Chávez lo sabe

Tal Cual Digital

El Comité Paz y Vida de Barinas denunció ante la CIDH las ejecuciones. Considera que entes nacionales están implicados

Por: Víctor Amaya

Oscar Pineda, presidente del Comité Paz y Vida, carga una pesada carpeta que resume 5 años de denuncias y actuaciones frente a las autoridades. 5 años de buscar justicia. Asegura que desde 2006 en la región gobernada por el hermano del líder rojo se han acumulado 178 ejecuciones que terminaron siendo tipificadas como "ajustes de cuentas" por los cuerpos policiales. Además, dice, ya van 54 desaparecidos. "Yo acuso de frente al Sindicato de la Construcción de Barinas y a los organismos policiales de estar detrás del negocio del secuestro".

Más de 30 comunicaciones han sido dirigidas ante todos los poderes públicos.

La más reciente fue recibida el 28 de junio en Miraflores, dirigida al presidente Hugo Chávez, haciendo recuento de todas las denuncias. Es la sexta carta dirigida al primer mandatario, incluyendo una que llegó hasta sus manos durante una visita a su región natal.

Es también la sexta sin respuesta.

Tampoco han respondido la fiscal Luisa Ortega Díaz, la defensora del Pueblo Gabriela Ramírez ni el gobernador Adán Chávez. En la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional también reposan 37 expedientes. "Cuando llevo los papeles me atienden bien y hasta con sonrisas, pero no dan soluciones. Algunos me dicen que vaya a la Fiscalía, pero ya fuimos.

Yo pido acciones inmediatas", dice Oscar Pineda. La indiferencia de las instancias regionales y nacionales los llevó a introducir el 30 de marzo un pliego de denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

RELATO DE UN TESTIGO

Jaime Landaeta, Numa Altuve, Adrián Báez. Keiler Molina y Darío Aguirre son los jefes del Sindicato de la Construcción barinés y los responsables, según Pineda, de tanta extorsión y muerte en el estado. La aseveración viene respaldada por la declaración que el pasado 14 de junio, y ratificada el 21 del mismo mes, Carlos Alfredo Arteaga, dejó por escrito en sendos documentos con carácter de confesión donde acusa a los mencionados como autores intelectuales de la muerte de Javier Soler.

Ambos textos, uno de ellos manuscrito, relatan detalladamente agresiones verbales y físicas, desapariciones, y las denuncias que el declarante hizo el 4 de enero de este año ante el fiscal Henry Rico y ante la policía científica. Asegura el testigo, ahora enconchado y temeroso por su vida, que la denuncia quedó frenada porque "dentro del Cicpc Barinas hay funcionarios sobornados" y señala además que otros testigos han sido hostigados para evitar declaraciones.

Carlos Arteaga formó parte del mismo sindicato y se relacionaba con los que ahora acusa. De hecho, en registros judiciales se le relaciona con Adrián Báez en un caso de ocultamiento de arma de fuego, fechado en 2007. "Báez desaparece a Soler porque les hacía peso en la institución al igual que yo", se lee en su declaración escrita.

SOSPECHOSOS HABITUALES

"El Estado no está obligado a responderle a nadie". Con esta frase fue recibido Pineda en la Defensoría del Pueblo, según relata el barinés.

"Nosotros hemos ido desde la Gobernación de Barinas, la Fiscalía regional y el Cicpc, hasta la Presidencia de la República, y nadie hace nada. Yo creo que hay instituciones implicadas y por eso no hay respuesta".

Oscar Pineda relaciona a los directivos del sindicato con el gobernador Adán Chávez y concluye que "el Cicpc está podrido". Como ejemplo, recuerda el caso del comisario Jorge Silva quien, presuntamente, fue asesinado por funcionarios de ese cuerpo policial "para evitar que hablara de estos casos, porque él sabía todo sobre el Sindicato de la Construcción". Sin embargo, oficialmente el delito recayó sobre Roger Leonardo Bello Moreno, apodado El Sangre, a pesar de que sus familiares aseguran que el joven no se encontraba en el lugar del suceso. Posteriormente, El Sangre fue hallado muerto luego de ser raptado junto a su hermano que se mantiene desaparecido desde 2009.