Foto: Archivo
Las impugnaciones en contra de los resultados de las elecciones del 6 de diciembre llovieron desde que el oficialismo puso en duda las cifras finales. Los expedientes se acumulan en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En total fueron cuestionadas las victorias de 20 diputados, 12% del total de la Asamblea, a través de 11 recursos distintos de los cuales el máximo tribunal ya admitió 7. Candidatos del PSUV protagonizaron 8 de las peticiones, pero expertos aseguran que son difíciles de comprobar. Por ejemplo, en 7 casos alegan la alta cantidad de votos nulos que hubo en los comicios, lo cual afectó también a la oposición
FRANZ VON BERGEN / Siete Días - El Nacional
FVONBERGEN@EL-NACIONAL.COM
31 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
“Yo perdí por la prórroga. Lo digo con confianza”. Esas palabras son de Diana Camaripano, la candidata a diputada de la MUD que el 6 de diciembre pasado cayó derrotada en el circuito 3 de Guárico por 264 votos y solo 0,3 puntos porcentuales de diferencia.
Al decir por la prórroga se refiere a la extensión del horario de votación que anunció la vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, a las 6:00 de la tarde del día de la elección. Gracias a esa decisión el chavismo tuvo una hora más para movilizar electores, ventaja que, si se toman por válidas las denuncias que ha hecho la oposición en Guárico, se tradujo en por lo menos dos diputados más para el bloque oficialista.
“A esa hora nuestros testigos empezaron a ser amedrentados fuertemente. En los lugares más poblados logramos cerrar los centros, pero en los apartados fue mucho más difícil. Nuestra gente era poca y estaba en franca minoría en sitios típicamente chavistas”, comenta Camaripano.
Esta situación se ha hecho frecuente en los procesos electorales desde el 7 de octubre de 2012. La MUD y otras organizaciones de oposición se prepararon para contrarrestarla el 6 de diciembre y en muchos lugares evitaron la suma de votos a última hora, pero en estados históricamente muy chavistas, como Guárico, detener todo el embate no fue posible.
Al equipo de campaña de la candidata opositora le quedaron serias dudas sobre los resultados finales de 13 de los 109 centros de votación del circuito 3. En esos lugares, Roger Cordero, el postulado del PSUV, ganó por 1.524 sufragios, casi 6 veces la diferencia total que hubo en toda la circunscripción. El pasado 11 de enero, Camaripano impugnó esas mesas ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Una historia similar ocurrió en el circuito 2 de la misma entidad, donde la opositora Rummy Olivo cayó por 4.105 votos contra el peseuvista Juan Marín. La postulada de la MUD introdujo otro recurso poniendo en duda el resultado de 56 mesas.
Esos son 2 de los 11 recursos que han sido introducidos en la Sala Electoral del TSJ contra los resultados de las últimas elecciones parlamentarias. Fueron impugnados 14 circuitos y 2 entidades, lo que pone en duda las victorias de 20 diputados, 12% del total de la Asamblea. 17 son opositores y 3 oficialistas.
Ocho de las acciones legales fueron activadas por el PSUV, que cuestiona los triunfos de 10 legisladores opositores sin ni siquiera sugerir en cuáles mesas se originaron las trampas en su contra y valiéndose de fenómenos que perjudicaron a ambos bloques, como los votos nulos.
Los documentos citan distintas anomalías y acusan a diferentes actores. Todos coinciden en que la voluntad de los votantes no quedó registrada fielmente, por lo que el proceso debe repetirse parcial o totalmente en determinados lugares.
“Lo que estamos viendo es una situación provocada por el Tribunal, que después de admitir las primeras peticiones del chavismo dejó la puerta abierta para que lloviera toda una serie de recursos. Se está creando una jurisprudencia peligrosa de que por cualquier cosa se puede activar un procedimiento jurídico para desconocer una elección”, alerta Aníbal Sánchez, consultor político y miembro de la MUD.
El último caso llegó el miércoles pasado, incluso luego de que venciera el lapso legal de 15 días hábiles para impugnar.
El secretario general de Podemos, un partido del Polo Patriótico, cuestionó ante el TSJ los resultados electorales en Caracas, donde se escogieron 7 diputados nominales. El argumento de su denuncia pareció más emocional que otra cosa: “Es inconcebible que ellos ganaran en el 23 de Enero, en Catia. (…) Son chavistas e históricamente triunfamos en esos escenarios”.
Respuesta judicial
El TSJ admitió ya 7 de los 11 recursos introducidos, todos ellos oficialistas y aprobados en medio del receso decembrino. El resto de las solicitudes todavía no han sido respondidas.
Esta semana el CNE envío al Poder Judicial un informe sobre el caso de Amazonas. Se espera que en los próximos días entregue la información de los otros lugares con impugnaciones admitidas.
Una vez completo este proceso se debe notificar a las partes y comienza un lapso probatorio de 5 días. Se conceden 10 más para la evacuación de pruebas y uno para la presentación de informes orales. Después la Sala tiene 15 días para tomar una decisión.
Lo que ocurra en ese lapso puede cambiar profundamente el perfil de la nueva Asamblea y reducir el poder de la oposición, lo cual parece ya haber sucedido en la práctica debido a que el quórum de funcionamiento del Parlamento se ha mantenido en 167 diputados aunque los 4 de Amazonas no estén participando, lo que deja a la oposición sin la mayoría de dos tercios y también a 178.000 ciudadanos que viven en ese estado sin representación en las decisiones que tome el Poder Legislativo.
Si la MUD llegara a perder alguno de sus curules impugnados en una eventual repetición de elecciones, la situación transitoria actual se hará permanente y quedará sin facultad para reformar la Constitución o remover magistrados del TSJ.
Si se admitieran las impugnaciones de Caracas, lo cual no debería ocurrir porque fueron extemporáneas, la oposición estaría en peligro de perder también la mayoría calificada de tres quintos en el caso de que 12 de sus 17 diputados cuestionados fueran revertidos.
El juego está en marcha y, como casi todo en los últimos 16 años, luce inclinado hacia el chavismo.
Denuncia opositora
Las dos impugnaciones en Guárico se sustentan en la misma denuncia: ocurrieron casos de sustitución de identidad. Bajo este argumento, las victorias del PSUV supuestamente fueron producto de votos emitidos por electores que sufragaron por otros votantes.
En ambos casos el abogado Antonio Callaos asesoró a las candidatas de la MUD en los recursos introducidos ante el TSJ. “Solicitamos que se repita la elección en las mesas cuestionadas debido a que los votos allí registrados inciden directamente sobre el resultado final de los comicios”, advierte Callaos.
Para que se repita el proceso se tiene que comprobar el delito denunciado, para lo cual las candidatas hicieron distintos requerimientos a la Sala Electoral, entre ellos la realización de pruebas grafotécnicas a los cuadernos de votación para determinar si las huellas y firmas ahí plasmadas corresponden fielmente a sus electores. Esta fue una de las peticiones hechas por Henrique Capriles en su impugnación de las elecciones presidenciales de 2013, la cual fue desestimada.
Entre el 14 y 18 de diciembre se revisaron las huellas de 238 centros y 738 máquinas de votación. El proceso, avalado por técnicos de la MUD, del chavismo y del Poder Electoral, determinó que solo 7 personas votaron 2 veces, una cantidad poco representativa en comparación a la muestra.
Sin embargo, las candidatas de Guárico insisten en su denuncia y piden revisar específicamente las mesas señaladas. Sobre ellas existen algunos indicios numéricos que evidencian comportamientos extraños.
En el caso del circuito 2, donde Diana Camaripano cuestionó 13 mesas en la misma cantidad de centros, 9 de ellas tuvieron niveles de participación considerablemente más altos a la totalidad de la circunscripción. La votación en los espacios cuestionados fue de 74,7% en promedio, 3,1 puntos por encima del porcentaje total de sufragios.
En todas estas mesas el apoyo al candidato del PSUV estuvo más de 10 puntos por encima del porcentaje que sacó en la respectiva parroquia de cada centro. Esto incluso se repitió en los casos de las parroquias Espino y Cabruta, cada una solo con 5 y 6 centros, respectivamente.
Por ejemplo, en Espino, ubicada en el municipio Infante, en el centro cuestionado el PSUV logró 82,5% de sufragios, mientras que en todos los demás quedó con entre 58% y 68%.
Todos los centros cuestionados son de una sola mesa, los lugares en los que históricamente el PSUV ha sacado ventaja porque la vigilancia de la MUD es más débil. En esta ocasión Camaripano admite que perdieron el control de estos lugares luego de la prórroga decretada por el CNE.
“Nos concentramos en los centros más grandes. La mayoría de los cuestionados están en lugares muy alejados donde incluso no hay señal de celular, por lo que cuesta detectar denuncias en tiempo real. Uno se entera de lo que pasó allí después de que pasa”, denuncia la dirigente opositora.
Los centros pequeños en este tipo de lugares aumentaron en estos dos circuitos guariqueños para los comicios parlamentarios de diciembre pasado. En el 2 se crearon 17 y 76,5% está entre los denunciados por Rummy Olivo por irregularidades. Por su parte, en el 1 se habilitaron 10 y 60% es parte de los señalados por Camaripano.
Antes de los comicios del 6 de diciembre se advirtió la creación de 1.012 centros de votación que beneficiaban al chavismo debido a que 984 de ellos eran de 1 o 2 mesas y la mayor parte estaban en lugares claramente favorables para el PSUV.
Más allá de Guárico
Si bien Guárico es el único lugar donde candidatos de la MUD han hecho impugnaciones, las irregularidades que los afectaron no se limitaron a esa entidad.
Transparencia Venezuela publicará en febrero un informe que recopila 401 denuncias de violaciones a la Ley de Procesos Electorales ocurridas el 6 de diciembre: 2 por falla generalizada de Internet, 3 por negación del secreto del voto, 11 por irregularidades del Plan República, 15 por uso de recursos y bienes públicos, 19 por voto asistido indebido, 26 por demora injustificada en las colas, 50 por intimidación pública, 53 por irregularidades en las mesas, 59 por propaganda indebida, 61 por apertura o cierre tardío de mesas y 83 por irregularidades con las máquinas.
Solo 19 denuncias fueron desestimadas por la ONG, que el día de la votación contó con la observación de 105 personas en 15 estados del país.
Destacan además que hubo hechos violentos, algunos causados por grupos identificados con el chavismo, en Caracas, Carabobo, Lara, Zulia, Barinas y Mérida. En Aragua y Monagas también se reportaron dificultades al momento de cerrar las mesas debido a la prórroga anunciada por la rectora Oblitas.
Pese a esto, dentro de la MUD existe un debate sobre dar importancia pública a estos sucesos o pasarlos por alto debido al menor impacto que tuvieron en esta ocasión gracias al trabajo de los equipos de testigos en la mayor parte del país.
“Si nosotros salimos a denunciar todo lo ocurrido se corre el riesgo de entrar en el juego del PSUV y que se legitimen los reclamos que ellos han venido haciendo para intentar cambiar los resultados. Por eso la MUD ha mantenido cierta distancia con respecto a las impugnaciones en Guárico”, comenta un miembro del equipo opositor que prefirió declarar en condición de anonimato.
Reclamos chavistas
Los alegatos de los candidatos oficialistas en contra de las elecciones del 6 de diciembre tienen dos vertientes: irregularidades en Amazonas por supuesta compra de sufragios y la alta cantidad de votos nulos.
En ninguno de los casos se señalan centros específicos. Las denuncias son generales y abogan por una repetición total de la votación en los sitios cuestionados.
“Todos los recursos presentados por el PSUV son muy vagos y genéricos. Para lograr repetir una elección se tienen que presentar pruebas, no se puede simplemente dar validez a los argumentos de la parte impugnada”, advierte el abogado Luis Salamanca, que entre 2006 y 2009 fue rector incorporado del CNE.
En el caso de Amazonas, Salamanca considera que solo existe una forma de comprobar que hubo compra de votos y coacción de los electores: “Aquellos involucrados en la transacción tendrían que confesar su participación”.
Como debe probarse que el fraude impactó en el resultado, el chavismo tendría que conseguir la confesión de más de 2.000 personas, pues la diferencia entre la MUD y el PSUV fue de 2.124 sufragios. Si eso no ocurre, no existirían razones reales para la repetición del proceso.
Hasta ahora la denuncia del oficialismo se ha apoyado en una grabación telefónica hecha a Victoria Franchi, identificada como secretaria de gobierno de Amazonas aunque el gobernador de ese estado niega que la funcionaria ocupe ese cargo. En el audio, obtenido sin permiso judicial y difundido en medios por el alcalde Jorge Rodríguez, se escucha a Franchi hablando sobre pagar por votos a favor de la oposición, de lo cual no hay pruebas posteriores de que terminara ocurriendo.
En el caso de los votos nulos, los seis recursos del chavismo que alegan esta situación son incluso más difíciles de comprobar.
“Reconstruir la verdadera voluntad que querían expresar los votantes que sufragaron nulo es prácticamente imposible. Lo único que pudieran hacer es demostrar que el CNE convirtió votos chavistas en nulos, pero ahí estarían acusando al Poder Electoral directamente”, sostiene Salamanca.
Smartmatic, empresa que provee al CNE de todas las máquinas de votación, descarta totalmente la posibilidad de que alguna de las opciones de sufragio sea más propensa a quedar como nula.
“La boleta electrónica que se utiliza en Venezuela desde 2004 es una membrana sensible al tacto que muestra las diferentes opciones para el elector, quien solo debe presionar sobre el candidato de su preferencia y validar en la pantalla que su selección se haya registrado correctamente. Todas las opciones están sobre la misma membrana, y no hay manera de que una opción tenga más sensibilidad que otra opción”, indicaron técnicos de la compañía al ser interrogados sobre la materia.
Alegaron que representantes chavistas y opositores participaron en cuatro procesos de prueba anteriores a la elección en los que comprobaron el correcto funcionamiento de la boleta.
Existen también indicios numéricos de que la situación de los votos nulos perjudicó tanto al chavismo como a la MUD. Por ejemplo, en 33 circuitos los sufragios inválidos fueron mayores a la diferencia entre las 2 opciones políticas principales. En 17 de esos casos ganó la oposición y en 16 el oficialismo, casi igual.
En el circuito 3 de Aragua los votos nulos fueron 15.992, esto es 195 veces la diferencia de 82 votos por la que el PSUV perdió la elección. Sin embargo, en el 3 de Guárico el número de inválidos fue de 7.562, más de 28 veces la cantidad por la cual perdió la MUD: 264.
El chavismo optó por impugnar todas las circunscripciones en las que perdió por una diferencia por lo menos tres veces menor que los votos nulos. Si la MUD aplicara el mismo criterio, tendría que haber introducido recursos por tres circuitos más: el 1 de Guárico, el 4 de Carabobo y el 2 de Lara.
Es primera vez en más de una década que el chavismo impugna unos resultados electorales. Lo hizo después de aceptar la derrota el 7 de diciembre y de no emitir ninguna queja durante los procedimientos previos de verificación.
“La acción chavista retardada y su razón para impugnar es bastante clara: lanzan ataques en varios frentes para intentar quitarle la mayoría de los dos tercios a la oposición. En la medida de que la base de sustentación del chavismo se debilita, surgen maniobras de este tipo para reducir la victoria del adversario”, alerta Salamanca.
Las irregularidades previas al 6-D
Las denuncias sobre el proceso electoral del 6 de diciembre no se limitaron al día de la votación. Antes de esa fecha se acumularon tantas acusaciones de abuso por parte del partido de gobierno que algunas ONG y expertos como Luis Salamanca llegaron a calificar el proceso como uno de los más injustos de las últimas décadas.
En el informe que preparan sobre los comicios, Transparencia Venezuela indica que antes del inicio de la campaña recibieron 242 denuncias sobre candidatos oficialistas utilizando recursos públicos en su beneficio. De igual forma, páginas web y cuentas de Twitter oficiales de organismos del Estado llamaron a votar por determinados aspirantes al Parlamento, asegura la ONG.
El presidente Nicolás Maduro estuvo en el centro de este abuso de poder. Desde que comenzó la campaña, el 13 de noviembre, hizo 25 actos en los que apoyó directamente a los candidatos de su partido en lugares específicos, la mayoría de ellos clave para el resultado final de la elección debido a que mostraban una votación histórica reñida, indican datos de El Nacional.
Por ejemplo, se dejó acompañar por postulados al entregar apartamentos de la Misión Vivienda y al inaugurar obras importantes. Esos eventos se concentraron en 18 circunscripciones distintas, pero la jugada les salió mal porque el chavismo terminó perdiendo en 14.
Los medios de comunicación del Estado también tuvieron un importante desbalance informativo durante su cobertura de la campaña, beneficiando de manera importante a los abanderados del PSUV.
Semanalmente, Transparencia Venezuela entregó al CNE un reporte con las denuncias de abuso que recibió, pero el Poder Electoral nunca dio respuesta.
“Yo perdí por la prórroga. Lo digo con confianza”. Esas palabras son de Diana Camaripano, la candidata a diputada de la MUD que el 6 de diciembre pasado cayó derrotada en el circuito 3 de Guárico por 264 votos y solo 0,3 puntos porcentuales de diferencia.
Al decir por la prórroga se refiere a la extensión del horario de votación que anunció la vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, a las 6:00 de la tarde del día de la elección. Gracias a esa decisión el chavismo tuvo una hora más para movilizar electores, ventaja que, si se toman por válidas las denuncias que ha hecho la oposición en Guárico, se tradujo en por lo menos dos diputados más para el bloque oficialista.
“A esa hora nuestros testigos empezaron a ser amedrentados fuertemente. En los lugares más poblados logramos cerrar los centros, pero en los apartados fue mucho más difícil. Nuestra gente era poca y estaba en franca minoría en sitios típicamente chavistas”, comenta Camaripano.
Esta situación se ha hecho frecuente en los procesos electorales desde el 7 de octubre de 2012. La MUD y otras organizaciones de oposición se prepararon para contrarrestarla el 6 de diciembre y en muchos lugares evitaron la suma de votos a última hora, pero en estados históricamente muy chavistas, como Guárico, detener todo el embate no fue posible.
Al equipo de campaña de la candidata opositora le quedaron serias dudas sobre los resultados finales de 13 de los 109 centros de votación del circuito 3. En esos lugares, Roger Cordero, el postulado del PSUV, ganó por 1.524 sufragios, casi 6 veces la diferencia total que hubo en toda la circunscripción. El pasado 11 de enero, Camaripano impugnó esas mesas ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Una historia similar ocurrió en el circuito 2 de la misma entidad, donde la opositora Rummy Olivo cayó por 4.105 votos contra el peseuvista Juan Marín. La postulada de la MUD introdujo otro recurso poniendo en duda el resultado de 56 mesas.
Esos son 2 de los 11 recursos que han sido introducidos en la Sala Electoral del TSJ contra los resultados de las últimas elecciones parlamentarias. Fueron impugnados 14 circuitos y 2 entidades, lo que pone en duda las victorias de 20 diputados, 12% del total de la Asamblea. 17 son opositores y 3 oficialistas.
Ocho de las acciones legales fueron activadas por el PSUV, que cuestiona los triunfos de 10 legisladores opositores sin ni siquiera sugerir en cuáles mesas se originaron las trampas en su contra y valiéndose de fenómenos que perjudicaron a ambos bloques, como los votos nulos.
Los documentos citan distintas anomalías y acusan a diferentes actores. Todos coinciden en que la voluntad de los votantes no quedó registrada fielmente, por lo que el proceso debe repetirse parcial o totalmente en determinados lugares.
“Lo que estamos viendo es una situación provocada por el Tribunal, que después de admitir las primeras peticiones del chavismo dejó la puerta abierta para que lloviera toda una serie de recursos. Se está creando una jurisprudencia peligrosa de que por cualquier cosa se puede activar un procedimiento jurídico para desconocer una elección”, alerta Aníbal Sánchez, consultor político y miembro de la MUD.
El último caso llegó el miércoles pasado, incluso luego de que venciera el lapso legal de 15 días hábiles para impugnar.
El secretario general de Podemos, un partido del Polo Patriótico, cuestionó ante el TSJ los resultados electorales en Caracas, donde se escogieron 7 diputados nominales. El argumento de su denuncia pareció más emocional que otra cosa: “Es inconcebible que ellos ganaran en el 23 de Enero, en Catia. (…) Son chavistas e históricamente triunfamos en esos escenarios”.
Respuesta judicial
El TSJ admitió ya 7 de los 11 recursos introducidos, todos ellos oficialistas y aprobados en medio del receso decembrino. El resto de las solicitudes todavía no han sido respondidas.
Esta semana el CNE envío al Poder Judicial un informe sobre el caso de Amazonas. Se espera que en los próximos días entregue la información de los otros lugares con impugnaciones admitidas.
Una vez completo este proceso se debe notificar a las partes y comienza un lapso probatorio de 5 días. Se conceden 10 más para la evacuación de pruebas y uno para la presentación de informes orales. Después la Sala tiene 15 días para tomar una decisión.
Lo que ocurra en ese lapso puede cambiar profundamente el perfil de la nueva Asamblea y reducir el poder de la oposición, lo cual parece ya haber sucedido en la práctica debido a que el quórum de funcionamiento del Parlamento se ha mantenido en 167 diputados aunque los 4 de Amazonas no estén participando, lo que deja a la oposición sin la mayoría de dos tercios y también a 178.000 ciudadanos que viven en ese estado sin representación en las decisiones que tome el Poder Legislativo.
Si la MUD llegara a perder alguno de sus curules impugnados en una eventual repetición de elecciones, la situación transitoria actual se hará permanente y quedará sin facultad para reformar la Constitución o remover magistrados del TSJ.
Si se admitieran las impugnaciones de Caracas, lo cual no debería ocurrir porque fueron extemporáneas, la oposición estaría en peligro de perder también la mayoría calificada de tres quintos en el caso de que 12 de sus 17 diputados cuestionados fueran revertidos.
El juego está en marcha y, como casi todo en los últimos 16 años, luce inclinado hacia el chavismo.
Denuncia opositora
Las dos impugnaciones en Guárico se sustentan en la misma denuncia: ocurrieron casos de sustitución de identidad. Bajo este argumento, las victorias del PSUV supuestamente fueron producto de votos emitidos por electores que sufragaron por otros votantes.
En ambos casos el abogado Antonio Callaos asesoró a las candidatas de la MUD en los recursos introducidos ante el TSJ. “Solicitamos que se repita la elección en las mesas cuestionadas debido a que los votos allí registrados inciden directamente sobre el resultado final de los comicios”, advierte Callaos.
Para que se repita el proceso se tiene que comprobar el delito denunciado, para lo cual las candidatas hicieron distintos requerimientos a la Sala Electoral, entre ellos la realización de pruebas grafotécnicas a los cuadernos de votación para determinar si las huellas y firmas ahí plasmadas corresponden fielmente a sus electores. Esta fue una de las peticiones hechas por Henrique Capriles en su impugnación de las elecciones presidenciales de 2013, la cual fue desestimada.
Entre el 14 y 18 de diciembre se revisaron las huellas de 238 centros y 738 máquinas de votación. El proceso, avalado por técnicos de la MUD, del chavismo y del Poder Electoral, determinó que solo 7 personas votaron 2 veces, una cantidad poco representativa en comparación a la muestra.
Sin embargo, las candidatas de Guárico insisten en su denuncia y piden revisar específicamente las mesas señaladas. Sobre ellas existen algunos indicios numéricos que evidencian comportamientos extraños.
En el caso del circuito 2, donde Diana Camaripano cuestionó 13 mesas en la misma cantidad de centros, 9 de ellas tuvieron niveles de participación considerablemente más altos a la totalidad de la circunscripción. La votación en los espacios cuestionados fue de 74,7% en promedio, 3,1 puntos por encima del porcentaje total de sufragios.
En todas estas mesas el apoyo al candidato del PSUV estuvo más de 10 puntos por encima del porcentaje que sacó en la respectiva parroquia de cada centro. Esto incluso se repitió en los casos de las parroquias Espino y Cabruta, cada una solo con 5 y 6 centros, respectivamente.
Por ejemplo, en Espino, ubicada en el municipio Infante, en el centro cuestionado el PSUV logró 82,5% de sufragios, mientras que en todos los demás quedó con entre 58% y 68%.
Todos los centros cuestionados son de una sola mesa, los lugares en los que históricamente el PSUV ha sacado ventaja porque la vigilancia de la MUD es más débil. En esta ocasión Camaripano admite que perdieron el control de estos lugares luego de la prórroga decretada por el CNE.
“Nos concentramos en los centros más grandes. La mayoría de los cuestionados están en lugares muy alejados donde incluso no hay señal de celular, por lo que cuesta detectar denuncias en tiempo real. Uno se entera de lo que pasó allí después de que pasa”, denuncia la dirigente opositora.
Los centros pequeños en este tipo de lugares aumentaron en estos dos circuitos guariqueños para los comicios parlamentarios de diciembre pasado. En el 2 se crearon 17 y 76,5% está entre los denunciados por Rummy Olivo por irregularidades. Por su parte, en el 1 se habilitaron 10 y 60% es parte de los señalados por Camaripano.
Antes de los comicios del 6 de diciembre se advirtió la creación de 1.012 centros de votación que beneficiaban al chavismo debido a que 984 de ellos eran de 1 o 2 mesas y la mayor parte estaban en lugares claramente favorables para el PSUV.
Más allá de Guárico
Si bien Guárico es el único lugar donde candidatos de la MUD han hecho impugnaciones, las irregularidades que los afectaron no se limitaron a esa entidad.
Transparencia Venezuela publicará en febrero un informe que recopila 401 denuncias de violaciones a la Ley de Procesos Electorales ocurridas el 6 de diciembre: 2 por falla generalizada de Internet, 3 por negación del secreto del voto, 11 por irregularidades del Plan República, 15 por uso de recursos y bienes públicos, 19 por voto asistido indebido, 26 por demora injustificada en las colas, 50 por intimidación pública, 53 por irregularidades en las mesas, 59 por propaganda indebida, 61 por apertura o cierre tardío de mesas y 83 por irregularidades con las máquinas.
Solo 19 denuncias fueron desestimadas por la ONG, que el día de la votación contó con la observación de 105 personas en 15 estados del país.
Destacan además que hubo hechos violentos, algunos causados por grupos identificados con el chavismo, en Caracas, Carabobo, Lara, Zulia, Barinas y Mérida. En Aragua y Monagas también se reportaron dificultades al momento de cerrar las mesas debido a la prórroga anunciada por la rectora Oblitas.
Pese a esto, dentro de la MUD existe un debate sobre dar importancia pública a estos sucesos o pasarlos por alto debido al menor impacto que tuvieron en esta ocasión gracias al trabajo de los equipos de testigos en la mayor parte del país.
“Si nosotros salimos a denunciar todo lo ocurrido se corre el riesgo de entrar en el juego del PSUV y que se legitimen los reclamos que ellos han venido haciendo para intentar cambiar los resultados. Por eso la MUD ha mantenido cierta distancia con respecto a las impugnaciones en Guárico”, comenta un miembro del equipo opositor que prefirió declarar en condición de anonimato.
Reclamos chavistas
Los alegatos de los candidatos oficialistas en contra de las elecciones del 6 de diciembre tienen dos vertientes: irregularidades en Amazonas por supuesta compra de sufragios y la alta cantidad de votos nulos.
En ninguno de los casos se señalan centros específicos. Las denuncias son generales y abogan por una repetición total de la votación en los sitios cuestionados.
“Todos los recursos presentados por el PSUV son muy vagos y genéricos. Para lograr repetir una elección se tienen que presentar pruebas, no se puede simplemente dar validez a los argumentos de la parte impugnada”, advierte el abogado Luis Salamanca, que entre 2006 y 2009 fue rector incorporado del CNE.
En el caso de Amazonas, Salamanca considera que solo existe una forma de comprobar que hubo compra de votos y coacción de los electores: “Aquellos involucrados en la transacción tendrían que confesar su participación”.
Como debe probarse que el fraude impactó en el resultado, el chavismo tendría que conseguir la confesión de más de 2.000 personas, pues la diferencia entre la MUD y el PSUV fue de 2.124 sufragios. Si eso no ocurre, no existirían razones reales para la repetición del proceso.
Hasta ahora la denuncia del oficialismo se ha apoyado en una grabación telefónica hecha a Victoria Franchi, identificada como secretaria de gobierno de Amazonas aunque el gobernador de ese estado niega que la funcionaria ocupe ese cargo. En el audio, obtenido sin permiso judicial y difundido en medios por el alcalde Jorge Rodríguez, se escucha a Franchi hablando sobre pagar por votos a favor de la oposición, de lo cual no hay pruebas posteriores de que terminara ocurriendo.
En el caso de los votos nulos, los seis recursos del chavismo que alegan esta situación son incluso más difíciles de comprobar.
“Reconstruir la verdadera voluntad que querían expresar los votantes que sufragaron nulo es prácticamente imposible. Lo único que pudieran hacer es demostrar que el CNE convirtió votos chavistas en nulos, pero ahí estarían acusando al Poder Electoral directamente”, sostiene Salamanca.
Smartmatic, empresa que provee al CNE de todas las máquinas de votación, descarta totalmente la posibilidad de que alguna de las opciones de sufragio sea más propensa a quedar como nula.
“La boleta electrónica que se utiliza en Venezuela desde 2004 es una membrana sensible al tacto que muestra las diferentes opciones para el elector, quien solo debe presionar sobre el candidato de su preferencia y validar en la pantalla que su selección se haya registrado correctamente. Todas las opciones están sobre la misma membrana, y no hay manera de que una opción tenga más sensibilidad que otra opción”, indicaron técnicos de la compañía al ser interrogados sobre la materia.
Alegaron que representantes chavistas y opositores participaron en cuatro procesos de prueba anteriores a la elección en los que comprobaron el correcto funcionamiento de la boleta.
Existen también indicios numéricos de que la situación de los votos nulos perjudicó tanto al chavismo como a la MUD. Por ejemplo, en 33 circuitos los sufragios inválidos fueron mayores a la diferencia entre las 2 opciones políticas principales. En 17 de esos casos ganó la oposición y en 16 el oficialismo, casi igual.
En el circuito 3 de Aragua los votos nulos fueron 15.992, esto es 195 veces la diferencia de 82 votos por la que el PSUV perdió la elección. Sin embargo, en el 3 de Guárico el número de inválidos fue de 7.562, más de 28 veces la cantidad por la cual perdió la MUD: 264.
El chavismo optó por impugnar todas las circunscripciones en las que perdió por una diferencia por lo menos tres veces menor que los votos nulos. Si la MUD aplicara el mismo criterio, tendría que haber introducido recursos por tres circuitos más: el 1 de Guárico, el 4 de Carabobo y el 2 de Lara.
Es primera vez en más de una década que el chavismo impugna unos resultados electorales. Lo hizo después de aceptar la derrota el 7 de diciembre y de no emitir ninguna queja durante los procedimientos previos de verificación.
“La acción chavista retardada y su razón para impugnar es bastante clara: lanzan ataques en varios frentes para intentar quitarle la mayoría de los dos tercios a la oposición. En la medida de que la base de sustentación del chavismo se debilita, surgen maniobras de este tipo para reducir la victoria del adversario”, alerta Salamanca.
Las irregularidades previas al 6-D
Las denuncias sobre el proceso electoral del 6 de diciembre no se limitaron al día de la votación. Antes de esa fecha se acumularon tantas acusaciones de abuso por parte del partido de gobierno que algunas ONG y expertos como Luis Salamanca llegaron a calificar el proceso como uno de los más injustos de las últimas décadas.
En el informe que preparan sobre los comicios, Transparencia Venezuela indica que antes del inicio de la campaña recibieron 242 denuncias sobre candidatos oficialistas utilizando recursos públicos en su beneficio. De igual forma, páginas web y cuentas de Twitter oficiales de organismos del Estado llamaron a votar por determinados aspirantes al Parlamento, asegura la ONG.
El presidente Nicolás Maduro estuvo en el centro de este abuso de poder. Desde que comenzó la campaña, el 13 de noviembre, hizo 25 actos en los que apoyó directamente a los candidatos de su partido en lugares específicos, la mayoría de ellos clave para el resultado final de la elección debido a que mostraban una votación histórica reñida, indican datos de El Nacional.
Por ejemplo, se dejó acompañar por postulados al entregar apartamentos de la Misión Vivienda y al inaugurar obras importantes. Esos eventos se concentraron en 18 circunscripciones distintas, pero la jugada les salió mal porque el chavismo terminó perdiendo en 14.
Los medios de comunicación del Estado también tuvieron un importante desbalance informativo durante su cobertura de la campaña, beneficiando de manera importante a los abanderados del PSUV.
Semanalmente, Transparencia Venezuela entregó al CNE un reporte con las denuncias de abuso que recibió, pero el Poder Electoral nunca dio respuesta.
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