Según el abogado las sentencias de un tribunal son decisiones que deben acatarse por ser emitidas por un máximo ente judicial y en este caso por el más alto tribunal del país.
En este sentido, Carmona indicó "el hecho que el Gobierno no indemnice a los afectados como lo establece la sentencia del TSJ es violatorio e inconstitucional, porque toda jurisprudencia se hace ley y por ende debe cumplirse", agregó.
Para el representante del Colegio de Abogados de la entidad esta acción evidencia que el Poder Judicial en Venezuela está totalmente parcializado hacia el Poder Ejecutivo. "Esto pasa porque estamos ante un TSJ a las órdenes del Gobierno Nacional", expresó el experto en leyes.
Ratificó que en el país no existe el estado de derecho, pues -según dijo- de existir, el TSJ con una solicitud de amparo ya hubiese podido ordenar y ratificar la decisión.
Como se recordará en días pasados el vicepresidente de la República Elías Jaua, anunció que no se indemnizaría a los habitantes afectados por la crecida del Lago de Valencia, contrario a lo que establece la sentencia del TSJ del año 2006, la cual además de ordenar la indemnización, establece el desalojo de las familias y demolición de las viviendas.
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