Por Agence France-Presse
Fecha: 18/03/2016
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó la extensión de la emergencia económica decretada por el presidente Nicolás Maduro, y que había sido rechazada por la Asamblea Nacional.
La Sala Constitucional del TSJ determinó “la constitucionalidad” de un decreto presidencial dictado el 11 de marzo, mediante el cual se “prorroga por sesenta (60) días” el plazo establecido en el decreto de emergencia económica del 14 de enero, que declaró “el estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional”.
La Mesa de la Unidad Democrática había fundamentado su rechazo al decreto de Maduro en que “la mayoría de las medidas contempladas en el decreto no requieren de la declaración de un estado de emergencia económica, por lo que carece de justificación la prórroga”.
Al respecto Maduro dijo la noche del jueves que es “lamentable la decisión de la Asamblea Nacional de ponerse de espaldas al país una vez más. Lo rechazo totalmente, lo repudio”.
El bloque opositor ya había usado un argumento similar al negar la convalidación de la emergencia hace algunas semanas, pero el 11 de febrero el TSJ -acusado por la MUD de servir al gobierno chavista- la dejó en firme.
El tribunal adujo que el control legislativo sobre los estados de excepción no afecta su “legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica”.
A raíz del primer fallo, la oposición decidió acelerar su estrategia para anticipar la salida del poder de Maduro mediante un referendo revocatorio y una enmienda constitucional que acorte el mandato, junto con movilizaciones que exijan su renuncia.
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Oposición califica de “agresión” aval del TSJ a la prórroga del decreto económico
Runrunes
Por EFE
Fecha: 18/03/2016
La oposición venezolana criticó hoy y calificó de “agresión” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró como constitucional la prórroga por 60 días del decreto de emergencia económica, una extensión que ya había sido negada por el Parlamento de mayoría opositora el jueves.
“Acaba de ocurrir una nueva agresión, una nueva ofensa del Gobierno al sentido común y a la aspiración democrática de la gente, ayer (…) el TSJ convalidó la extensión del llamado decreto de emergencia económica”, dijo el secretario ejecutivo de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
El vocero de la coalición dijo, durante su programa de radio “La Fuerza es la Unión”, que se transmite en la emisora privada RCR, que la decisión del Supremo “viola la Constitución” pues la Carta Magna establece “que ese decreto vale si, y solo si, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) lo aprueba”.
Además, acusó al Gobierno de utilizar al TSJ para “imponer” su posición y al Supremo de “alcahuetear” al oficialismo para violar la Constitución.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, señaló a través de su cuenta en Twitter que “el hampa judicial enguarimbada (que obstaculiza)” en la “sala (in) constitucional” nada puede asombrar.
“Sólo asombraría que alguna vez no violaran la CRBV (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)”, agregó.
La diputada Delsa Solórzano dijo hoy a la emisora privada Unión Radio que aunque el TSJ tome estas decisiones, la oposición parlamentaria está “empeñada en cumplir con la ley”.
“Esa es nuestra función, nosotros no vamos a dejar de cumplir con nuestras funciones porque el TSJ se empeñe en cometer arbitrariedades e inconstitucionalidades de manera permanente”, apuntó la parlamentaria.
De acuerdo con la decisión, publicada en la página web del TSJ, el decreto presentado por Maduro en enero pasado, cuando también fue negado por la Asamblea Nacional y revalidado por el Supremo, “atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica”.
La Sala Constitucional reiteró en el fallo que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, es al Supremo a quien le corresponde “garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios fundamentales, en su condición de máxima y última intérprete de la Carta Magna”.
En enero pasado, cuando el Supremo validó el decreto que ya había sido negado por el parlamento, la bancada opositora calificó el hecho como un golpe al Legislativo y acusó al Poder Judicial de trabajar a favor del Gobierno. EFE
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