Los abogados que asesoran a la bancada de la MUD advierten que la reforma legal puede prestarse para la "cacería de brujas" | ENIO PERDOMO
PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
sábado 29 de octubre de 2011 12:00 AM
El proyecto de reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo elimina la tutela que ejerce el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre los agentes de operaciones encubiertas.
La norma vigente desde septiembre de 2005 establece que "estas operaciones son de carácter excepcional y se efectuarán bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público competente previa autorización del juez de control, siempre que parezca difícil el esclarecimiento del delito investigado o para efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar".
La modificación que defiende la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela y que fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el jueves, suprime esa disposición y define a los agentes de operaciones encubiertas en estos términos: "funcionarios de unidades especiales de policía que asumen una identidad diferente con el objeto de infiltrarse en grupos delictivos organizados para obtener evidencias sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente ley".
Con cuidado
Los abogados que asisten a la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática cuestionan la propuesta legal.
"La eliminación del último aparte del original en cuanto a la supresión del carácter excepcional y del Ministerio Público y del juez de control es altamente peligrosa y se presta para que se practiquen todo tipo de abusos", advirtieron por medio de una misiva los expertos a los diputados de la oposición.
Con respecto a las definiciones de "íntimo asociado", "operación inusual" y "operación sospechosa", todas contenidas en el artículo 4 del proyecto, los asesores de la MUD alertan que "pueden dar lugar a una cacería de brujas".
De tal palo
Antes de iniciar el debate el jueves pasado, el primer vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz, confesó que "esta ley viene del Ejecutivo". Sin suerte, la oposición intentó diferir la primera discusión del texto. ¿El motivo de su rechazo? La había recibido el miércoles.
Pese al poco tiempo del que dispusieron, los técnicos de la alianza opositora realizaron un breve informe sobre el documento de 69 artículos.
Allí refutan que faculten al Ejecutivo para crear, mediante decreto, un servicio especial con el fin de administrar y enajenar los bienes utilizados por el crimen organizado. "Mayor burocracia que genera corrupción y se excluye del control del Ministerio Público y del juez de control", objetan.
Los abogados de la MUD también censuran la constitución de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, contemplada en el artículo 6 del proyecto, al considerar que "suplanta funciones del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal".
En cuanto a los órganos competentes de investigaciones penales, la norma vigente incluye a la Armada y la Guardia Nacional. La reforma incorpora a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Según los expertos de la oposición, este cambio obligará a enmendar la ley que regula a la FANB. Por último, protestan el aumento "exorbitante" de las penas.
ppenaloza@eluniversal.com
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