En el área metropolitana hay más de 800 inmuebles que deben ser protegidos entre casas, edificios, quintas y villas
SAYEN HERRERA / El Nacional
iherrera@el-nacional.com
23 de agosto 2015 - 12:01 am
Los Bloques de El Silencio fueron declarados Bien de Interés Cultural de la Nación en 1999. El hito urbano de Caracas de siete bloques, diseñado por Carlos Raúl Villanueva en 1942, solo es valioso para la nación en una de sus mitades, la que está a simple vista. El bloque 1 fue pintado de color mostaza en 2005 solo en la parte frontal para que desde la Plaza O¹Leary hubiese una buena vista, pero por detrás quedó del color arena con el que fue remozado en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años setenta. ³Por delante tenemos el color amarillo que colocó el gobierno chavista y por detrás el blanco adeco², dice un vecino, mientras observa los parches de cemento para tapar las filtraciones de las paredes, los ladrillos, ventanas con rejas diferentes y antenas de televisión por suscripción.
El deterioro de las fachadas de edificios y casas residenciales, de las 806 que fueron censadas por el Instituto de Patrimonio Cultural hasta 2009, se evidencia en cada municipio del área metropolitana. En Sabana Grande, están los edificios María Auxiliadora y Taladro, de arquitectura moderna, construidos en 1940. En San Bernardino, en el edificio Libertador, también de diseño moderno de 1960, sus vecinos luchan por construir una reja que los salvaguarde de la inseguridad, pero necesitan un permiso del IPC, aunque también requieren fondos para preservar la infraestructura. En Chacao, los muros que resguardan la Quinta La Guaica no permiten apreciar el diseño de Villanueva, y su fachada está corroída.
Hannia Gómez, directora de la Fundación de la Memoria Urbana, explica que solo los vecinos de cada propiedad privada declarada patrimonio son los que deben velar por su mantenimiento, pero al momento de hacer alguna intervención deben solicitar permisos al IPC. Entre las propuestas de esta fundación está bajar los impuestos de derecho de frente de estas propiedades para que sus propietarios tengan un fondo para invertir en la conservación.
Gómez destaca que la deuda pendiente de cada municipio es crear una dirección para asesorar a los habitantes que viven en estas casas y a su vez descentralizar el trámite burocrático del IPC.
El IPC solo cuenta con 140 trabajadores en el ámbito nacional y sus oficinas solo son dos ubicadas en la ciudad de Coro, estado Falcón, y en Caracas, en Caño Amarillo. Para inspeccionar cada una de estas edificaciones tienen a una persona asignada en cada estado y no tienen sede. Sin embargo, las decisiones de proyectos de remozamiento o remodelación se aprueban en Caracas. El ente no tiene fondos para remozar, solo es un órgano rector y tramitador de sanciones.
La Caracas perdida. La Fundación de la Memoria Urbana ha contabilizado 61 edificaciones demolidas hasta 2013 que se consideran de interés histórico, entre las cuales cuentan 7 estructuras que fueron declaradas como protegidas que se tumbaron entre 2009 y 2013.
En Chacao, la Casa de Tejas construida en 1890 se desplomó en 2013. La Quinta El Rosal se demolió en 2013, la Quinta San Luis en 2011, al igual que la Casa Topita de estilo art déco, que solo mantuvo su fachada. La Villa Gladys fue también eliminada en 2009, pese a que tenía una medida de amparo.
En el municipio Libertador dos empresas eliminaron en 2012 la Quinta MarFinGra, que fue diseñada por Carlos Raúl Villanueva en 1941, y la Quinta Helena, que se construyó en 1932, ambas en El Paraíso. En los dos casos se abrieron procesos administrativos.
Las sanciones, según la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio de 1993, establecen entre 2 y 4 años de prisión o una multa de 5.000 a 10.000 días ³de salario mínimo². Se contactó al IPC pero allí no dieron declaraciones sobre cuántos procesos administrativos hay abiertos.
Intentan descentralizar. En el municipio El Hatillo se trabaja en una reforma de la ordenanza de Conservación del Patrimonio de 2007 para regular y unificar criterios urbanísticos del casco histórico. Se creó la Junta Patrimonial que, junto con la Dirección de Catastro, pretende descentralizar estas decisiones de intervención y preservación de estas estructuras, aunque por la ley el IPC centraliza hasta ahora estas decisiones.
En Sucre existe la Fundación José Ángel Lamas, presidida por Bertha Aguirre, que se dedica también a conservar el casco histórico y asesorar en materia de intervenciones, y en Libertador estas intervenciones las tiene Fundapatrimonio, que tiene un fondo para recuperar estos espacios. En Chacao, Gladys Rodríguez, directora del departamento de Gestión Urbana, informó que la jurisdicción solo se dedica a remozar edificios de interés histórico y aquellos en que sus vecinos no pueden costear su mantenimiento, pero los que son protegidos por el IPC no pueden intervenirlos sin permiso.
Mientras que en Baruta el Instituto de Arte y Cultura se encarga de estas fiscalizaciones.
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