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martes, 9 de agosto de 2016

A tomar previsiones: delitos aumentan en el segundo semestre del año

En Venezuela, históricamente, el segundo semestre tiene mayor incidencia criminal que el primero. “Tal vez se deba a las vacaciones escolares, al pago de utilidades y prestaciones, a la época decembrina… Y ya la campanada la tuvimos en julio, que ha sido el peor mes de 2016”, advirtió el abogado criminalista Fermín Mármol García.

“La seguridad ciudadana nunca ha sido una prioridad presupuestaria: el gasto militar – convenios con Rusia y China, por ejemplo – siempre ha duplicado el gasto de seguridad”, añadió el experto en declaraciones a Prensa Unidad Venezuela sobre el problema de la inseguridad en el país.

En los 17 años que lleva gobernando el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un total de 16 ministros han ejercido, a la fecha, la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz – su actual denominación -, es decir, casi un titular por año, y se han anunciado 24 planes para combatir el hampa, con resultados nada encomiables.

“Ninguna empresa pública puede ser exitosa si a la junta directiva se le cambia una vez al año, porque cada persona que llega despliega sus propios planes y equipos, con lo cual se pierde tiempo haciendo diagnósticos. Esto nos habla de falta de continuidad e improvisación: eso influye en que el delito y la violencia se encuentren en los sitiales que conocemos”, aseguró.

En ese sentido comentó que la designación de Néstor Reverol al frente del citado despacho, genera más interrogantes que respuestas. “Hay que preguntarse si el nuevo ministro continuará con los planes de paz; fortalecerá el ‘Patrullaje Inteligente’; desempolvará’ el ‘Plan Desarme’; hablara sobre las OLP (Operativo de Liberación del Pueblo), el cual, por cierto, no está escrito ni se sabe de su alcance”, dijo el también docente, agregando que el alto funcionario no solo deberá levantar su prestigio personal sino también el del gobierno.

En torno a áreas específicas que tildó como ‘talones de Aquiles’, manifestó, al referirse al secuestro, que se debe incentivar la denuncia de los afectados, quienes no confían en las instituciones –, a los fines de “elaborar un verdadero mapa de horarios, días y sitios donde operan los autores de dichas acciones, además de robustecer a unidades élite; y que los secuestradores pierdan el anonimato y se ofrezcan recompensas a la ciudadanía por brindar información sobre ellos” -; y en alusión a las cuestionadas alcabalas móviles o ‘punto cero’, aclaró que su efectividad apenas alcanza el 5 %.

“En el país se requiere de patrullaje constante, supervisado – con GPS y cuadrantes -, con elementos combinados de diferentes cuerpos, por la percepción que la gente tiene de los efectivos, sean policiales o castrenses. Pues, aparte de la ineficiencia, en ese particular se están violando resoluciones ministeriales, emitidas después del lamentable caso de los hermanos Faddoul”, explicó.

“Lo que hay es que mejorar los organismos del sector, rescatar la meritocracia, el trabajo con el sector privado, citar a las iglesias. Queremos ver resultados, que desciendan las tasas de homicidios y de secuestros; que más de 3 mil personas solicitadas por los tribunales sean capturadas. Las políticas públicas no son solo carta de buenas intenciones: tiene que haber también acciones que den resultados”, apuntó el especialista, agregando que el Ejecutivo se entrampó ideológicamente confundiendo la lucha contra el hampa como una “guerra de ricos contra pobres”.

Índices que apuntan mal



“Mientras continuemos con la política de este gobierno en seguridad no vamos a mejorar. Y no es porque en todos estos años no se hayan realizado diagnósticos: se trata de la terquedad de no aceptar lo que proponen los expertos que no son afectos al régimen. Estamos en la vía equivocada y lo que se consigue es agravar el problema. Siempre se va a encontrar a una madre a la que le han matado más de un hijo o a una familia que ha sufrido el secuestro de uno de sus miembros”.

Así lo visualiza, por su parte, el criminólogo-criminalista Javier Gorriño, al señalar, para mayores detalles, que una de las principales causas por las cuales se emigra del país estriba en la inseguridad.

“Lo que ha habido hasta el momento es un crecimiento exponencial de todo lo que es el delito de homicidio, porque no tiene o tiene muy poca ‘cifra negra’, o, lo que es lo mismo, que no es conocido por las autoridades porque no son denunciados. No obstante, aunque el homicidio es inocultable, hoy no entran en las estadísticas los enfrentamientos con la policía o muertos por enfrentamientos entre bandas, con lo cual se reducen oficialmente los números que se suministran. La cifra, sin embargo, crece”, destacó, enfatizando que las ONG nacionales e internacionales no caen en esos guarismos ‘disfrazados’ y sitúan a Caracas como la ciudad más violenta.

El también exmiembro de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), expresó que si bien la implementación de operativos es válida, hay que ir al fondo de la crisis. “Tenemos serias dificultades en el número de policías porque el modelo nuevo detuvo la descentralización, y no contamos con la previsión situacional del delito, bajando la calidad de percepción de la eficiencia de los cuerpos de seguridad”.

“Asimismo, son precarios los recursos: por ejemplo, después de 30 años, aún no opera el Cicpc en la sede de San Agustín. Si no hay para el edificio, imagínense los laboratorios, los sueldos de los uniformados, etc. Por otra parte, reina la burocracia ministerial, el hacinamiento carcelario, y los jueces provisionales tienen que ver más con quien los designó”.

“Y es que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”, concluyó, citando un aforismo que retrata nuestra situación.



PRENSA MUD
9/8/2016 10:18am

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