Para el abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez la resolución 8610, más la creación de los cuerpos de contrainteligencia en manos militares bajo de la dependencia directa del Presidente, podría generar una ola creciente de represión.
“Cuando uno oye al presidente solicitando una nueva ley habilitante y mencionando entre otras cosas de la necesidad de la defensa ante los enemigos externos, pero también internos, es gravísimo y acrecienta la preocupación”.
–¿En qué situación se encuentra el Derecho Penal en Venezuela?
–Realmente preocupante porque los procesos penales se inician al margen de la Constitución, del Código Orgánico Procesal Penal, del Código Penal; muchos procesos penales contra disidentes, contra sujetos considerados como peligrosos, la tesis de la peligrosidad que en definitiva es la tesis de la Ley contra Vagos y Maleantes que se declaró nula en 1984 la hemos vuelto a poner en vigencia con procedimientos absolutamente reprochables y repudiables. Los procesos penales se están iniciando por una llamada anónima de alguien que se encubre bajo el nombre de Patriota Cooperante, sapos, como decimos en criollo. Esto da inicio a un procedimiento penal que acarrea un allanamiento sin orden judicial fundada, sin orden judicial de detención y sin flagrancia y se le conduce a una cárcel sin pruebas ni elementos de convicción
–¿Qué es el Derecho Penal del enemigo?
–Es una corriente dentro del Derecho Penal que señala que los destinatarios de las normas penales, de los procesos penales no son quienes han cometido un hecho que puede ser catalogado como punible, sino personas que se consideran peligrosas para la estabilidad del sistema y por ser peligrosos, no por lo que han hecho sino por lo que son, deben ser sancionados y perseguidos por la justicia. Este sistema lo tiene el Código Penal de Cuba donde se hace referencia a la peligrosidad de aquellas personas que no ajustan su conducta a los postulados de la ética socialista y contempla medidas de seguridad que pueden conducir al internamiento, aparte de tipos delictivos que se sancionan con prisión, como propaganda que interpreta el régimen contra el gobierno, y nosotros estamos metidos dentro de esto.
–¿Enmarcaría las declaraciones del embajador Roy Chaderton dentro de algún artículo del Código Penal?
–No entraría en calificaciones de tipo jurídico porque me parece que el Derecho como que se queda muy corto para ver si lo que dijo puede tener alguna relevancia en el campo de lo penal. Yo me voy a lo ético, esas declaraciones son acreedoras del más severo reproche moral porque se trata de expresiones que están dirigidas, que afectan la dignidad de la persona humana, que disminuyen, que degradan al ser humano. Si lo referimos estrictamente al derecho penal, al delito, nos podríamos remontar al positivismo, a Cesare Lombroso, fundamentalmente, cuya tesis era la de la existencia de un delincuente nato. Es extremadamente grave que en Venezuela hayamos llegado a calificar a los disidentes como delincuentes y en consecuencia serían verdaderos criminales natos, con una deformación y estructura cerebral distinta. Que esto lo exprese alguien como Roy Chaderton que conoce de todas estas cosas y que lo diga en la tranquilidad de un estudio de televisión es algo que merece no una calificación penal sino el más severo reproche moral por parte de toda la colectividad. Es algo que nos debe hacer reflexionar porque hemos llegado a un estado de cosas intolerable en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos donde el principio fundamental es la dignidad del ser humano.
–¿La justicia penal está cumpliendo su cometido?
–Yo diría que no, que en lugar de estar utilizándose para investigar, hacerle seguimiento a los delincuentes, se utiliza para perseguir y para sancionar a los disidentes, el delito es la disidencia, en tanto que la delincuencia común cada vez más cruda y más violenta sigue nadando en la ola de la impunidad. Sólo se puede seguir un procedimiento penal por hechos que estén contemplados en la ley que es el principio de legalidad. Pensar, intenciones, opiniones, acuerdos publicados a través de la prensa, no son constitutivos de delitos en un Estado social democrático y de derecho, de respeto a las libertades donde cabe la posibilidad de expresar opiniones, nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, los pensamientos no delinquen.
–¿Qué otra cosa lo preocupa como abogado penalista?
–La resolución 8610, más la creación de estos cuerpos de contrainteligencia en manos militares bajo de la dependencia directa de la presidencia de la república. Estamos ante una ola creciente de represión y cuando uno oye al presidente solicitando una nueva ley habilitante y mencionando entre otras cosas de la necesidad de la defensa ante los enemigos externos, pero también internos, es gravísimo y acrecienta la preocupación porque con esto podría consolidarse toda una normativa por decreto que afecte directamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, con mayores restricciones, con carta blanca para la utilización del aparato represivo del Estado.
–¿Esa resolución tiene que ser anulada?
–Esa resolución tiene que ser anulada porque si las armas de fuego están prohibidas en las manifestaciones no puede reglamentarse el uso de lo que está prohibido y es inaceptable que esto se haga en este momento y por parte de las Fuerzas Armadas que no tienen que ver nada con la materia de seguridad encomendada a la autoridad civil y para reglamentar lo que no puede ser reglamentado.
–¿Qué debemos hacer?
–Seguir abogando por el funcionamiento adecuado de las instituciones y hacerle un llamado como ciudadano, como profesor universitario, al margen de la diatriba política a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo que son garantes de la legalidad para que intervengan en lo que está ocurriendo en la justicia penal venezolana, aunque sean estos personajes que conocemos.
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