05-01-2017
Su hito más escandaloso ante la jefatura del Parlamento fue la expulsión de los retratos de Chávez del Palacio Legislativo. Muchas otras promesas le quedaron en deuda
Henry Ramos Allup regresaba con mayor fuerza al Parlamento, el lugar que ha sido su lugar de trabajo por 26 años, con el respaldo de sus colegas de la Mesa de la Unidad Democrática. Ese día hizo varias promesas, en un tono mesurado, sobre lo que sería su trabajo como cabeza de la junta directiva y en representación de esa unidad que lo escogió.
Al culminar su período, el presidente de la AN deja varios pendientes y tareas a medio cumplir debido al constante torpedeo desde el Ejecutivo y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que llegó a los extremos de declarar en presunto desacato y nulas y carentes de eficacia y validez jurídica cualquier decisión pasada y futura de este órgano parlamentario hasta que superaran esta condición.
Una de las fallas es la recuperación de la autonomía del Poder Legislativo, cuestionable debido a la situación jurídica de desacato promovida desde el TSJ, lo que ha impedido que las leyes y el ejercicio del control parlamentario realizados en 2016 no hayan surtido el efecto esperado.
Justamente el control parlamentario fue mencionado por el presidente Ramos Allup en su discurso del 5 de enero. Esta función establecida en la Constitución fue mermada por su “máximo intérprete” (como los magistrados del TSJ expresan en cada sentencia posible) al ratificar la prórroga del decreto de Emergencia Económica donde el presidente Nicolás Maduro incluyó un apartado para proteger a sus ministros y el vicepresidente de una declaratoria de responsabilidad política y, en consecuencia, separarlos del cargo para el cual fueron escogidos.
Y SE QUEDARON A MEDIAS…
Otro de los controles prometidos por Ramos Allup fue “controlar al TSJ, ellos no pueden andar por la libre, y mucho menos constituidos de manera írrita”. Sobre esto, se logró nombrar una comisión especial para la revisión del nombramiento de 11 magistrados principales y 13 suplentes del Poder Judicial.
Ese informe fue entregado por la Comisión, pero no se logró revertir el nombramiento exprés de los magistrados en la gestión de Diosdado Cabello debido al constante desacato. Además, Ramos Allup en su discurso aseguró que “Ninguna burocracia de ningún carácter puede hacer anulatorias las facultades de la AN”, algo muy entredicho sobre la capacidad
Sobre la Ley de Amnistía, una de las mayores promesas electorales de la MUD en las elecciones del 6 de diciembre, fue sancionada por los diputados pero el TSJ declaró su inconstitucionalidad luego de la campaña del presidente Nicolás Maduro al decir que ese instrumento legal era una “Ley de Amnesia Criminal”.
“Aquí hay cuatro diputados electos por el pueblo cuya elección no la puede hacer ilusoria una decisión burocrática del poder Judicial”, destacó en otro momento de su discurso el presidente Ramos Allup.
Los diputados a los cuales se refiere, tres diputados del estado Amazonas y el representante del Distrito Sur Indígena, actualmente están desincorporados de la AN como parte de los acuerdos que se tomaron durante la segunda reunión plenaria de la mesa de diálogo que se instaló en noviembre entre representantes del Gobierno y la oposición, bajo la mediación de Unasur y El Vaticano.
Julio Ygarza y Nirma Guarulla (Amazonas) junto a Romel Guzamana (Distrito Sur Indígena) han realizado dos desincorporaciones de sus funciones como diputados en espera de una sentencia de la Sala Electoral del TSJ que dirima la situación del supuesto fraude que se cometieron en unos centros electorales de ese estado. Los parlamentarios cumplirán un año en espera de la decisión del poder Judicial.
El proceso de diálogo también fue tomado en cuenta por el parlamentario de AD en su discurso del 5 de enero. “El diálogo no supone entrega ni transición ominosa, ni claudicación o cobardía (…) Deben ser diálogos públicos que se conozcan sus contenidos, que se conozcan sus procedimientos y que se conozcan sus resultados”.
Antes de iniciar formalmente el proceso de diálogo, el presidente Nicolás Maduro invitó a Ramos Allup, aunque este último nunca aceptó sentarse en la misma mesa del mandatario nacional.
AD y los partidos del G4 sí tuvieron su representación, hasta que decidieron retirarse del diálogo hasta que el Gobierno cumpliese los acuerdos firmados en la segunda reunión plenaria y las mesas técnicas que conforman el mecanismo.
LO POLÉMICO
El retiro de los cuadros del fallecido presidente Hugo Chávez al igual que la nueva imagen de Simón Bolívar de los espacios del Palacio Federal Legislativo fue una de las decisiones más comentadas al inicio de la gestión Ramos Allup.
El 6 de enero, el presidente solicitó retirar todas las imágenes y que se llevarán ese material a Miraflores.
Lo que no se sabe es que esa orden se cumplió a medias, pues todavía se pueden observar retratos del fallecido “Comandante Eterno” en la sede del Batallón de la Guardia Nacional Hugo Chávez, quienes son los encargados de la custodia de los espacios del Palacio Federal y los diputados.
Otra medida tomada en esta gestión fue realizar la consabida auditoría a la gestión pasada (Diosdado Cabello). El presidente Ramos Allup prometió divulgar las cuentas durante la gestión del PSUV pero el material nunca estuvo disponible para los periodistas y el público.
AL PIE DE LA LETRA
La actividad parlamentaria de las sesiones ordinarias y comisiones se retomó con regularidad (algo que no ocurría en la gestión Cabello), lo que sirvió para acercar al pueblo y que se tomarán en cuenta las denuncias allí realizadas.
Tampoco se modificó el Reglamento Interior y de Debates o se usó de forma excesiva. Solo los tiempos previstos en los debates fueron tomados con excepcional firmeza para no prolongar los debates o discusiones de leyes hasta el cansancio.
La redacción de proyectos de ley e informes de comisiones también sufrieron un cambio, pues muchas retomaron la asesoría jurídica y financiera del Parlamento.
La exigencia de cuentas a otros poderes e instituciones (poder Judicial, poder Electoral, Contraloría, Fiscalía) también se realizó, aunque los diputados siempre encontraron la barrera de la falta de respuestas o material pertinente con el fin de armas expedientes e informes sobre presuntas irregularidades o denuncias llevadas hasta la sede del Parlamento.
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