HELIODORO QUINTERO - TalCual
La minería de oro se concentra fundamentalmente en el estado Bolívar, territorio caracterizado por su extrema fragilidad ecológica, inmensos recursos hidráulicos, donde se encuentra la cuenca del río Caroní, de la cual depende en condiciones normales de operatividad, el 71% de la electricidad del país.
El estado Bolívar posee más del 75% de su extensión protegido bajo la figura de parques nacionales, monumentos naturales (Tepuyes) y otras áreas bajo régimen de administración especial. La expansión de la frontera minera entra en contradicción con estas áreas naturales protegidas que tienen ámbito constitucional.
Desde el año 1999 el Gobierno de Chávez ha impulsado varios planes mineros que comenzaron con la primera Ley Habilitante del año 1999 aprobada por el Congreso. Chávez aprobó el Decreto Nº 295 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Minas publicado en Gaceta Oficial Nº 5.382 Extraordinaria de 28 de septiembre de 1999 que deroga la Ley de Minas de 1945.
La política minera se justificó para poner orden ante las críticas por los desastres ambientales, para satisfacer los requerimientos de la pequeña minería y asumir el control de la actividad por parte del Estado venezolano.
Sin embargo, todos los planes gubernamentales desde 1999 han fracasado, aumentando la corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana, el Ministerio de Minas e Industrias Básicas, la Fuerza Armada y la Gobernación del estado Bolívar. El símbolo más evidente de la negligencia minera es el ex ministro de Minas e Industrias Básicas, Rodolfo Sanz.
La actividad minera descontrolada que ha permitido este régimen genera deforestación de los bosques de la Región de Guayana, remoción del suelo, contaminación de las aguas por la acción del mercurio y el cianuro, tanto de la pequeña, de la mediana como de la gran industria minera del oro.
Existe la amenaza de ocurrir una catástrofe ambiental en el río Orinoco por la proliferación de los desechos tóxicos, que se traducen en pasivos ambientales de un elevado costo económico, social y ecológico que pudieran tornar inviables la futuras operaciones de las empresas básicas de Guayana.
AMENAZADO EL CARONÍ
En la actualidad se mantiene el peligro en la cuenca del río Caroní y en las reservas forestales La Paragua, Imataca y el Caura, por la acción depredadora de la minería promovida por el Estado y algunos particulares.
En el estado Amazonas más del 49% del territorio se encuentra protegido bajo la figura de áreas bajo régimen de administración especial, entre otros. Parque Nacional ParimaTapirapeco el más extenso de Venezuela, con 3 millones 600 mil hectáreas donde se encuentran las cabeceras del río Orinoco y en el cual el presidente Chávez pretendió crear un Territorio Federal para actividades mineras.
La aprobación de la llamada Ley de Nacionalización del Oro del 16 de septiembre del 2011, asume el mismo esquema de migración a empresas mixtas, adoptado por el Estado Venezolano en el sector petrolero.
Mediante esta Ley se reserva el Estado las actividades primarias de exploración y explotación de minas y yacimientos de oro, bajo el criterio tradicional del derecho que proviene desde la Corona Española y el Decreto de Simón Bolívar del año 1829, mediante el cual los yacimientos de oro y otros recursos pertenecen a la República, son bienes del dominio público, parte de la soberanía del Estado, en consecuencia los yacimientos son inalienables e imprescriptibles.
De acuerdo a esta nueva Ley las regalías serán de un máximo del 13% y entrarán en vigencia luego de 60 días a partir de la publicación en Gaceta. Estas regalías podrían reducirse hasta un 3% para empresas mixtas vinculadas a proyectos de minería de interés social con participación de comunidades indígenas y pequeños mineros.
Las denominadas actividades conexas y auxiliares (transporte, almacenamiento, tenencia, circulación, comercialización interna y externa del oro) también pasan a manos del Estado. De igual forma, todo el oro que se obtenga por actividad minera será obligatorio entregarlo y venderlo a la República de Venezuela, que también ejerce el monopolio de su comercialización, pudiendo crear empresas de capital mixtos en los que controlará al menos 55% de composición accionaria.
EL NEGOCIO DEL ORO
En la actualidad la verdadera migración se ha producido hacia la compañía Rusoro en los yacimientos de oro del estado Bolívar, compañías chinas y la cubana Geominsa que realiza la evaluación de las reservas, ambas en asociación con la empresa estatal Minerven.
De acuerdo con la nueva política minera del gobierno, se debe entregar el 60% del oro al Banco Central con la posibilidad de exportar el resto bajo información y control del gobierno venezolano.
En otro orden de ideas, hemos podido conocer que el hombre de confianza de Miraflores para el negocio del comercio con lingotes de oro es el señor Luis Herrera Marcano, quien rinde cuentas de manera personal del Jefe del Estado sin intermediación alguna. Por supuesto que respecto a este tema, corresponderá al gobierno nacional dar las explicaciones pertinentes al respecto.
No obstante, nuestra producción aurífera ha mermado en los últimos años. La estatal CVG Minerven esperaba producir 8 mil kilogramos de oro en el 2010, pero sólo logró un 23% de la meta al alcanzar una producción de 1.837 kilogramos. Desde 2007, no se alcanza la programación establecida.
El aumento del precio del oro en el mercado internacional, aunque represente beneficios económicos para los privados y para el Estado Venezolano, se traducen en daños ambientales en la Guayana venezolana, si no se instrumentan los mecanismos de control correspondientes para las actividades de la pequeña, la mediana y la gran minería.
En Venezuela, donde buena parte de los proyectos mineros está paralizado por falta de inversiones y retrasos en la entrega de permisos, el 60% de la explotación del oro la realizan grupos ilegales que trafican el metal y depredan el ambiente.
Una política minera debería reducirse a determinados espacios, que no signifique expansión de la frontera minera y especialmente proteger los Parques Nacionales y otras áreas bajo régimen de administración especial y las cuencas del Orinoco, el Caroní, Caura, Ikabaru, así como la reserva forestal Imataca.
El mal llamado "arco minero de Guayana" anunciado recientemente por el presidente Chávez no es otra cosa que una muestra más del verdadero capitalismo salvaje que conlleva a la destrucción del frágil sur de Venezuela y la promoción de un desarrollo insustentable.
PROPUESTA
Nuestra propuesta incluye una serie de recomendaciones que deberían estar contenidas en una política seria y responsable en materia de minería desarrollada por el Estado venezolano y que abarque lo siguiente: La protección de los cuerpos de agua natural y desechos mineros, incluyendo los riesgos asociados al tratamiento de aguas a largo plazo y a los químicos utilizados en la extracción y procesamiento de minerales.
Preservación de las áreas de importancia ecológica y cultural. Establecer estándares de protección y gestión ambiental para las minas en operación, incluyendo planes integrales de financiamiento para la limpieza y recolección de residuos a modo de precondición para practicar la minería.
Desarrollar protocolos e implementar prácticas destinadas a una toma de decisiones informada por parte de la comunidad, que respete los derechos e intereses de las comunidades afectadas, incluyendo evaluaciones independientes de impacto socio-económico, ambiental, y auditorías.
Adhesión a protocolos y estándares de derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas.
Para lograr una industria minera viable, se requiere darle celeridad a la investigación y aplicación de nuevas herramientas tecnológicas que permitan desafiar los problemas estructurales y operacionales que actualmente confronta dicho sector en Venezuela y por la tendencia que hemos observado a lo largo de estos 13 años de gobierno "revolucionario" es evidente que no existe la disposición para hacerlo.
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