Para la diputada al Parlatino y vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano la resolución que legaliza el uso de armas de fuego en cualquier reunión o manifestación pública es de suma gravedad y no puede pasar desapercibido
ESPERANZA MÁRQUEZ
La también directora de la comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad responde a quienes cuestionan la “poca actividad de la MUD” que la Unidad desarrolla un trabajo que está "detrás de las cámaras" y que hace todos los días. “Una de las razones por las cuales no se ve es porque cada vez son los medios con libertad para difundir nuestro trabajo”.
–La gente se queja de que la MUD no denuncia lo que está pasando...
–Hay gente siente que existe la Unidad cuando ve una rueda de prensa con su logo atrás. Es lógico, es una falla nuestra y no del ciudadano, porque quizá no hemos sabido comunicar que la Unidad somos todos nosotros. Cada vez que mi partido hace algo o cada vez que los partidos de la Mesa hacen algo está actuando la MUD, además, actuamos en conjunto. La mesa tiene una Comisión de Derechos Humanos que yo dirijo y esa comisión trabaja todos los días, no es solamente cuando hay emergencias. Trabaja a diario con abogados en todo el país, atendiendo y asistiendo a los ciudadanos. Igualmente, la Comisión trabaja todos los días el tema electoral porque las elecciones no se montan el día de la elección y trabajamos también en la selección de los candidatos unitarios y trabajamos sobre pronunciamientos como el que acabo de hacer en rueda de prensa en relación a la resolución del Ministerio de la Defensa por el uso de armas de fuego en reuniones o manifestaciones. También en la Mesa trabaja gente del área económica, de Seguridad Ciudadana, de Políticas Públicas, en todos esos temas está hablando la Unidad. Ese es el trabajo que hay "detrás de las cámaras" que hace la Unidad todos los días y que no se ve y una de las razones es que no hay medios, cada vez son menos.
–¿Qué opina de la resolución del Ministerio de Defensa sobre uso de armas contra las manifestantes?
–Esta resolución que legaliza la ejecución en Venezuela por parte del general Padrino López, que autoriza el uso de armas de fuego en cualquier reunión o manifestación pública, es de suma gravedad. Esto no puede pasar desapercibido. La gente tiene que saber que el Gobierno hoy, mientras los venezolanos están haciendo colas para comer encontró una forma nueva para reprimirnos y es utilizando armas de fuego, con la pretensión de silenciarnos. Y aquellos ciudadanos que han estado detenidos porque se atrevieron a manifestar contra el gobierno, como la señora que estuvo presa en Barquisimeto junto a su hijo por haber manifestado frente a una farmacia porque no estaba de acuerdo en tener que hacer cola para buscar medicinas, esa señora hoy ha podido ser objeto de una represión con arma de fuego y miles de ejemplos de personas que han manifestado en contra del gobierno. El artículo 68 de la Constitución, señala: "Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público".
–¿La Unidad va a tomar medidas en contra de esta resolución?
–Este lunes vamos al TSJ no buscando respuesta, ojalá la tengamos, sino que para poder acudir a instancias internacionales a las cuales también vamos a ir. Es obligatorio agotar primero las instancias nacionales. Yo albergo la esperanza, no por ingenua sino porque cuando los barcos se están hundiendo son abandonados, que el Defensor del Pueblo o la señora Fiscal General de la República, quien hasta ahora no ha hecho nada y no ha servido para nada, hagan algo y que se sumen a nuestro recurso y que cuando toque lo admitan, porque debe ser admitido. Que la respuesta de la Fiscalía no sea mandarnos un fiscal para decirnos que en el juicio va defender la posición de Padrino López, porque no creo que haya fiscales en este país que se atrevan a eso. Todo el que defienda esto es un violador de Derechos Humanos y estos delitos no prescriben y pueden ser juzgados aquí o afuera.
–¿La resolución le recuerda al Plan Ávila?
–Mucho, porque es el presidente de la República autorizando, a través del comando operativo, matar gente o salir a la calle con armas de fuego a ver qué pasa. Se me parece peligrosamente al Plan Ávila, un Plan Ávila rojo rojito.
–¿Esta resolución es como una suspensión de garantías?
–Es peor que eso porque la Constitución señala que está hecha para ser aplicada en tiempos de paz y ni siquiera en tiempos de guerra o en tiempos difíciles, cuando está declarado un estado de excepción o de sitio se puede suspender la garantía del derecho a la vida. Con esta resolución se ha suspendido esa garantía. Esto es prácticamente un golpe de Estado. Esto es decirles a los venezolanos que nuestro derecho a la vida está en manos no solamente del hampa sino del primer funcionario de la Fuerza Armada Nacional, que en uso de la resolución 8610, salga a la calle a controlar el orden público.
–¿Qué puede pasar con ese reclamo ante el TSJ?
–No sé qué va a pasar. Es impredecible. Pero quiero apostar a que los funcionarios de la Fuerza Armada no apliquen esta resolución y no es un acto de fe, a menos que la Fuerza Armada esté llena de asesinos y yo no lo creo. Creo que ahí hay gente decente porque los venezolanos no somos asesinos. Yo confío que en la Fuerza Armada haya gente de bien que no va a apoyar esta porquería. Ojalá que Padrino López le tenga un poquito de pudor a la justicia, que la va a haber, porque esto no va a quedar impune.


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