El vicecanciller para Europa, Temir Porras, y el representante de Venezuela ante la ONU, Germán Mundaraín, recibieron las recomendaciones | AVN
JUAN FRANCISCO ALONSO | ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
miércoles 12 de octubre de 2011 12:00 AM
Ginebra.- En saco roto. Allí fueron a parar las expresiones de preocupación sobre la independencia del Poder Judicial y las recomendaciones que al menos una docena de Estados miembros de las Naciones Unidas formularon a las autoridades venezolanas para revertir la situación durante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, que ayer concluyó en la ciudad suiza de Ginebra.
De las 38 sugerencias que figuraban en el informe final, aprobado este martes por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que las autoridades venezolanas rechazaron, bajo los argumentos de que "violan la Constitución", "representan una injerencia en los asuntos internos" y/o "son irrespetuosas", once buscaban precisamente asegurarse que jueces y fiscales pudieran realizar su labor con la mayor autonomía posible.
La delegación encabezada por el vicecanciller para Europa, Temir Porras, se negó a aceptar las peticiones que las delegaciones de Australia, Alemania y Reino Unido, por ejemplo, formularon el viernes pasado para que cesen los nombramientos provisorios de jueces y fiscales y para que las designaciones se realicen de acuerdo a méritos.
Llama la atención que las autoridades no hayan aceptado esta recomendación, la cual parece calcada del artículo 255 de la Constitución, el cual reza: "El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y serán seleccionados por los jurados".
En la actualidad más del 50% de los 1.920 jueces que hay en Venezuela son provisorios y accedieron a sus puestos porque fueron designados por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y hasta septiembre pasado, cuando se instalaron el Tribunal y la Corte Disciplinaria Judicial, esa misma instancia podía removerlos sin ningún tipo de procedimiento.
Desde que en 2005 se puso en marcha el proceso para la regularización de la titularidad de los jueces, el TSJ no ha vuelto a convocar ningún concurso. En contraposición la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos que su despacho iniciará este mes el proceso para combatir la provisionalidad, que en su despacho llega al 100%.
La ONU ha dictaminado que una de las formas para garantizar a los jueces y fiscales su autonomía es que gocen de estabilidad en sus cargos y que sus ascensos sean por méritos.
La única recomendación sobre la independencia del Poder Judicial que las autoridades dijeron que estudiarían, y que en marzo próximo dirían su aceptan, fue la planteada por la delegación belga, la cual propuso que se incrementarán los medios materiales y humanos para reducir el retardo procesal.
Ni de broma
Posibilidad de reformar leyes como el Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar, para suprimir los delitos de vilipendio, difamación e injuria; la Ley de Partidos Políticos, la cual obliga a los diputados votar lo que su tolda les ordena so pena de inhabilitación, y/o desechar definitivamente el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, instrumento que busca controlar el financiamiento que las ONG reciben del exterior, fueron rechazadas también por el Gobierno.
Igualmente el Ejecutivo desatendió la petición hecha por delegaciones como Japón o Bélgica para que las decisiones que adopten organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean aplicadas en Venezuela, tal y como lo ordena el artículo 23 de la Carta Magna.
Tampoco quiso comprometerse a castigar a los responsables de los ataques contra periodistas ni activistas de Derechos Humanos ni a tomar medidas para garantizarle a los ciudadanos que puedan acceder a la información que manejan los organismos públicos.
En veremos
La delegación venezolana analizará otras 15 recomendaciones, entre las cuales resaltan permitirle a los relatores de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que puedan visitar el país para verificar la situación de las garantías fundamentales.
Desde 2002 el Gobierno se ha negado insistentemente a autorizar que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puedan ingresar al territorio nacional, bajo el argumento de que los mismos están parcializados y que respaldaron su intento de derrocamiento en abril de ese año.
Este hecho fue destacado por la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien viajó a Ginebra para presenciar el desarrollo del Examen Periódico Universal, pues "Venezuela ha mantenido una actitud de abierto desacato a sus obligaciones internacionales".
Por último, no desechó de plano la posibilidad de abrir un diálogo con las organizaciones pro Derechos Humanos ni con las de la sociedad civil para diseñar un plan nacional de Derechos Humanos, tal y como se lo solicitó la representación de Brasil.
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