Gerardo Barreto, presidente de la Cámara de Industriales de Carabobo. (Foto: Archivo) |
Así lo señaló el presidente de la Cámara de Industriales de Carabobo, Gerardo Barreto, quien aseguró que el Gobierno no cuenta con la infraestructura para poder controlar de forma efectiva el valor de los rubros alimenticios, de cuidado personal y limpieza del hogar que son los incluidos en el primer segmento a regular.
Manifestó que tal como está concebido el instrumento puede generarse malos entendidos en lo que se refiere a la estructura de costos de las empresas.
Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Damiano Del Vescovo, aseguró que el documento es anticonstitucional y viola el artículo 116 de la Carta Magna, que establece el libre comercio.
Expresó que existen muchas incógnitas sobre el registro nacional de precios de bienes y servicios, porque hasta la fecha no está en funcionamiento la página Web dónde se hará la inscripción y se desconoce los recaudos que deben entregar los empresarios.
Destacó que al sector le preocupa que este organismo tenga la potestad de admitir o no la inscripción de las compañías, pues el que no tenga el certificado no podrá ejercer.
Igualmente criticó que este organismo genere una categoría de los bienes y servicios porque esto significa que el Gobierno tendrá en sus manos la producción privada.
Otros de los aspectos negativos observados por el representantes del sector comercio y servicio, es la intervención de los consejos comunales y las asociaciones organizadas en las comisiones pues a su juicio estos sectores desconocen los factores que integran la estructura de costos.
El presidente de Fedecámaras Carabobo, Antonio Landaeta, consideró que la inflación solo puede combatirse con producción, confianza e inversiones y un clima de seguridad jurídica.
Comentó que espera que la Superintendencia se entere de cuáles son los verdaderos costos de los rubros y establezca precios justos.
Criticó que el actual reglamento tenga fuertes sanciones pues, implica la inhabilitación de hasta 10 años a quienes incumplan con los montos establecidos, determina el cierre de los establecimientos.
Igualmente plantea el cobró de multas de 15 y 30 salarios mínimos a quienes eleven los costos sin autorización, y habla de expropiación de bienes y cárcel.
Landaeta aseveró que la economía de un país no puede regirse por esas normas, sino con armonía. "De nada vale que haya un artículo económico si no se consigue".
El presidente de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos de Carabobo, Manuel Emilio Pérez, subrayó que es falso que la Ley de Costos, pueda regular la inflación, porque no es el sector productivo el que las genera sino el Gobierno Nacional, con sus políticas económicas que ha hecho que las empresas que producen bienes y servicio hayan disminuido en un 40%.
Sostuvo que los afectados serán todos los sectores porque este instrumento están dirigido a los que producen, importan, comercializan y prestan servicios.
A su juicio la Ley de Costos solo generará mayor corrupción y pérdida de competitividad de la industria nacional.
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