Guyana y Canadá acordaron explotar oro en el Esequibo | CORTESÍA
ALICIA DE LA ROSA | EL UNIVERSAL
viernes 7 de octubre de 2011 12:00 AM
"El Gobierno de Venezuela está metido en un enredo diplomático", asegura Emilio Figueredo, antiguo embajador ante las Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, tras conocerse que una empresa canadiense firmó un acuerdo con el Gobierno de Guyana para la explotación de una mina de oro en una zona del Río Cuyuní, ubicada en territorio en Reclamación, aproximadamente a 70 kilómetros del estado Bolívar.
A juicio de Figueredo el culpable de esas circunstancias es el presidente Hugo Chávez por su "imprudencia, desconocimiento del derecho internacional y la ceguera ideológica" con la que ha llevado las negociaciones. "El Presidente y la Cancillería venezolana no han entendido que las declaraciones públicas en derecho internacional tienen consecuencias tanto por declarar de más como en guardar silencio".
"El temor que alguna vez tuvieron las multinacionales de invertir en la zona del Esequibo por tener un proceso contencioso se disipó en voz de Hugo Chávez cuando en el 2004 declaró que el Gobierno venezolano no sería un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en la zona de Reclamación. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa declaración que, además, fue ratificada en el 2007 cuando le dijo al presidente de Guyana que ese proceso era ilegal por ser un producto de las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el de Rómulo Betancourt", explicó.
El ex embajador señala que si bien es cierto que el comunicado en conjunto emitido el pasado viernes luego de la reunión entre los cancilleres de Guyana y Venezuela en Puerto España, "abrió una rendija de espacio para negociar particularmente la fachada atlántica y algunos criterios de ratificación vinculados al Acuerdo de Ginebra, el Presidente (Chávez) no puede decir ahora que está en desacuerdo con la explotación del oro de la empresa Guyana Golfields INC, por lo que Venezuela se encuentra en un verdadero enredo diplomático".
Ante esta situación, Figueredo asegura que desde el punto de vista del derecho internacional, queda muy poco por hacer. "La única recomendación viable es que se manden notas diplomáticas tomándose como punto de partida que la inversiones no favorecen a las poblaciones cercanas al Río Cuyuní pero tenemos entendido que no hay y las que hay son muy pocas, o que las consecuencias ambientales pueden ser nefastas pero la Cancillería tendría que hilar muy fino para presentar estas objeciones sin que se desmienta la palabra presidencial", destacó Figueredo.
Agregó: "Esta es la forma que consiguió el Gobierno de Guyana para decirle a Venezuela: aceptamos el comunicado pero igual hacemos lo que queremos. Esto demuestra que la palabra puede pronunciarse libremente en el terreno político nacional, pero en el internacional trae consecuencias".
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