Los contadores de Carabobo escucharon las implicaciones del referido instrumento legal, el cual fue expuesto por cada uno de los ponentes.
NOTITARDE
Valencia, noviembre 23 (Marlene Castellanos).- Para el ex secretario de planificación, Rafael Palacios, la Ley de Costos y Precios Justos, viola la soberanía de los consumidores porque será el Estado quien decida lo que debe comprarse y su precio.
Palacios, que estuvo como ponente en el foro sobre Ley de Costos y Precios Justos, organizado por el Colegio de Contadores, aseveró que el documento es discrecional porque deja a potestad de los fiscales la toma de decisiones sobre el valor de los artículos.
Esta Ley generará, a su juicio, inseguridad jurídica y alejará a los inversionistas, pues ningún empresario extranjero vendrá a colocar su capital en Venezuela con este tipo de reglamentos.
Comentó que si no hay inversiones habrá mayor desempleo y si la población no encuentra trabajo aumentará la inseguridad.
El ex funcionarios calificó de nefasto e inconstitucional este instrumento de ley porque ante cualquier sospecha de que la información entregada por las empresas o establecimientos es insuficiente, puede plantearse como medida el comiso de la mercancía y el cierre del local.
El Ejecutivo, a su juicio, no pensó a la hora de redactar este documento que afecta a los empresarios y a los profesionales, pues en las sanciones se establece la inhabilitación en su ejercicio por 10 años, lo cual es contra natura.
Ante este escenario comentó que mientras se realizan los aspectos legales para anular este documento, los empresarios no pueden quedarse de brazos cruzados, sino por el contrario deben implementar en su compañía un sistema de información gerencial, en el cual desde la base de la estructura surjan los informes para los diferentes departamentos.
Subrayó que esta ley por más que el Gobierno Nacional diga que no incrementará la escasez de artículos, sí lo generará porque los controles no ayudan ha que haya mayor producción. "Es una locura que a un productor o un prestador de servicios lo sancionen por un mismo hecho a través de tres leyes distintas: la recién promulgada, la de Indepabis y la de Protección y Promoción de la Libre Competencia. Si estos dos instrumentos buscan acabar con los monopolios y la especulación, no se entiende para qué se creó un tercero".
Por su parte, el administrador, Ángel Galindo, quien también participó como ponente, señaló que en la ley se establecen diferencias en las estructuras de costos, de los entes públicos con las empresas privadas y los entes jurídicos.
Manifestó que existen muchos vacíos en cuanto a los recaudos que deben entregarse ante la Superintendencia y tampoco han puesto en funcionamiento la página Web ni las oficinas a donde se debe acudir para consignar los análisis de costos de cada empresa o particular que preste un servicio.
Sostuvo que es imposible establecer un precio justo, en el área profesional porque no hay un baremo para determinar si la persona gana más porque tiene mayor conocimiento en un área o por sus estudios.
El profesor de la escuela de economía de la Universidad de Carabobo, Pablo Polo, dijo que el exceso de regulación generará efectos negativos porque la población no tendrá fácil acceso a los bienes en los establecimientos comerciales, lo cual incrementará el mercado negro.
Manifestó que la ley se utilizará como un elemento de castigo y no como un instrumento de control de los precios.
"La medida de congelación de los precios de 18 productos creará una escasez artificial no producida por las empresas sino por las estructuras de ventas que se agarrarán de esta regulación para controlar la distribución".
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