Y ahora ¿quién alquila en Aragua?, advierte abogado comunitario Guillermo Luces

NORELIS OSUNA | el siglo
foto | MAIKELL HERRERA

El abogado comunitario y director general de las Oficinas Jurídicas Populares y dirigente de Voluntad Popular en Aragua, Guillermo Luces señala que la situación es bien critica

“Alrededor de 50 mil personas en el Estado Aragua están siendo afectadas por la Ley para la Regularización y control de arrendamiento de vivienda de las cuales más de 90% viven en los sectores populares”.

La afirmación corresponde al abogado comunitario, director general de las Oficinas Jurídicas Populares, y dirigente de Voluntad Popular en el estado Aragua, Guillermo Luces, quien por su amplia trayectoria desde hace más de 7 años en las comunidades, asesorando y orientando a la gente en materia legal, ha comprobado que quienes están siendo más duramente golpeados con esta nueva ley son los pequeños propietarios de anexos que viven en sectores populares, ya que al gobierno se le escaparon algunas variables sociales bien importantes.

Como abogado comunitario, Luces participó en Aragua en las discusiones que se dieron antes de ser aprobada esta ley, pues la misma fue debatida en los distintos espacios del gobierno a nivel nacional y siempre hizo sus aportes dada la experiencia que tiene ya que las oficinas comunitarias jurídicas populares tienen sedes en barrios como Brisas del Lago, San Vicente, Caña de Azúcar, 23 de Enero y San Carlos. Lamentablemente, aunque sus observaciones tienen lógica y muchos estuvieron de acuerdo con él en estos debates a la hora de promulgar la nueva legislación no tomaron en cuenta esas objeciones.

“Si algo nosotros recibimos a diario en las oficinas comunitarios jurídicas populares son contratos de arrendamientos, problemas entre inquilinos y propietarios, reclamos sobre los depósitos y desalojos, que eran los puntos álgidos que ciertamente necesitaban que fueran tocados por esta nueva ley·.

Lapsos para desalojar ahora son más largos

Por lo tanto, la primera observación que hace es que mientras la Ley anterior establecía que para solicitar un desalojo de una persona que no pagaba arrendamiento se necesitan dos meses, ahora la nueva legislación extendió estos lapsos de espera a cuatro meses, situación que es bastante engorrosa y complicada para las personas de bajos recursos que viven del alquiler de un anexo en sus viviendas.

“Hay personas que a través de los años sacrificaron una planta alta, una sala, el patio de su casa, el jardín u otros espacios, para construir una habitación o anexo, para poder tener un ingreso digno o para poderse ayudar, y es ahí donde el gobierno no observó bien esos detalles que son variables sociales”.

Para el abogado comunitario, "no se le puede dar el mismo tratamiento a una persona de Brisas del Lago que el que se le da a alguien que tenga cinco apartamentos en Las Delicias y por lo tanto era necesario establecer diferencias”.

“Pero estas diferencias no están plasmadas en la reciente aprobada ley. Eso es preocupante, sobre todo, cuando vemos casos como una pareja de la tercera edad en el barrio 23 de Enero, donde el esposo era obrero de la construcción y su señora, ama de casa. Ellos construyeron con mucho sacrificio dos habitaciones en su vivienda, las cuales les generan un ingreso aproximado de 2 mil bolívares para sus gastos de alimentación, medicamentos, pago de servicios y otros, porque no tienen pensión del seguro social y ahora resulta que tienen que esperar cuatro meses para solicitar el desalojo a un inquilino que no les quiere pagar”.

Recalca que cuatro meses de espera para una persona que vive de dos alquileres en un barrio se le hace realmente cuesta arriba la situación, porque durante ese tiempo como sobrevive entonces. “Yo si pienso que tiene que haber un control. Los países desarrollados del primer mundo tienen control sobre los alquileres. El problema está en la aplicación de la ley porque si el gobierno y autoridades no le dan importancia va a suceder lo mismo que con las otras legislaciones y la gente va a seguir haciendo lo que quiera”.

Viola derecho a la propiedad privada

Destacó que la otra crítica que le hace a la nueva ley, es que ésta viola el derecho a la propiedad, a pesar de que la Constitución establece cuatro elementos fundamentales, como el uso, goce, disfrute y la disposición de la propiedad. Para él están obviando estos elementos, sobre todo con el que se refiere a la disposición, porque la persona que de ahora en adelante va a alquilar un anexo de su vivienda no puede ponerle el precio a ese espacio que es de su propiedad, sino que primero tiene que dirigirse al departamento administrativo de la Superintendencia de Inquilinato para informarles que quiere arrendar y de ahí van a enviar un funcionario para hacer una inspección, puesto que ahora la ley establece una formula para fijar el canon de arrendamiento, como ubicación de la casa, estado, conservación, tiempo de construida, si tiene servicios, entre otros requisitos.

“Cuando nosotros vamos a los barrios y nos sentamos a hablar con la gente o realizamos asambleas, los afectados nos dicen que no entienden esa parte legal, porque a ellos les costó trabajo, dedicación, dinero, sacrificio y lágrimas hacer un anexo en su vivienda, para tener ahora que pedir permiso para ponerle precio a ese espacio que van a arrendar el cual es de su propiedad”.

Reitera que esta ley no tiene una tabla que fije los precios para alquileres de pequeños propietarios de anexos en los sectores populares y para aquellos que arriendan en Las Delicias, El Castaño y otras zonas residenciales similares. Recalca: “creo que tiene haber un control, pero que sirva justamente para evitar los excesos y abusos y para que todos nos podamos manejar dentro de una franja de lo que debe ser la justicia y la ecuanimidad en el tema de los arrendamientos”.

Más burocracia...

Al seguir enumerando los contra de la ley, sostiene que la misma ordena la creación de la mencionada Superintendencia de Inquilinatos, generando más burocracia para resolver los problemas, porque anteriormente cuando una persona iba a solicitar un desalojo porque no le estaban pagando el arrendamiento iba directamente a los tribunales, pero ahora tienen que dirigirse a una institución administrativa como la señalada, donde luego de varias reuniones para tratar de llegar a ciertos acuerdos es que puede proceder a demandar.

Indicó que con la experiencia de otras instituciones del gobierno que ya existen que funcionan de manera burocrática, donde para realizar algún trámite tienen que madrugar, hacer largas colas, como es la Inspectoría del Trabajo, Inpsasel, entre otras, a nadie le consta que la Superintendencia va a funcionar como es debido.

Caen contratos de arrendamientos y suben notificaciones de desalojo

Explicó que la situación en materia de alquileres se ha agudizado desde que comenzaron las discusiones en la Asamblea Nacional sobre esta ley, pues ellos a través de las cinco oficinas comunitarias que tienen en los distintos barrios de Maracay, se dieron cuenta que se empezaron a caer los contratos de arrendamientos y a subir las notificaciones de desalojo.

“Fue entonces que empezamos a tratar de analizar que si habían aproximadamente 50 mil personas afectadas en el estado Aragua por esta ley, de los sectores populares, también habían 50 mil inquilinos perjudicados por esta misma legislación, puesto que por los problemas antes mencionados y por la misma desconfianza e incertidumbre que hay la gente no quiere alquilar”.

Expresó que a nivel nacional son 750 mil propietarios afectados, pero también hay la misma cantidad de inquilinos afectados.

“Y es que el gobierno ha querido meterle a la gente de manera discrecional, que con la nueva ley si no quieren pagar no lo hagan, cuando la misma establece que el que no paga tiene que desalojar. El problema como dijimos es el lapso para llegar a este procedimiento que es de cuatro meses”.

Propietarios Vs. Inquilinos en los barrios

En tal sentido, recalcó que los funcionarios del gobierno, deben evitar hacer estos comentarios discrecionales porque están generando más problemas en los barrios, en los sectores populares, entre propietarios e inquilinos.

Manifestó que la situación es tan critica, que al gobierno se le han complicado las cosas, con la creación del Frente Nacional Bolivariano de Propietarios, que nació para defender los derechos de las personas que alquilan anexos o pequeñas viviendas en los barrios.

“A la final el gran perjudicado de todo esto, es el inquilino, porque con tanta incertidumbre, tantas dudas y confusiones. ¿Y ahora quién alquila en Aragua? . En términos de porcentaje los arrendamientos han caído en más del 80%”.