21-05-2016
VÍCTOR AMAYA
Informe de la Asamblea Nacional confirmó relaciones entre funcionarios del estado Bolívar con los maleantes. Américo de Grazia fue acusado por el Ministro de Interior y por el Presidente de ser cómplice de autores de masacre de Tumeremo
A Américo De Grazia lo tienen en la mira desde hace rato.
Las relaciones del parlamentario por La Causa R con el chavismo han sido tensas dentro de la Asamblea Nacional. El opositor ha tenido en las discusiones un verbo encendido y ha hecho señalamientos directos a la bancada chavista.
Es más, desde febrero pasado, anunció que el candidato de su partido para las elecciones regionales en Bolívar será Andrés Velásquez. Pero fueron sus denuncias sobre el "para Estado" que funcionaría en la zona sur del país, rica en minerales.
El 4 de marzo ocurrió la "lasacre de Tumeremo", donde al menos 17 personas fueron asesinadas. Al día siguiente, De Grazi se preguntó en Twitter qué ocultaba el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, cuya primera reacción fue negar la matanza luego confirmada por autoridades nacionales. El diputado opositor también encabezó la Comisión Especial parlamentaria que se nombró para investigar el suceso que protagonizó la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias "el Topo".
Durante las pesquisas, el gobernador Rangel Gómez fue convocado a comparecer ante el Legislativo, pero nunca acudió a los repetidos llamados. Entonces, el diputado de La Causa R afirmó que existen 10 casos más de personas desparecidas en zonas mineras y sostuvo que no se podía dar por cerrado el caso Tumeremo porque los testimonios hablan de 28 cadáveres y no de 17, como hasta ahora han confirmado las autoridades. Tales declaraciones fueron dadas el 30 de marzo.
El cinco de mayo, finalmente, De Grazia presentó el informe final sobre la masacre de Tumeremo, que fue aprobado por mayoría parlamentaria.
El 10 del mismo mes, el parlamentario vinculó al general retirado Julio César Fuentes Manzulli con el tráfico ilegal de minerales en la zona sur de Bolívar, hoy denominada Arco Minero. Ya en 2014, el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez denunciaba la complicidad del excomandante de la policía del estado Bolívar con bandas.
Según denunció De Grazia, tanto Fuentes Manzulli como el mismo gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, tienen nexos con el pranato instalado en las zonas mineras. "Les dan credenciales de la policía del estado, le dan el visto bueno al tráfico de armas, de oro y diamantes. El comisionado especial del gobernador en la zona sur (Fuentes Manzulli) es quien le suministra las armas no solo a la banda del Topo sino al resto de los pranes que controlan la zona minera", manifestó desde el Palacio Legislativo.
La conclusión del legislador fue que la masacre en Tumeremo obedeció a una "acción criminal del Estado". "El régimen está interesado en sanear las zonas mineras que están comprometidas para las trasnacionales extranjeras de 35 países, para la Gold Reserve a la que le acaban de renovar la concesión". La denuncia estaba fundamentada en una investigación que llevó a cabo el comisionado José Gregorio Lezama, quien ahora se encuentra detenido en el Sebin de Ciudad Bolívar, según refirió de Grazia.
"Si hay vínculos de pranes y de organizaciones criminales es de estos personajes del gobierno regional y también nacional. Si algo le pasa al comisionado José Gregorio Lezama, a su integridad física, el responsable será el ministro de Interior y Justicia y el presidente Nicolás Maduro porque están tratando de encubrir a todos los funcionarios que están involucrando de modo directo o indirecto con las mafias del oro", dijo.
De acuerdo con la acusación del diputado, la Fiscal General de la República habría recibido el informe de Lezama el pasado 8 de abril.
EL CHAVISMO LO ACUSA
El viernes 6 de mayo, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, dio a conocer detalles del operativo del Sebin donde murió "El Topo" y aseguró que De Grazia estaba vinculado con la banda del delincuente.
Mencionó que Jamilton Ulloa tenía vinculación con políticos opositores, con los que supuestamente negociaba las ganancias obtenidas con la explotación ilícita de oro. "Forman parte de un plan para golpear el Arco Minero y vincular al gobierno nacional a crímenes atroces".
Agregó el funcionario que "tenemos información exacta que vincula a un diputado de la derecha que tenía el número exacto de víctimas en el mismo momento en que se desarrollaba la masacre de un lugar en donde solo hay comunicación satelital. Sin importar las investiduras, continuarán las investigaciones".
El sábado 7 de mayo, el presidente Nicolás Maduro le pidió al Ministerio Público abrir una investigación en contra de Américo De Grazia. El presidente aseguró que "la gente capturada está hablando (...) y aparece más de un político de la ultraderecha", indicó, al tiempo que hizo referencia al De Grazia, y al igual que el ministro González López, indicó "en tiempo real estaba escribiendo en Twitter a la misma hora que se estaba produciendo la masacre (de Tumeremo), a seis horas del lugar y ahí no hay ningún tipo de telefonía."
LA TECNOLOGÍA DE SU LADO
La primera respuesta por parte del diputado fue en una entrevista para El Nacional publicada el sábado 7 de mayo. De Grazia acusó a González López de querer encubrir lo que él considera una "neocolonización minera" que pretende imponer el gobierno en Guayana.
Advirtió que se planea desplazar a más de 12 pueblos indígenas que hacen vida en zonas que serán entregadas a 150 trasnacionales que trabajan con el oro.
"En el marco de la masacre ocurrió la puesta en marcha del Arco Minero, ocurrió la puesta en marcha de la compañía anónima militar gasífera, petrolífera y minera, ocurrió la bulla minera internacional en que invitaron a 150 trasnacionales del oro de 35 países distintos- a participar en el proyecto. Van a hacer una limpieza étnica a más de 12 pueblos indígenas distintos que hacen vida en ese Arco Minero de 118.847 kilómetros cuadrados, más grande que la República de Cuba y Panamá; vale decir que 12% del territorio nacional y 45% del estado Bolívar. El proyecto compromete la reserva forestal y ataca la cuenca del Caura y del Caroní", dijo el parlamentario.
Después de conocerse la orden del presidente, vino otra respuesta, donde el diputado expresó en su cuenta de Twitter que la muerte de los mineros reveló el catecismo tercermundista del régimen. "Ecocidio, etnocidio y genocidio", indicó.
Igualmente utilizó su cuenta de Twitter para desmentir el tema de sus tuit en tiempo real, asegurando que "la tecnología no miente" y que la información la suministró un día después de la masacre, el 5 de marzo.
LO QUE DICE EL INFORME
El resultado de las investigaciones de la Asamblea Nacional sobre la masacre de Tumeremo llegó a varias conclusiones.
Hubo numerosas masacres anteriores ante la mirada complaciente del Estado pero en esta oportunidad, a diferencia de ocasiones anteriores, la mayoría de las víctimas fueron vecinos de Tumeremo, no foráneos y tienen dolientes, con lo que se puede concluir que la movilización de los afectados y la solidaridad de todo un pueblo fueron determinantes.
En las áreas mineras del Estado Bolívar se violan los Derechos Humanos de manera sistemática. Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional.
La criminalización de la actividad minera colocan a una población de más de 150.000 personas sin garantías ni protección alguna, en situación de cómplices directos o indirectos, voluntarios u obligados, a expensas o al servicio de mafias, grupos armados, guerrilla y paramilitares que operan con total libertad e impunidad.
Hay un gravísimo daño al patrimonio de la República.
El gobernador Rangel Gómez actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos denunciados, cosa que evitó la colaboración inmediata a los denunciantes y a desarrollar labores de rescate, protección y liberación de los, entonces, aún desaparecidos, así como un análisis oportuno de la escena del crimen.
A Américo De Grazia lo tienen en la mira desde hace rato.Las relaciones del parlamentario por La Causa R con el chavismo han sido tensas dentro de la Asamblea Nacional. El opositor ha tenido en las discusiones un verbo encendido y ha hecho señalamientos directos a la bancada chavista.
Es más, desde febrero pasado, anunció que el candidato de su partido para las elecciones regionales en Bolívar será Andrés Velásquez. Pero fueron sus denuncias sobre el "para Estado" que funcionaría en la zona sur del país, rica en minerales.
El 4 de marzo ocurrió la "lasacre de Tumeremo", donde al menos 17 personas fueron asesinadas. Al día siguiente, De Grazi se preguntó en Twitter qué ocultaba el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, cuya primera reacción fue negar la matanza luego confirmada por autoridades nacionales. El diputado opositor también encabezó la Comisión Especial parlamentaria que se nombró para investigar el suceso que protagonizó la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias "el Topo".
Durante las pesquisas, el gobernador Rangel Gómez fue convocado a comparecer ante el Legislativo, pero nunca acudió a los repetidos llamados. Entonces, el diputado de La Causa R afirmó que existen 10 casos más de personas desparecidas en zonas mineras y sostuvo que no se podía dar por cerrado el caso Tumeremo porque los testimonios hablan de 28 cadáveres y no de 17, como hasta ahora han confirmado las autoridades. Tales declaraciones fueron dadas el 30 de marzo.
El cinco de mayo, finalmente, De Grazia presentó el informe final sobre la masacre de Tumeremo, que fue aprobado por mayoría parlamentaria.
El 10 del mismo mes, el parlamentario vinculó al general retirado Julio César Fuentes Manzulli con el tráfico ilegal de minerales en la zona sur de Bolívar, hoy denominada Arco Minero. Ya en 2014, el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez denunciaba la complicidad del excomandante de la policía del estado Bolívar con bandas.
Según denunció De Grazia, tanto Fuentes Manzulli como el mismo gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, tienen nexos con el pranato instalado en las zonas mineras. "Les dan credenciales de la policía del estado, le dan el visto bueno al tráfico de armas, de oro y diamantes. El comisionado especial del gobernador en la zona sur (Fuentes Manzulli) es quien le suministra las armas no solo a la banda del Topo sino al resto de los pranes que controlan la zona minera", manifestó desde el Palacio Legislativo.
La conclusión del legislador fue que la masacre en Tumeremo obedeció a una "acción criminal del Estado". "El régimen está interesado en sanear las zonas mineras que están comprometidas para las trasnacionales extranjeras de 35 países, para la Gold Reserve a la que le acaban de renovar la concesión". La denuncia estaba fundamentada en una investigación que llevó a cabo el comisionado José Gregorio Lezama, quien ahora se encuentra detenido en el Sebin de Ciudad Bolívar, según refirió de Grazia.
"Si hay vínculos de pranes y de organizaciones criminales es de estos personajes del gobierno regional y también nacional. Si algo le pasa al comisionado José Gregorio Lezama, a su integridad física, el responsable será el ministro de Interior y Justicia y el presidente Nicolás Maduro porque están tratando de encubrir a todos los funcionarios que están involucrando de modo directo o indirecto con las mafias del oro", dijo.
De acuerdo con la acusación del diputado, la Fiscal General de la República habría recibido el informe de Lezama el pasado 8 de abril.
EL CHAVISMO LO ACUSA
El viernes 6 de mayo, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, dio a conocer detalles del operativo del Sebin donde murió "El Topo" y aseguró que De Grazia estaba vinculado con la banda del delincuente.
Mencionó que Jamilton Ulloa tenía vinculación con políticos opositores, con los que supuestamente negociaba las ganancias obtenidas con la explotación ilícita de oro. "Forman parte de un plan para golpear el Arco Minero y vincular al gobierno nacional a crímenes atroces".
Agregó el funcionario que "tenemos información exacta que vincula a un diputado de la derecha que tenía el número exacto de víctimas en el mismo momento en que se desarrollaba la masacre de un lugar en donde solo hay comunicación satelital. Sin importar las investiduras, continuarán las investigaciones".
El sábado 7 de mayo, el presidente Nicolás Maduro le pidió al Ministerio Público abrir una investigación en contra de Américo De Grazia. El presidente aseguró que "la gente capturada está hablando (...) y aparece más de un político de la ultraderecha", indicó, al tiempo que hizo referencia al De Grazia, y al igual que el ministro González López, indicó "en tiempo real estaba escribiendo en Twitter a la misma hora que se estaba produciendo la masacre (de Tumeremo), a seis horas del lugar y ahí no hay ningún tipo de telefonía."
LA TECNOLOGÍA DE SU LADO
La primera respuesta por parte del diputado fue en una entrevista para El Nacional publicada el sábado 7 de mayo. De Grazia acusó a González López de querer encubrir lo que él considera una "neocolonización minera" que pretende imponer el gobierno en Guayana.
Advirtió que se planea desplazar a más de 12 pueblos indígenas que hacen vida en zonas que serán entregadas a 150 trasnacionales que trabajan con el oro.
"En el marco de la masacre ocurrió la puesta en marcha del Arco Minero, ocurrió la puesta en marcha de la compañía anónima militar gasífera, petrolífera y minera, ocurrió la bulla minera internacional en que invitaron a 150 trasnacionales del oro de 35 países distintos- a participar en el proyecto. Van a hacer una limpieza étnica a más de 12 pueblos indígenas distintos que hacen vida en ese Arco Minero de 118.847 kilómetros cuadrados, más grande que la República de Cuba y Panamá; vale decir que 12% del territorio nacional y 45% del estado Bolívar. El proyecto compromete la reserva forestal y ataca la cuenca del Caura y del Caroní", dijo el parlamentario.
Después de conocerse la orden del presidente, vino otra respuesta, donde el diputado expresó en su cuenta de Twitter que la muerte de los mineros reveló el catecismo tercermundista del régimen. "Ecocidio, etnocidio y genocidio", indicó.
Igualmente utilizó su cuenta de Twitter para desmentir el tema de sus tuit en tiempo real, asegurando que "la tecnología no miente" y que la información la suministró un día después de la masacre, el 5 de marzo.
LO QUE DICE EL INFORME
El resultado de las investigaciones de la Asamblea Nacional sobre la masacre de Tumeremo llegó a varias conclusiones.
Hubo numerosas masacres anteriores ante la mirada complaciente del Estado pero en esta oportunidad, a diferencia de ocasiones anteriores, la mayoría de las víctimas fueron vecinos de Tumeremo, no foráneos y tienen dolientes, con lo que se puede concluir que la movilización de los afectados y la solidaridad de todo un pueblo fueron determinantes.
En las áreas mineras del Estado Bolívar se violan los Derechos Humanos de manera sistemática. Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional.
La criminalización de la actividad minera colocan a una población de más de 150.000 personas sin garantías ni protección alguna, en situación de cómplices directos o indirectos, voluntarios u obligados, a expensas o al servicio de mafias, grupos armados, guerrilla y paramilitares que operan con total libertad e impunidad.
Hay un gravísimo daño al patrimonio de la República.
El gobernador Rangel Gómez actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos denunciados, cosa que evitó la colaboración inmediata a los denunciantes y a desarrollar labores de rescate, protección y liberación de los, entonces, aún desaparecidos, así como un análisis oportuno de la escena del crimen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario