Estiman que la Ley del Oro está en un limbo jurídico

Aseguran que ese instrumento legal "no tiene factibilidad para ser aplicado"

Señalan que el decreto es ajeno a la realidad de los mineros | O. DÍAZ/ARCHIVO

EL UNIVERSAL
martes 6 de diciembre de 2011 12:00 AM

Mientras el Gobierno reorganiza sus funciones rectoras de la actividad minera, ahora confiadas al Ministerio de Petróleo y Minería, el decreto de Ley Orgánica que reserva al Estado la exploración y explotación del Oro, transita por un "limbo jurídico", según indica el diputado Américo Da Gracia.

Esa normativa presidencial, publicada en Gaceta Oficial número 39.759, reserva al Estado no sólo la exploración y explotación del oro, sino el almacenamiento, tenencia, beneficio, transporte, circulación y comercialización. Establece en su articulado que "todo el oro que se obtenga, como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, será de obligatoria venta y entrega a la República".

Señala el parlamentario que ese decreto ley "por sí mismo es inviable. No tiene factibilidad para ser aplicado, pues es contrario a la vida misma de esa región. ¿Van a desaparecer acaso a los pueblos?". En su opinión "se sigue jugando con el modus vivendi de lo pequeños mineros; buena parte de la economía al sur del país se mueve en torno a la minería".

El instrumento contempla un proceso de migración de las "concesiones mineras, autorizaciones para el ejercicio de la pequeña minería y los contratos de explotación y exploración de oro" a un esquema de empresa mixta, cuya mayoría accionaria corresponderá al Estado venezolano.

Da Gracia, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, sostiene que "la situación es igual" a pesar de que el decreto ley fijó un plazo para la migración que vence el próximo 16 de diciembre. Y explica que "por la vía de los hechos, se encuentra en el limbo jurídico. Molineros, operadores mineros, joyeros están trabajando de una manera ilegal porque desde el año 2009 el Gobierno no les ha renovado sus concesiones. El desarrollo de su actividad es clandestina".

"Pero desde la realidad", argumenta, "los verdaderos mineros están afectados porque no han tenido respuestas del Gobierno, porque persiste la incertidumbre del alcance de ese decreto Ley y porque esta circunstancias los inhibe para tomar decisiones, para invertir."

Destaca el diputado que "hay unos que se enriquecen a la luz de la Ley". Y de seguidas, refiere que en el caso del robo de oro a la empresa estatal Minerven "las autoridades no han dado nombres, ni han dicho dónde encontraron a los delincuentes. Todo eso es falso. No existen esos detenidos. ¿Qué hay detrás de todo eso?". ML