio" irresponsable que aspira perpetuarse en el poder quiere ganarse el respaldo de los trabajadores con la misma promesa que hizo en 1998, sin pararse, en lo más mínimo, a evaluar las consecuencias que tal medida tenga sobre el futuro del país. Mientras tanto, la izquierda borbónica aplaude
3 Ahora bien, si en algo son inconsistentes, Chávez y los suyos, es en esto de repetir que todo lo pasado es caca; que los gobiernos adecos y copeyanos desplumaron a los trabajadores, para terminar haciendo campaña con lo que aquellos construyeron. Me explico, las leyes sociales que les confieren beneficios a los trabajadores son hechura de dichos gobiernos, en particular de los adecos. Supongo que hay algo de ignorancia en el manejo de estos asuntos, de modo que vale la pena recordar los antecedentes, por lo menos de las prestaciones sociales.
DERECHOS ADQUIRIDOS
4 La prestación de an-tigüedad se consagró en la Ley del Trabajo de 1936 en tanto que la cesantía se incorporó en la reforma de dicha ley, en 1947. Ambas eran expectativas de derechos; es decir, la primera procedía cuando la relación de trabajo finalizaba por hechos no imputables a la voluntad del trabajador, en tanto que la segunda sólo procedía en casos de despido injustificado o de retiro justificado.
Dicho de otra manera, si un trabajador era objeto de un despido justificado o si se retiraba sin justificación el patrono no tenía la obligación de pagarle nada. Fue en el año 1974 cuando, mediante Decreto del para entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, se reformó la ley y las aludidas prestaciones se convirtieron en derechos "adquiridos" de los trabajadores venezolanos. De hecho, la idea de la "retroactividad" quedó reforzada porque el referido Decreto ordenó computar la antigüedad anterior para cuantificar ambos beneficios, aun cuando, a la cesantía se le colocó un tope de ocho (8) meses de salario.
Estos, al lado de la Ley Contra Despidos Injustificados, fueron los beneficios laborales otorgados a los trabajadores durante el boom de la gran Venezuela. De modo que cuando el inquilino de Miraflores y la izquierda borbónica anuncian el retorno del "recálculo", así lo rodeen de invocaciones al nebuloso socialismo del siglo XXI, no hacen cosa distinta a refugiarse en la obra social del hombre que intentaron derrocar en 1992.
5 Ese modelo de pres- taciones sociales calculado con el último salario (y estos también parecen ignorarlo sus cultores) entró en crisis de la mano de la inflación que (también) comenzó a ser un problema bajo el gobierno de Pérez y que, desde entonces, se ha convertido en una de las peores plagas que azota a los venezolanos. Por cierto, en aquel período presidencial las quejas de los empleadores con la "retroactividad" fueron escasas, seguramente porque el fenómeno inflacionario aún era manejable y su impacto en las deudas laborales no tenía la repercusión que luego sería visible, en concreto, después del denominado "viernes negro".
6 En efecto, en la medida que la inflación subía los salarios procuraban alcanzarla. Cada alza en los sueldos implicaba un ajuste o "recalculo" en la cuenta de prestaciones que, según los expertos. hacia incierto el costo de la nómina, con lo cual los precios tenían un estímulo más para aumentar y así sucesivamente.
7 La respuesta estatalal aludido problema se inició durante el gobierno del Dr. Jaime Lusinchi, gestión en la cual comenzó el proceso de "bonificación de los salarios", en obvia huida del impacto del "recálculo". Las manifestaciones específicas de dicho proceso fueron la aprobación de un "Bono Compensatorio", además de un subsidio para gastos de transporte y otro para alimentación. La idea subyacente en estos era mejorar los ingresos de los trabajadores sin afectar la cuenta de prestaciones. Por cierto, la norma del Decreto Presidencial que excluyó del salario el monto del Bono Compensatorio fue anulada por la extinta Corte Suprema de Justicia, lo cual significa que, a pesar de las denuncias sobre la existencia de tribus judiciales, el Poder Judicial operaba con autonomía.
8 Esa tendencia se acentuó con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990. Durante su proceso formativo se desató una ofensiva empresarial tendente a modificar el régimen de prestaciones que si bien no encontró eco en los legisladores, si le abrió cause a los subsidios, los cuales fueron declarados, a texto expreso, ajenos al salario. Fue ese el camino por donde se abrieron pase los tiques de alimentación e infinidad de formas de planes de ahorro, todos tendentes a aumentar los ingresos sin mover los salarios. De ese modo, el recálculo de las prestaciones era insignificante.
9 Cuando a finales de 1996, bajo la coordinación de Teodoro Petkoff, para entonces ministro de Cordiplan, se instaló la Comisión Tripartita que tenía la encomienda de procurar un acuerdo sobre prestaciones y seguridad social, el monto del salario mínimo era de Bs 15.000,00 pero el ingreso mínimo ascendía a Bs 53.000,00. En otras palabras, Bs 38.000,00 estaban excluidos del salario, lo cual equivale a decir que más del 250% de la remuneración no se tomaba en cuenta para calcular ningún beneficio laboral.
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