Los demandantes consideran que la Sala Constitucional del TSJ debe anular los artículos 7, 84 y 88 de la ley, además de la disposición final quinta, porque violan derechos establecidos en la carta magna.
El artículo 7 crea las categorías de pequeños propietarios (que alquilan 1 o 2 inmuebles) y multiarrendadores (quienes rentan 3 o más), que sirven de base para otorgar un trato jurídico distinto en el resto de la ley.
En el recurso se argumenta que esa diferenciación atenta contra los artículos 19 y 21 de la Constitución, que exigen al Estado garantizar los derechos de todas las personas y prohíben la discriminación de cualquier tipo.
El artículo 84 obliga a las empresas constructoras a destinar un porcentaje de las viviendas que edifican al alquiler y el 88 agrega que estas unidades deben ser vendidas a los inquilinos luego de transcurrir 10 años.
Los demandantes consideran que esta obligación a las constructoras viola el artículo 115 de la Constitución, que garantiza a todos los venezolanos el uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes.
También atenta contra el derecho de propiedad la disposición final quinta, que obliga a vender a los inquilinos "las viviendas constituidas sobre edificios que tengan 20 años o más dedicados al arrendamiento".
En el recurso se agrega que la disposición va contra otros artículos de la carta magna porque discrimina al multiarrendador (los pequeños propietarios están exceptuados) y tiene efecto retroactivo.
Roberto Orta, presidente de Apiur, aclaró que el recurso de nulidad no será la única acción judicial contra la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos.
María Elena Navarro, vocera de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, dijo que otro artículo que puede impugnarse por discriminatorio es el que crea la defensa pública limitada a los inquilinos.
"El arrendatario tiene protección jurídica y el arrendador no. A los pequeños propietarios les piden un abogado cuando van a la Dirección de Inquilinato (ahora Superintendencia) y algunos no tienen cómo pagarlo", apuntó Navarro.Las asociaciones de propietarios también intentarán reunirse con el presidente Hugo Chávez, que dijo estar dispuesto a recibirlos cuando promulgó la ley. Pidieron audiencia, pero no han tenido respuesta.
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