Tal Cual
06-02-2016
MAYELA ARMAS
Por cambios legales, el instituto emisor fabrica más bolívares para cubrir el déficit del Gobierno, lo que genera una mayor presión a los precios, y para este año la inflación la proyectan en 760%
La Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) a lo largo de 13 años ha tenido seis reformas que permitieron al instituto emisor ser una fuente de financiamiento del fisco nacional, ajustar la composición de las reservas internacionales para incluir los yuanes, ocultar cifras y saltarse la opinión del Parlamento para la designación de su directorio.
Parte de los cambios han obedecido a las presiones del Ejecutivo, las cuales arrancaron en el 2000 cuando las autoridades solicitaron la entrega de ganancias cambiarias para financiar un plan de desarrollo. La urgencia por emplear esas utilidades con más frecuencia llevó a que la Ley del BCV en 2002 tuviera una modificación y así el Gobierno pudo recibir los recursos diferencial cambiario con rapidez.
Pero las necesidades financieras del fisco en los ejercicios siguientes fueron mayores y desde 2005 aumentaron las demandas al Central, que ya no solo transfiere utilidades sino que traspasa reservas y canaliza fondos a través de diversas vías.
DEL "MILLARDITO" A LOS 48 MILLARDOS
En 2004 el expresidente Hugo Chávez le pidió al BCV la entrega de un "millardito" de dólares de las reservas internacionales con el fin de apoyar al sector agrícola. La directiva del ente emisor se negó al traspaso de los recursos y autorizó la canalización de los fondos a través de las operaciones previstas en la ley de ese momento, de modo que sería la banca la encargada de dar los créditos al agro. Pero ante la insistencia de Chávez de usar otras fuentes, Pdvsa creó un fondo especial, denominado Fondespa, para atender los otros proyectos oficiales.
Sin embargo, las presiones sobre el BCV no cesaron y en 2005 se reformó el marco legal para constituir el Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional).
Con el objetivo de alimentar ese esquema se decidió que Pdvsa vendiera parte de sus divisas al BCV y que el remanente lo colocara en el mecanismo. Al ente emisor se le estableció la obligación de realizar aportes al esquema, por lo cual en el texto se incorporó la estimación del nivel adecuado de reservas, de manera para que todo lo que estuviera por encima de ese tope (excedentes) fuera al Fonden.
El economista, Orlando Ochoa, señala que "esta ha sido uno de los cambios más graves porque se le puso un techo a las reservas y se dio una vía libre para usar recursos extraordinarios sin control".
Efectivamente, en nueve años el BCV traspasó al Fonden 49 millardos de dólares y Pdvsa le asignó 81,8 millardos de dólares. Dichos recursos se han empleado con opacidad. Aunque están orientados a proyectos, se desconoce su proceso de ejecución.
FINANCIAR A LA PETROLERA
Para el Gobierno ese cambio de 2005 no fue suficiente. En 2009 hubo una caída de los ingresos petroleros y si bien en el segundo semestre de ese año los precios se recuperaron, nuevamente se utilizó la vía legal para obligar al BCV a canalizar recursos al fisco y a Pdvsa.
En la modificación se facultó al instituto emisor a comprar papeles de la industria petrolera. Tras ese cambio legal, el Central ha estado otorgando financiamientos a la estatal y a otras empresas públicas y la asistencia financiera hasta diciembre de 2015 alcanzó los 875 millardos de bolívares, de acuerdo con los cifras del BCV.
Ochoa indica que ello viola el artículo 320 de la Constitución que establece que el Estado debe velar por la estabilidad monetaria y de precios, y que el Banco Central no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo. Agrega que "para Chávez el BCV tenía que ser colaborador. Nunca comprendió la autonomía".
Ese financiamiento a las empresas del Estado ha implicado la fabricación de bolívares para cubrir el déficit del sector público y al inyectar más dinero en la economía se genera más presión a los precios. Los datos del ente emisor revelan que la inflación anualizada a septiembre de 2015 fue de 141,5%, la más alta en 64 años. Para este año el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que será de 760%, de manera que Venezuela está en hiperinflación.
CRÉDITOS DIRECTOS
Además de los cambios para financiar el déficit de las industrias estatales, en 2010 la Ley del BCV volvió a ser objeto de otra reforma para continuar atendiendo los requerimientos del Gobierno.
Las modificaciones permitieron al ente emisor ser una de las fuentes de financiamientos de proyectos económicos. El texto aprobado en ese año dice que el instituto emisor "puede otorgar créditos directos a los programas de los sectores productivos".
DIAMANTES Y YUANES EN LAS RESERVAS
En noviembre de 2014, y a través de Habilitante, se modificó por quinta vez la Ley del BCV a fin de sumar a las reservas, además de oro amonedado; depósitos y títulos en moneda de reserva emitidos por instituciones financieras del exterior; derechos especiales de giro y la posición crediticia neta en el Fondo Monetario Internacional, otros bienes.
Estos nuevos activos son: diamantes y demás piedras o metales preciosos u otros bienes objeto de transacción en los mercados financieros internacionales que hubieran sido calificados como activos de reserva por el directorio del Banco y que estén depositados en sus propias bóvedas o en instituciones financieras del exterior.
Adicional a ello se indica que "se considerará como moneda de reserva a las divisas libremente convertibles y de aceptación universal, así como aquellas monedas extranjeras de fácil conversión en divisas en las plazas internacionales y que sean empleadas como monedas de cuenta o de pago en compromisos asumidos por la República de Venezuela". Esto permitió sumar los yuanes a los activos del BCV.
LA OPACIDAD
Maduro, otra vez usando los poderes especiales, modifica la Ley del Banco Central de Venezuela con lo cual el Parlamento ya no podrá remover al directorio del BCV y el instituto queda facultado para ocultar información.
En el marco legal anterior se establecía que el nombramiento de la cabeza del BCV lo hacía el Presidente de la República, y luego era avalado por la mayoría de la Asamblea Nacional.
En el nuevo instrumento legal no se requiere de la aprobación de los diputados, lo cual también aplica para el resto del directorio. En la vieja Ley, los parlamentarios tenían potestad para designar a dos miembros del directorio, mientras que en la nueva, el Presidente de la República los nombra a todos.
La reforma va más allá. Los diputados tampoco pueden remover al directorio. La Ley que estuvo vigente hasta el 29 de diciembre indicaba que el Presidente enviaba la remoción a la AN y dicho procedimiento tenía que ser autorizado por las dos terceras partes. La modificación indica que solamente el Presidente puede decidir la salida de los directores del BCV. Estos aspectos incumplen con lo previsto en las disposiciones de la Carta Magna.
En el transcurso de 2015 el Banco Central se retrasó en la publicación de información, pero ahora el BCV está en capacidad de ocultar las cifras. La Ley dice que "cuando sea requerido por el Ejecutivo el BCV podrá hacer uso de sus facultades para suspender transitoriamente la publicación de información por el período durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad económica de la Nación".
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