Tal Cual
10-06-2016
MAOLIS CASTRO / LAURA WEFFER CIFUENTES
A través del despacho jurídico panameño se hicieron complejas operaciones para que compañías hicieran contratos con el Estado venezolano y ganaran una partida al control cambiario
En Mossack Fonseca había recetas para cada caso. El bufete el de los ya célebres Panama Papers diseñó estrategias destinadas a clientes en Venezuela, que intenta-ron proteger sus negocios de los controles comerciales impuestos desde el gobierno de Hugo Chávez. Para César Augusto Zambrano Echegaray, propietario de la empresa ZMO Comercial, ubicada en Caracas, aplicaron una operación para agilizar y hacer rentable las importaciones de alimentos.
Los despachos de alimentos hechos por esta empresa, entre ellos el azúcar, procedían de Bolivia, pero Mossack Fonseca recomendó incluir en esta transacción a una compañía en Uruguay, nación del Mercosur (Mercados Común del Sur), para facturar y comercializar las mercancías destinadas a ZMO Comercial.
La triangulación iba a permitir al cliente venezolano Cartas de Crédito mediante el Banco Exterior, en Venezuela, necesarias para cancelar los pagos a Bolivia y además acelerar la aprobación de dólares preferenciales otorgados por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). El bufete panameño hacía una amplia justificación de esta transacción en un documento filtrado: "Los comerciantes tienen que utilizar sus recursos y esperar un tiempo precioso para el reintegro de los fondos... Una vez canceladas las facturas comerciales, el Estado venezolano maneja esto a su libre discreción, el reintegro de divisas, y solicitan ahora certificaciones de pagos para acreditar los reintegros.
Muchas empresas se han enfocado en mercados alternativos protegidos por el Gobierno Nacional, facilitando sus operaciones".
Muchos empresarios hallaron en Mossack Fonseca a un gurú para aplicar fórmulas casi infalibles contra las restricciones del control cambiario y también obtener contratos con compañías del Estado.
LOS ESCAPISTAS DEL CONTROL CAMBIARIO
El escritorio jurídico había consolidado estructuras de negocios para sortear los controles cambiarios desde 2008.
En agosto de ese año, altos cargos de Mossack Fonseca intercambiaron correos que evidencian un amplio conocimiento del sistema cambiario: "Como sabes, Cadivi cuida mucho los detalles y a la hora de definir las coordenadas bancarias para el pago de las facturas, difícilmente aceptaría cuentas en bancos offshore o por lo menos esto abriría la posibilidad a dudas que nuestros clientes prefieren evitar generar".
En 2013, un cliente pidió asesoría al bufete para instalar un terminal virtual en su empresa para hacer transacciones comerciales con los cupos viajeros asignados por el Estado. "Lo que realmente deseamos es sustituir nuestro punto de venta físico por uno virtual que nos permita deslizar las tarjetas desde la PC con la ayuda de un lector de banda magnético vía USB", decía Andrés Bello López, propietario de la compañía The Caribbean Key en Ecuador.
TRADERS CRIOLLOS
Sin cuestionamientos, Mossack Fonseca aceptó guiarlo en materia tecnológica y legal en esta maniobra. También asistió a empresarios venezolanos que buscaban un empaque foráneo para hacer pasar sus compañías importadoras como proveedores extranjeros.
De estos esquemas se beneficiaron, por ejemplo, los empresarios Roberto Pocaterra, Tulio Hinestrosa y Fabio Méndez. La misión de estos socios fue ganar contratos con la empresa estatal Corporación de Servicios y Abastecimientos Agrícolas (LA CASA. S.A.), el organismo creado por Chávez para importar productos alimenticios y distribuirlos a través de la red de mercados del Estado.
A través de Mossack Fonseca, utilizaron un método concebido para la importación de alimentos hacia Venezuela que consistía en abrir una empresa en un paraíso fiscal, al mes aumentar el capital en 100 mil por ciento, después traspasar el poder para negociar con el Estado a terceros y cerrarla repentinamente tras diez meses, aproximadamente. Una estrategia de cuatro pasos que este grupo repitió al menos en 5 de las 12 empresas que tenía en sus manos.
Los empresarios solían utilizar una shelf company, o una compañía creada con anterioridad y sin movimiento alguno, para desempolvarlas cuando necesitaran hacer una inversión.
En Mossack Fonseca eran expertos en este método de resurrección gerencial.
Grupagro Trading Corp existía desde 2011, pero en junio de 2014 salió del estante. Nació con un capital de 10.000 dólares distribuido casi en partes iguales entre los socios. Un caso similar ocurrió con Ecosur S.A.; Agroindustrial Suramericana SA; Vessel Enterprise Corp y Gran Columbia Grains, SA. Todas domiciliadas en Belice.
La decisión de buscar una alternativa a la jurisdicción panameña se corresponde con los anuncios políticos del presidente Nicolás Maduro de romper relaciones en 2014 con el gobierno del anterior presidente Ricardo Martinelli. "Por eso nos mudamos a Belice; nosotros actuamos como intermediarios y escogimos este lugar porque nos brindaban seguridad y rapidez", afirma Hinestrosa, mientras insiste en que en su proceder no hubo ningún movimiento que violara la ley.
Ni siquiera es ilegal el hecho de incrementar el capital en 100 mil por ciento, es decir, el aumento que hicieron a 10 millones de dólares como patrimonio de su empresa. Una de las "delicias" de los paraísos fiscales es que cuando se decide inflar de manera tan dramática el capital de la empresa, no es necesario demostrar que esa cantidad está verdaderamente respaldada. Se enuncia, se cambian los documentos y eso es suficiente.
ABREN Y CIERRAN EMPRESAS
Pocaterra, Hinestrosa y Méndez también querían mejorar el balance de la compañía frente a sus proveedores de alimentos. "Nuestra actividad principal era conseguir empresas internacionales interesadas en vender a LA CASA S.A., además de a nuestros clientes del sector privado", explica Hinestrosa. "Previendo la necesidad de tener empresas listas para participar en las licitaciones, registramos e inscribimos varias que serían posteriormente vendidas a proveedores internacionales interesados". Fue la forma más expedita que encontraron estos socios para operar como traders en Venezuela y seguir vendiendo insumos básicos en dólares en tiempos de control cambiario.
En el Registro Nacional de Contratistas solo aparecen Grupagro, Mercoamerica, Paramerica, Interfood y Finora; es decir, un 41% de las 12 empresas de los socios.
De éstas, solo registra alguna actividad Mercoamerica, que ha tenido relación con cuatro clientes. También es la única que aparece en la lista de empresas favorecidas por Cencoex, la dependencia que autoriza y liquida las divisas preferenciales, en 2014, un monto aprobado de 848.977,30 dólares para importaciones totales ordinarias de Aladi y Sucre.
No obstante, Hinestrosa asegura que lo recibido supera lo que aparece públicamente. "Mercoamérica es una empresa que desde el año 2007 al 2013, recibió un total de 3.585.456 millones de dólares a través de Cadivi, y desde 2014 no le fue liquidado nada más. Es, por lo tanto, una empresa pequeña en comparación con otras que importan los mismos rubros. Emplea 15 personas y es contribuyente especial del Seniat", agrega.
El último paso era la "desincoporación". Esa es la palabra que utilizan para desactivar las empresas que importarían alimentos. Poco a poco los principales accionistas de estas compañías fueron deshaciéndose de ellas. "La única empresa que conservamos nosotros bajo nuestra propiedad es Ecosur, S.A. Las demás fueron disueltas o vendidas a terceros", sentencia Hinestrosa. En total, el ciclo de vida de estas empresas no llegó al año. Poco tiempo para ni siquiera darles el beneficio de la duda. O permitir recoger la cosecha, justo antes de que se filtraran los documentos de Mossack Fonseca.
Una receta parecida aplicó Desiré Obadía.
Este empresario registró mediante Mossack Fonseca más de una docena de compañías en Panamá y dos en Belice para amarrar contratos de importación con La Casa S.A. Ninguna de estas operaciones puede ser calificada como ilegal, pero otorgaron ventajas a estos empresarios sobre otros. Son las recetas pret a porter para evadir los controles de la República Bolivariana de Venezuela que habían quedado guardadas en el exterior
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