Cesen la represión

Tal Cual

A 26 años del Caracazo, Cofavic pide cese de la violencia gubernamental y recuerda que aún quedan casos pendientes del 27F. Asegura que la resolución 8610 debe ser anulada porque es inconstitucional y violatoria de DDHH. Exige no repetir los errores del pasado con las fuerzas de seguridad que dispararon contra el pueblo

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

A 26 años del Caracazo, Cofavic no sólo reitera su denuncia sobre la impunidad que ha prevalecido en los casos de los sucesos de febrero y marzo de 1989 sino que también solicita el cese de la represión y la violencia en contra de estudiantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y factores políticos.

A criterio de la ONG, es necesario que el Estado venezolano derogue la Resolución 8610 que regula la actuación de la Fuerza Armada Nacional en manifestaciones y actos públicos, pues asegura que esta norma autoriza inconstitucionalmente el uso de armas de fuego para reprimir y además contraría las medidas de restablecimiento del orden compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática.

"La historia de los jóvenes de nuestras fuerzas de seguridad que dispararon hace 26 años contra el pueblo, no puede seguir repitiéndose con los jóvenes policías o militares de hoy reprimiendo a otros jóvenes de nuestro pueblo.

Nuestro país merece que a 26 años del Caracazo no se repita la historia de violencia y de impunidad y esa tarea principalmente está ahora en manos del Gobierno y de las autoridades con competencia en materia de derechos humanos", expresa en el comunicado.

MENOS VIOLENCIA 

Cofavic asegura que el Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, respetando el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas.

Además, apunta que las autoridades deben dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación.

Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos, a criterio de la organización, deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole. La organización asegura que la justicia no puede convertirse en una herramienta de venganza política, porque deja de ser justicia y resulta un potenciador de la violencia y la exclusión.

Por ello, invita al Estado a hacer investigaciones imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas en los últimos meses.

SIN VERDADERA JUSTICIA

Cofavic asegura que pese a que las autoridades manifiesten que se está haciendo justicia por el Caracazo, ha faltado voluntad política para aclarar muchos pendientes.

La ONG rechaza que a la fecha las autoridades no hayan publicado una lista oficial de fallecidos, desaparecidos y heridos, que no se haya establecido una sola condena en contra de los responsables y que tampoco se sepa quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega en contra de humildes viviendas, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas.

Asimismo, la organización manifiesta que a seis años después de la segunda exhumación de los restos de las víctimas que se encontraban en el sector La Peste del Cementerio General del Sur, los familiares del Caracazo carecen de información técnica y precisa de los resultados de este proceso de identificación y aún continúan sin poder participar directamente en el mismo.