20-11-2015
CÉSAR BÁTIZ
El multimillonario esquema Ponzi de Francisco Illaramendi fue objeto de un proceso judicial en Estados Unidos desde 2011. Su amigo, socio y compañero de estudios salió liso y ahora es empresario de energía en Argentina. Es Piero Montelli.
En 49 páginas presentadas ante una corte en Estados Unidos en julio de 2013, el retrato que dibujan de Piero Montelli es el de un sujeto con múltiples artimañas. Recibió transferencias de un esquema fraudulento, ayudó en su construcción y mantenimiento con la creación de empresas de papel y hasta habría tratado de tapar las trampas con falsificación de documentos.
Cuando la pirámide financiera se desmoronó, Montelli intentó poner a salvo su dinero antes de que las autoridades confiscaran los bienes a su amigo de la infancia y en ese momento socio de negocios, Francisco Illaramendi, presunto cabecilla de la trama.
Pero en diez meses ese retrato se desdibujó en la trastienda de un bufete del Centro Rockefeller de la ciudad de Nueva York.
Y Montelli quedó libre.
El equipo del abogado John J. Carney fue designado por la Corte de Connecticut como el síndico en el caso contra Michael Kenwood Group (MKG), empresa financiera perteneciente a Francisco Illaramendi.
El 5 de mayo de 2014, el equipo desistió del proceso en contra de Piero Enrique Montelli Torres, hasta ese instante señalado como cómplice del fraude perpetrado por el propietario de MKG en contra de al menos unas 70 organizaciones y personas por más de dos mil millones de dólares.
La demanda de Carney solo se mantuvo desde entonces en contra del operador financiero Romeo Mouwad, de origen libanés y nacionalizado venezolano, y su familia.
A través de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas recibieron recursos de los fondos de Illaramendi, previo paso por las manos de Montelli y su casa de corretaje en Caracas, Inverplus.
"Solo 10% de lo que dice la demanda de Carney es cierto", indica Montelli en entrevista telefónica desde Buenos Aires. El contador niega cualquier negociación con el síndico y asegura que no hizo como otros acusados en el caso, que accedieron a abrir fideicomisos a favor del representante de la Fiscalía de Estados Unidos para así evitar ir a prisión mientras se investigaba el fraude.
EL REENCUENTRO
En 2003, en una urbanización de clase media alta en Oripoto, la fiesta era para reunir a los ex compañeros de clase del Colegio Los Arcos, del Opus Dei. Uno de ellos llegó con chofer: Francisco Illaramendi. Pancho, como lo conocían entonces, venezolano, nacionalizado estadounidense, bien conectado en ese momento con las altas esferas, terminaría condenado a más de 13 años de cárcel en Estados Unidos.
Su conexión empezó en el verano de 1999, en una reunión con el presidente Hugo Chávez en Nueva York, como parte de una delegación de expertos financieros que fueron a hablar de la deuda venezolana. Uno de los asistentes a la fiesta, que pide anonimato, dice que muchos se acercaron a Illaramendi, pero otros mantuvieron una civilizada distancia para marcar el escaso agrado a su cercanía con el Gobierno revolucionario. De los más atentos, cuenta, destacó Piero Montelli.
"Creo que se acercaron más desde ese momento y comenzaron a hacer sus negocios. A Montelli le cambió la vida".
"Le perdí la pista a Illaramendi hasta que supe que tenía su fondo y lo contacté e hicimos las transacciones a través de la sociedad de corretaje que manejaba en Caracas (Inverplus)", recuerda Montelli.
EL CAMINO AL ASCENSO
Montelli empezó Ingeniería en la UCAB y se cambió a Contaduría Pública, cuenta un amigo del bachillerato. Antes de graduarse trabajaba en el call center del Banco Provincial y más tarde en la firma Espiñera, Sheldon y Asociados. En los 90 entró al pequeño mercado bursátil caraqueño con Interactivos Servicios Financieros.
Allí trabajó con el experto financiero Alejandro Lara Anzola o Julio César Polanco Fitzgerald, su socio en actualidad en Argentina.
Ya casado con Maribel Aizpun Vásquez, se fue a Canadá tras sufrir un atraco. Regresó a Caracas y en 2003, instalado el control de cambio, tomó parte en los primeros negocios con dólares. "Es verdad que mi vida cambió", responde al preguntársele por su ascenso social. "Hice buenos negocios, como muchos hicieron buenos negocios allá en Venezuela".
LOS COMPINCHES
La cercanía con Illaramendi no sólo fue alrededor de MKG, según los documentos judiciales y registros de empresas en Florida (EEUU). Al parecer, desde abril de 2005, Montelli e Illaramendi trataron de asociarse con Manuel Oliver y Javier Marín, también ex alumnos de Los Arcos, en la junta directiva de Weston International Bakery LLC, propietaria de la franquicia Don Pan en Florida.
También en esa fecha, cuando inicia el fraude, comenzaron las operaciones de Pancho y Montelli en torno a los fondos administrados por el primero. "Para 2005 yo no tenía una casa de corretaje", apunta Montelli, quien insiste en destacar que la demanda del síndico presenta hechos exagerados para tratar de presionar la recuperación de la mayor cantidad de recursos posibles.
Según la información proporcionada por Carney en el escrito presentado en la Corte del Distrito de Connecticut en julio de 2013, en el transcurso del fraude Montelli envió correos electrónicos y llamó regularmente a Illaramendi y a otros miembros y empleados de MKG y High View Point Partners, la otra firma de Pancho, "con el fin de negociar y ejecutar las transferencias a su nombre, los demandados y otros, y participa en otros negocios, tratos en nombre de sí mismos y de sus asociados", entre ellos Romeo Mouwad y la esposa e hijos de éste.
Mientras, a los fondos de Illaramendi seguían ingresando recursos.
Como los de un ex compañero de estudios, Antonio Sinopoli, quien le confió 850.000 dólares, o los seis millones de la empresa Vertra, fundada por el ex ministro copeyano de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, amigo de su papá, Ramón Illaramendi, embajador en Estados Unidos durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins. Todos mandaron ese dinero a la espera de un rápido y sustancial retorno.
En diciembre de 2005 la pirámide se tambaleaba con un hueco de más de cinco millones de dólares. En diciembre de 2010 se vino abajo. La más afectada fue Pdvsa, que reclamó un poco más de $560 millones, la mayoría provenientes de los fondos de pensiones de trabajadores y jubilados, administrados por el ex vicepresidente de Finanzas, Eudomario Carruyo, y su cercano colaborador Juan Montes. También se afectó el presidente de Digitel, Oswaldo Cisneros que no reclamó más de $170 millones por su cercana relación con Illaramendi.
En enero de 2011, Illaramendi estaba bajo la mira de la Fiscalía de Estados Unidos y de la Security Exchange Commision (SEC, por sus siglas en inglés; el equivalente a la Comisión Nacional de Valores). Montellí seguía cooperando con su amigo. En marzo de 2011, Illaramendi se declaró culpable.
"Se declaró culpable porque estaba mal asesorado", ha manifestado Ramón Illaramendi, su padre, en otras ocasiones.
Este año, la Corte del Distrito de Connecticut pidió a los abogados de la firma Baker&Hostetler, asistentes del síndico Carney, retirar los documentos del caso Illaramendi o de lo contrario serían destruidos. Illaramendi los solicitó para revisarlos y preparar su apelación. "De pronto allí están las evidencias que comprueban las negociaciones realizadas por Montelli para salirse del caso", comenta la persona allegada al hoy prisionero.
Montelli reitera que no tuvo ninguna negociación y que todo fue un relato exagerado para tratar de recuperar la mayor cantidad de recursos posibles. "Cómo una demanda tan extensa se resuelve en menos de un año".
El redactor de esta nota escribió a dos de los abogados del síndico y al correo de la página de Carney, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta acerca de las razones que llevaron a desestimar, en 10 meses, el caso contra Montelli.
MEJORES AIRES
El proceso contra Montelli lo siguió hasta Argentina, donde migró en 2011. En octubre de 2013, Carney presentó un exhorto en su contra en una Corte Mercantil de Buenos Aires, solicitó información de migración y otros datos. Para ese momento llevaba tres años en el negocio eléctrico argentino.
Entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013 asumió participación como directivo en tres empresas, junto a su esposa Maribel Aizpun de Montelli y su socio Julio César Polanco Fitzgerald. En 2011, acordó con el también venezolano, Miguel Alfredo Mendoza, asociarse para la compra de tres empresas pertenecientes a la norteamericana AES, las distribuidoras Edelap y Edes, más la generadora Central Dique, por un monto estimado en 20 millones.
Montelli y sus socios venezolanos tuvieron nexos con Alejandro Ivanissevich, un empresario argentino con buena entrada al todopoderoso ministro de obras públicas en los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Julio De Vido. Sin embargo, niega cualquier vinculación con los sectores políticos argentinos o venezolanos, si bien reconoce que en Argentina todo cambia muy rápido, aunque quizás no tanto como evolucionó su caso en la Corte de Connecticut, donde pasó de ser un cómplice fundamental en una estructura fraudulenta a una persona libre de juicio o condena.
(*)Hugo Alconada aportó algunos datos para este reportaje desde Buenos Aires, Argentina.
Lea más en armando.info
En 49 páginas presentadas ante una corte en Estados Unidos en julio de 2013, el retrato que dibujan de Piero Montelli es el de un sujeto con múltiples artimañas. Recibió transferencias de un esquema fraudulento, ayudó en su construcción y mantenimiento con la creación de empresas de papel y hasta habría tratado de tapar las trampas con falsificación de documentos.Cuando la pirámide financiera se desmoronó, Montelli intentó poner a salvo su dinero antes de que las autoridades confiscaran los bienes a su amigo de la infancia y en ese momento socio de negocios, Francisco Illaramendi, presunto cabecilla de la trama.
Pero en diez meses ese retrato se desdibujó en la trastienda de un bufete del Centro Rockefeller de la ciudad de Nueva York.
Y Montelli quedó libre.
El equipo del abogado John J. Carney fue designado por la Corte de Connecticut como el síndico en el caso contra Michael Kenwood Group (MKG), empresa financiera perteneciente a Francisco Illaramendi.
El 5 de mayo de 2014, el equipo desistió del proceso en contra de Piero Enrique Montelli Torres, hasta ese instante señalado como cómplice del fraude perpetrado por el propietario de MKG en contra de al menos unas 70 organizaciones y personas por más de dos mil millones de dólares.
La demanda de Carney solo se mantuvo desde entonces en contra del operador financiero Romeo Mouwad, de origen libanés y nacionalizado venezolano, y su familia.
A través de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas recibieron recursos de los fondos de Illaramendi, previo paso por las manos de Montelli y su casa de corretaje en Caracas, Inverplus.
"Solo 10% de lo que dice la demanda de Carney es cierto", indica Montelli en entrevista telefónica desde Buenos Aires. El contador niega cualquier negociación con el síndico y asegura que no hizo como otros acusados en el caso, que accedieron a abrir fideicomisos a favor del representante de la Fiscalía de Estados Unidos para así evitar ir a prisión mientras se investigaba el fraude.
EL REENCUENTRO
En 2003, en una urbanización de clase media alta en Oripoto, la fiesta era para reunir a los ex compañeros de clase del Colegio Los Arcos, del Opus Dei. Uno de ellos llegó con chofer: Francisco Illaramendi. Pancho, como lo conocían entonces, venezolano, nacionalizado estadounidense, bien conectado en ese momento con las altas esferas, terminaría condenado a más de 13 años de cárcel en Estados Unidos.
Su conexión empezó en el verano de 1999, en una reunión con el presidente Hugo Chávez en Nueva York, como parte de una delegación de expertos financieros que fueron a hablar de la deuda venezolana. Uno de los asistentes a la fiesta, que pide anonimato, dice que muchos se acercaron a Illaramendi, pero otros mantuvieron una civilizada distancia para marcar el escaso agrado a su cercanía con el Gobierno revolucionario. De los más atentos, cuenta, destacó Piero Montelli.
"Creo que se acercaron más desde ese momento y comenzaron a hacer sus negocios. A Montelli le cambió la vida".
"Le perdí la pista a Illaramendi hasta que supe que tenía su fondo y lo contacté e hicimos las transacciones a través de la sociedad de corretaje que manejaba en Caracas (Inverplus)", recuerda Montelli.
EL CAMINO AL ASCENSO
Montelli empezó Ingeniería en la UCAB y se cambió a Contaduría Pública, cuenta un amigo del bachillerato. Antes de graduarse trabajaba en el call center del Banco Provincial y más tarde en la firma Espiñera, Sheldon y Asociados. En los 90 entró al pequeño mercado bursátil caraqueño con Interactivos Servicios Financieros.
Allí trabajó con el experto financiero Alejandro Lara Anzola o Julio César Polanco Fitzgerald, su socio en actualidad en Argentina.
Ya casado con Maribel Aizpun Vásquez, se fue a Canadá tras sufrir un atraco. Regresó a Caracas y en 2003, instalado el control de cambio, tomó parte en los primeros negocios con dólares. "Es verdad que mi vida cambió", responde al preguntársele por su ascenso social. "Hice buenos negocios, como muchos hicieron buenos negocios allá en Venezuela".
LOS COMPINCHES
La cercanía con Illaramendi no sólo fue alrededor de MKG, según los documentos judiciales y registros de empresas en Florida (EEUU). Al parecer, desde abril de 2005, Montelli e Illaramendi trataron de asociarse con Manuel Oliver y Javier Marín, también ex alumnos de Los Arcos, en la junta directiva de Weston International Bakery LLC, propietaria de la franquicia Don Pan en Florida.
También en esa fecha, cuando inicia el fraude, comenzaron las operaciones de Pancho y Montelli en torno a los fondos administrados por el primero. "Para 2005 yo no tenía una casa de corretaje", apunta Montelli, quien insiste en destacar que la demanda del síndico presenta hechos exagerados para tratar de presionar la recuperación de la mayor cantidad de recursos posibles.
Según la información proporcionada por Carney en el escrito presentado en la Corte del Distrito de Connecticut en julio de 2013, en el transcurso del fraude Montelli envió correos electrónicos y llamó regularmente a Illaramendi y a otros miembros y empleados de MKG y High View Point Partners, la otra firma de Pancho, "con el fin de negociar y ejecutar las transferencias a su nombre, los demandados y otros, y participa en otros negocios, tratos en nombre de sí mismos y de sus asociados", entre ellos Romeo Mouwad y la esposa e hijos de éste.
Mientras, a los fondos de Illaramendi seguían ingresando recursos.
Como los de un ex compañero de estudios, Antonio Sinopoli, quien le confió 850.000 dólares, o los seis millones de la empresa Vertra, fundada por el ex ministro copeyano de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, amigo de su papá, Ramón Illaramendi, embajador en Estados Unidos durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins. Todos mandaron ese dinero a la espera de un rápido y sustancial retorno.
En diciembre de 2005 la pirámide se tambaleaba con un hueco de más de cinco millones de dólares. En diciembre de 2010 se vino abajo. La más afectada fue Pdvsa, que reclamó un poco más de $560 millones, la mayoría provenientes de los fondos de pensiones de trabajadores y jubilados, administrados por el ex vicepresidente de Finanzas, Eudomario Carruyo, y su cercano colaborador Juan Montes. También se afectó el presidente de Digitel, Oswaldo Cisneros que no reclamó más de $170 millones por su cercana relación con Illaramendi.
En enero de 2011, Illaramendi estaba bajo la mira de la Fiscalía de Estados Unidos y de la Security Exchange Commision (SEC, por sus siglas en inglés; el equivalente a la Comisión Nacional de Valores). Montellí seguía cooperando con su amigo. En marzo de 2011, Illaramendi se declaró culpable.
"Se declaró culpable porque estaba mal asesorado", ha manifestado Ramón Illaramendi, su padre, en otras ocasiones.
Este año, la Corte del Distrito de Connecticut pidió a los abogados de la firma Baker&Hostetler, asistentes del síndico Carney, retirar los documentos del caso Illaramendi o de lo contrario serían destruidos. Illaramendi los solicitó para revisarlos y preparar su apelación. "De pronto allí están las evidencias que comprueban las negociaciones realizadas por Montelli para salirse del caso", comenta la persona allegada al hoy prisionero.
Montelli reitera que no tuvo ninguna negociación y que todo fue un relato exagerado para tratar de recuperar la mayor cantidad de recursos posibles. "Cómo una demanda tan extensa se resuelve en menos de un año".
El redactor de esta nota escribió a dos de los abogados del síndico y al correo de la página de Carney, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta acerca de las razones que llevaron a desestimar, en 10 meses, el caso contra Montelli.
MEJORES AIRES
El proceso contra Montelli lo siguió hasta Argentina, donde migró en 2011. En octubre de 2013, Carney presentó un exhorto en su contra en una Corte Mercantil de Buenos Aires, solicitó información de migración y otros datos. Para ese momento llevaba tres años en el negocio eléctrico argentino.
Entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013 asumió participación como directivo en tres empresas, junto a su esposa Maribel Aizpun de Montelli y su socio Julio César Polanco Fitzgerald. En 2011, acordó con el también venezolano, Miguel Alfredo Mendoza, asociarse para la compra de tres empresas pertenecientes a la norteamericana AES, las distribuidoras Edelap y Edes, más la generadora Central Dique, por un monto estimado en 20 millones.
Montelli y sus socios venezolanos tuvieron nexos con Alejandro Ivanissevich, un empresario argentino con buena entrada al todopoderoso ministro de obras públicas en los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Julio De Vido. Sin embargo, niega cualquier vinculación con los sectores políticos argentinos o venezolanos, si bien reconoce que en Argentina todo cambia muy rápido, aunque quizás no tanto como evolucionó su caso en la Corte de Connecticut, donde pasó de ser un cómplice fundamental en una estructura fraudulenta a una persona libre de juicio o condena.
(*)Hugo Alconada aportó algunos datos para este reportaje desde Buenos Aires, Argentina.
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