Decretos obligatorios destruyen la economía

EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS A JURO PODRÍA DESCUADRAR LOS PLANES DE LAS INSTITUCIONES

El economista Manuel Rodríguez Mena asegura que la medida busca resolver la ineficiencia del Ejecutivo. Aquiles Martini destacó que la aprobación de los créditos dependerá de la oferta de inmuebles, que es escasa

ELINOR MADERO MARTÍNEZ - TalCual

"Un paso más hacia la estrategia del Gobierno Nacional de instaurar un régimen militarista totalitario", calificó el economista Manuel Rodríguez Mena el decreto Nº 8.628 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.737, del lunes 28 de noviembre, mediante el cual se establece que las instituciones del sector bancario tienen la obligación de otorgar préstamos hipotecarios para la adquisición de inmuebles con préstamos a corto plazo.

Según el economista este es un paso más del Ejecutivo en su estrategia para lograr el objetivo supremo. "Estas son estrategias de destrucción del sistema político democrático representativo y del sistema económico de libre empresa con propiedad privada múltiple de los medios de producción".

Rodríguez Mena dijo que estas medidas buscan resolver el problema de la ineficiencia que han tenido durante años, ya que "ahora pone a la banca privada a cumplir el papel que le correspondería solo a la banca pública como parte de las funciones del Estado", y en este sentido comentó que ya lo han hecho en otros aspectos, como al implantar la cartera crediticia obligatoria agrícola.

Por ello asegura que "el gobierno ha venido descargándose de obligaciones financieras con la economía del país, y la ha estado cargando a los hombros del sector privado, y eso es parte de la estrategia destructiva".

Al consultarle sobre la cantidad de créditos que tienen que otorgar los bancos comentó que esto podría descuadrar la planificación interna de los mismos, que adoptan las decisiones según las inversiones del mercado y las posibilidades de colocación con rendimiento.

Para Rodríguez Mena, "estas son medidas de intervención mortuoria, que solo buscan acabar con las instituciones privadas e ir matándolas pocos poco. La cantidad de créditos debe ser decisión de los bancos, y no una orden del gobierno.

Y una vez más el Ejecutivo está sustituyendo las decisiones que no le competen".

Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria, comentó: "el gran drama estará en la disponibilidad de las viviendas".

Martini asegura que muchas veces las carteras de obligatoriedad no son cumplidas por las instituciones, porque no hay suficiente oferta de inmuebles.

"Ahí se toman en cuenta las resoluciones de las leyes como la de arrendamiento, la cual obliga a los promotores o constructores privados a entregar parte de las viviendas para el alquiler a unos precios y regulaciones que no tienen sentido", lo que evitaría que se hagan inversiones privadas.

DECRETO DE OBLIGATORIEDAD

Las instituciones del sector bancario, tanto públicas como privadas, tendrán la obligación de otorgar préstamos hipotecarios a largo plazo, con cargo a la Cartera Hipotecaria Obligatoria, para la adquisición de todos y cada uno de los inmuebles que hayan sido construidos, total o parcialmente, con préstamos a corto plazo otorgados por cada una de ellas con recursos provenientes de dicha cartera.

Según el artículo 2 del decreto, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) efectuará un seguimiento mensual de lo establecido en el presente Decreto y aplicará las sanciones previstas en la ley en caso de incumplimiento de las instituciones financieras.

Además, la norma establece la "rebaja solidaria por vivienda perdida", a raíz de desastres naturales, en los términos y condiciones establecidos en el decreto y que consiste en la disminución del 50% del saldo del precio de la vivienda principal que adquieren.