Lamentablemente, Aragua se convirtió en el primer estado con dos gobernadores que ejercieron de forma consecutiva enfrentando acusaciones de corrupción, sumando entre ambos 17 años de administración pública.
Al culminar su mandato, Isea pasó al Banco del ALBA, donde permaneció pocos meses debido al surgimiento de rumores y acusaciones
Primero fue Didalco Bolívar, quien incluso estuvo prófugo de la justicia y bajo alerta roja de INTERPOL, y ahora es el exgobernador Rafael Isea, a quien la fiscal general Luisa Ortega Díaz relacionó con actos de malversación pública.
La gravedad de estos hechos motivó incluso una solicitud de parte de Venezuela a la Policía Internacional de la emisión de una "alerta roja" sobre Isea, quien presumiblemente se encuentra residenciado en los Estados Unidos.
Paradójicamente, fue Isea quien luego de asumir el cargo a finales de 2008 presentó un expediente de 40 casos de corrupción atribuibles a Bolívar, quien actualmente se encuentra bajo régimen de presentación en un juicio del que se desconocen detalles.
Al dejar Isea la gobernación y asumir el actual gobernador, Tareck El Aissami, comenzaron las investigaciones de la nueva administración sobre varias obras paralizadas. Pronto, el mandatario oficialista comenzaría a aportar pistas que permitían deducir lo que finalmente el Ministerio Público oficializó recientemente: que existen elementos para investigar hechos de corrupción.
Ante la opinión pública, indicios de tales hechos fueron observables en la ejecución de importantes obras como la construcción del distribuidor Simón Bolívar de la ARC, el estadio Iberoamericano de atletismo o la remodelación del Teatro de la Ópera.
Sin embargo, este panorama quedó planteado en el caso de Isea con la solicitud formal, en julio de 2013, por parte de Caryl Bertho, secretaria de gobierno de Aragua, de la apertura de una investigación contra Gerardo Isea, hermano del exgobernador y presidente Minarsa, y Cindy Castillo, funcionaria de Suministros y Procura Aragua, SA (Supraragua).
Según la denuncia de Berto, el daño al patrimonio del estado Aragua ascendió a 59 millones de dólares y 9 millones de euros, al parecer en un mecanismo fraudulento de compra de maquinarias en mal estado.
Las similitudes se tornaron curiosas cuatro años antes, pues el primer elemento para proceder a investigar a Didalco Bolívar fue la localización en abril de 2009 de un galpón fantasma en la avenida Intercomunal Maracay-Turmero, donde fueron hallados equipos médicos, ambulancias y maquinarias en estado de abandono. El 22 de agosto de 2009 fue dictada una medida de aprehensión contra Bolívar por parte del Ministerio Público.
En ese momento, Bolívar era de la oposición, lo que le permitió manejar la tesis de persecución política y eventualmente, huir del país con rumbo a España. Luego viajó a Perú y meses después a Panamá. Desde el istmo, Bolívar planteó no solo su regreso a Venezuela sino al chavismo, ejerciendo actualmente la dirección del partido Podemos.
Actualmente, quien se encuentra fuera del país es Rafael Isea, al igual que su hermano Gerardo Isea y la funcionaria Cindy Castillo, a quienes turistas maracayeros avistan con frecuencia por las calles de Miami.
Didalco Bolívar a su regreso a Venezuela fue recibido en Maiquetía por funcionarios del Sebin
¡QUE SE HAGA JUSTICIA!
WENDY RAMÍREZ | el siglo
Para Miriam Pardo, diputada revolucionaria, los organismos judiciales son los encargados de decir quienes son los culpables. Aceptó que tanto en el gobierno anterior de Rafael Isea como en el Didalco Bolívar han ocurrido una serie de irregularidades que -a su juicio- deben ser pagadas ante la justicia.
"Los órganos judiciales que se encarguen de eso pues los órganos políticos ya tendremos nuestra posición. Quien tenga que pagar por delitos que los pague. Aquí en Venezuela Chávez nos enseñó que el asumía las responsabilidades y cada persona debe responder por sus acciones".
Sobre el exgobernante Didalco Bolívar manifestó que en esa época era también parlamentaria y "entregó a la contraloría general todo una serie de recaudos y dimos aportes de investigación pues es en esos órganos donde se toman las decisiones y también el pueblo toma las decisiones y por algo ya no están en el poder" recalcó la legisladora.
"QUE LA JUSTICIA NO SEA POLITIZADA"
El diputado del parlamento aragüeño, Elías Bermúdez, también fijó posición, aseguró que espera que la solicitud de captura del ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, sea con el objeto de impartir justicia y no lo contrario una maniobra del gobierno para traerlo al país para comprar su silencio.
"No queremos que con Isea se repita el mismo escenario que con Didalco pues sería una burla más para el pueblo aragüeño, no solo por agarrarse los recursos del estado Aragua sino también porque llegan al país, negocian su libertad, y seguirá la justicia politizada", subrayó el parlamentario.
El mes pasado, el diputado Elías Bermúdez presentó una denuncia contra Isea sustentada en un expediente de la contraloría regional. El legislador informó que una de las obras de gran envergadura aprobada fue el tramo vial entre La Candelaria y el peaje de Tapa Tapa. Aseguró que en aquel entonces fueron aprobados 30 millones de bolívares para su construcción y a la fecha no se ha colocado "ni la primera piedra".
ARAGUEÑOS OPINAN
Para Ernesto Barrios todas estas personas que han sido electos por el pueblo y que utilizan los recursos para beneficiar sus cuentas personales deben ser puestas a la orden de la justicia.
En este tema coincidió Estilita Primero, quien afirmó que la mayoría de los gobernadores de Aragua han sido "corruptos". Dio el ejemplo que varias obras han quedado inconclusas en la zona donde reside.
Exigió que se debe hacer justicia; "los dos gobernantes deben ir presos, trabajé en el gobierno de Didalco Bolívar y tuvo hechos irregulares pero como Rafael Isea no hay, ese se agarró toda la plata del estado y se la llevó fuera del país".
Por su parte, Yubiri Hurtado, dijo que todos los que cometen hechos de corrupción y traicionan la patria deben ponerse a la orden de la justicia, sin tomar en cuenta los colores políticos; "si se le da un voto popular para que trabajen por el pueblo y no lo hacen pues deben pagar ante la justicia venezolana", precisó.
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