Katherine Haringhton, recien nombrada viceministra por Maduro, se destacó por acusar a opositores desde el Ministerio Público. Tuvo 21 años trabajando en la Fiscalía
JUAN PABLO AROCHA
Las cualidades de Haringhton para el nuevo cargo en el Gabinete Ejecutivo, sin embargo, van más allá. Su labor como fiscal ha sido destacada, justo en aquellos casos vinculados con la persecución a dirigentes opositores.
El último expediente que cayó en manos de Haringhton, de 43 años de edad, fue el del alcalde metropolitano Antonio Ledezma: promovió su acusación por conspiración. Lo mismo había hecho antes con la exdiputada María Corina Machado, el exgobernador Henrique Salas Römer y el abogado Gustavo Tarre.
En los últimos años, esta fiscal provisoria –que nunca ha conseguido la titularidad del cargo pese a sus 21 años de trabajo en el MP– también ha tenido responsabilidad en la detención de Juan Rodrigo Diamante, de la ONG Sin Mordaza, acusado de financiar las guarimbas; y a la hermana de la activista Rocío San Miguel, la doctora Ana María Abreu de San Miguel, de quien se dijo “revelaba secretos vinculados a la seguridad del Estado” gracias a su puesto en el servicio médico de la Presidencia de la República.
Desconocida
Maduro había dicho el pasado 9 de marzo, cuando presentó en un acto su respaldo a los siete funcionarios sancionados, que nunca había tenido relación con Haringhton: “No la conocía, primera vez que la veo. Por ser fiscal del Ministerio Público, por llevar casos delicados para la paz del país, donde están involucrados algunos de estos agentes del Gobierno de Estados Unidos que hacen vida en el país, ha sido amenazada. Y se ha pretendido sancionarla. Le doy todo mi apoyo y amor”.
Graduada como abogada en la Universidad Central de Venezuela, Haringhton fue calificada como “valiente” por parte de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. “Los poderosos del norte no quieren que Katherine trabaje (...), hay que estar pendiente de ella y de su familia para expresarles solidaridad”, dijo.
Despacho de sancionados
El propio Maduro dijo la noche del martes que el nombramiento de Haringhton tiene que ver con su interés de convertir el Ministerio de Interior y Justicia, en el “ministerio de los sancionados”. El jefe de este despacho es Gustavo González López, otro que perdió la visa a causa del decreto de Barack Obama. “Este es el ministerio de la dignidad para demostrarle al mundo que aquí están profesionales venezolanos, padres, madres de familia, gente que asume la patria como una pasión".
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@JPArocha
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