HRW exige investigar caso Uribana y pide dejar entrar al país a la comisión contra la tortura de la ONU para indagar independientemente. La Relatoría para las Américas exhorta a aclarar muertos de los reclusos. Caros Nieto Palma denuncia que se han dados nuevos traslados que acentúan el hacinamiento en los penales.
KEILYN ITRIAGO MARRUFO
"Miles de internos han muerto en las prisiones venezolanas en los últimos años. ¿Cuántos más deberán morir para que el gobierno de Venezuela aborde de manera efectiva la crisis de su sistema penitenciario?", declaró José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, quien además señaló que en el país la impunidad de las violaciones de los derechos humanos de los presos es la regla.
Vivanco recordó que en enero del año pasado al menos 56 internos y un miembro de la Guardia Nacional murieron durante un enfrentamiento entre integrantes de la Guardia Nacional y presos de la misma cárcel de Uribana, y en noviembre de este 2103 las autoridades aún investigaban el elevado número de enfrentamientos violentos registrados en cárceles en los últimos años, según el Comité contra la Tortura.
"Además de investigar en forma exhaustiva este caso, el gobierno de Venezuela debería aceptar la solicitud pendiente del Relator Especial contra la tortura de la ONU para visitar el país y debería permitirle que tenga acceso pleno para llevar a cabo una investigación independiente sobre las condiciones en los centros penitenciarios del país", señaló Vivanco.
"CASITA DE ORO"
Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, sostiene que es lamentable que este episodio de muertes, que dice ocurrió en circunstancias tan poco claras, se haya dado en "la casita de oro de la ministra Iris Varela", pues manifiesta que este es el penal que la autoridad del despacho penitenciario exhibía como muestra del régimen cerrado aplicado durante su gestión para rescatar el orden y la paz. "Es un modelo nuevo que es una mezcla extraña que sólo se ha visto en China, y donde quieren tratar a los presos como soldados", afirma.
Según las informaciones que le han hecho llegar a Nieto Palma, los reclusos comenzaron la semana pasada una huelga de hambre porque se había suspendido la visita de hombres y de niños y las mujeres sólo podían ir una vez a la semana.
"Los familiares dicen que les echaron veneno en la sopa porque querían salir de ellos porque eran los que protestaban", apunta el activista de derechos humanos. No obstante, de acuerdo con la versión oficial, un grupo de internos supuestamente habría tomado el control del puesto de salud del establecimiento durante la protesta y 145 de ellos se enfermaron tras ingerir alcohol y medicamentos que sustrajeron de la farmacia de la cárcel.
Nieto Palma rechaza que se haya hecho un traslado de aproximadamente 400 reclusos desde Uribana a la Penitenciaria General de Venezuela y 400 más a Tocorón, aún cuando estos dos centros son los que dice tienen el mayor hacinamiento del país.


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