El joven era colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil) y, en el momento de su homicidio, realizaba un documental sobre la lucha de las personas de bajos recursos en la ciudad contra los delitos cometidos por funcionarios policiales. Diferentes organizaciones populares de la región, incluyendo al propio Covicil, han denunciado la existencia en la ciudad de escuadrones parapoliciales que actuaron bajo el presunto amparo de altos ex funcionarios en la región.
Mijaíl era hijo de un ex diputado de la asamblea legislativa del estado Lara, quien fiel a su activismo por las causas populares continuó, bajo su rol parlamentario y dentro del MVR, la denuncia de las irregularidades cometidas por uniformados contra los sectores humildes.
En estos dos años, a pesar de estar apresados dos de los presuntos autores materiales del homicidio por otras causas, no ha sido posible una sentencia en el caso. El 15 de marzo de 2011 fue detenido en un operativo policial Carlos Alberto Zavarce Carucí, por tener presunta responsabilidad en el asesinato. Zavarce, luego de una audiencia de presentación en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, fue recluido en el recinto penitenciario de Uribana, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Posteriormente, el 9 de junio de 2011 se detuvo a Jean Carlos Pérez, presunto autor material señalado en una prueba anticipada; fue detenido por orden de aprehensión del juez de Control Nº 3, cuando estaba siendo atendido en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, y se ordenó su traslado a la penitenciaría de Uribana, donde hasta la fecha se encuentra detenido.
La familia Martínez acusa al ex gobernador Luis Reyes Reyes y al antiguo jefe policial comandante Luis Rodríguez Figueras, quien después de un quinquenio al frente de los uniformados larenses dejó una estela de violaciones a los derechos humanos que solicitan ser investigadas por diferentes organizaciones populares del estado. Corresponde a los organismos competentes, luego de una investigación imparcial, expedita y transparente, corroborar si estos señalamientos tienen asidero.
La indefensión de las personas que realizan actividades de promoción y defensa de los derechos humanos no es exclusiva de los activistas radicados en el estado Lara. Según datos recopilados por la investigadora Mariengracia Chirinos, en el último año se registraron al menos 20 casos de ataques a defensores, arrojando un total de 31 violaciones de DDHH.
Hay que recordar que el Estado venezolano no aceptó las diferentes recomendaciones que solicitaban tomar medidas para proteger a los activistas en el Examen Periódico Universal.
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